La estrategia de defensa del presidente Petro ante la nutrida ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sustenta la investigación a su campaña ha sido decir que se trata de un “golpe blando” para sacarlo del poder.
El presidente ha acusado a los magistrados de ese organismo de “querer propiciar” ese golpe y en varias de sus salidas de esta semana ha dejado saber lo que piensa sobre que esa institución no tiene la competencia para investigar los hechos mencionados como los posibles orígenes de la financiación de su campaña, por encima de los topes.
Sin embargo, no es la primera vez que el CNE investiga una campaña presidencial. Y el tema no ha suscitado históricamente mayor debate alrededor de esa competencia. El expresidente Álvaro Uribe recordó, por ejemplo, el caso de Juan Manuel Santos. Con el radicado 994-2017, la sala plena de esa corporación adelantó indagación preliminar que terminó con la declaratoria de caducidad contra el entonces candidato Juan Manuel Santos y su gerente de campaña José Roberto Prieto. También fueron investigados Gilberto Contreras, el tesorero, y Araceli Rojas, la auditora de la campaña.
En su momento, la investigación fue adelantada por los magistrados Luis Guillermo Pérez Casas, Rafael Renato Contreras Ortega y Doris Ruth Méndez Cubillos. El expresidente Santos no fue declarado inocente. A cinco días de terminar su periodo, con una votación de 6-2, los togados decidieron archivar la investigación que se adelantaba a la campaña reeleccionista (2014) por el ingreso de dineros de Odebrecht.
La razón no fue la ausencia de responsabilidad de la campaña, sino un detalle jurídico de procedimiento con el cual aseguraron que al caso le había operado ya la caducidad. El Consejo de Estado la ha definido como “un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado”. Es decir que venció el plazo establecido en la ley para interponer la acción ante el CNE. En un principio, la magistrada conservadora Ángela Hernández había sostenido que sí se podía investigar la campaña, pero luego, la mayoría sostuvo la posición contraria.
De hecho, para la fecha, Roberto Prieto, gerente de las dos campañas de Santos, ya había reconocido que unos afiches publicitarios para la campaña habían sido pagados con aportes de la multinacional Odebrecht en 2010, cuando ya sabía que el caso por esa campaña estaba prescrito. También se había revelado que para la campaña de 2014, la multinacional pagó la encuesta de Paddington, materializada en 33 folletos alusivos a la campaña.
Eleuberto Martorelli, quien fue presidente de Odebrecht en Colombia, dijo ante la Procuraduría y la Fiscalía que, a través de Luis Peña, representante de la empresa de publicidad Sancho BBDO, “se pagó un millón de dólares como contribución a la campaña” de Santos, representados en un estudio sobre la situación política de las principales ciudades del país. Todo se trianguló por Panamá bajo la gerencia de Roberto Prieto. Por eso, el 2 de febrero de 2014, la multinacional del soborno firmó un convenio con Sancho BBDO, a través de una empresa panameña, por el millón de dólares.
Pese a que había indicios graves de que el dinero de Odebrecht había entrado a la campaña, Santos también acusó a la oposición. En un escrito que radicó ante el CNE, el entonces presidente aseguró que todo obedecía a un “montaje fraguado por sus contradictores políticos”, a un “canibalismo mediático producto de la polarización”, y señala estar en “total tranquilidad de conciencia y de espíritu”. Añadió que no tenía “nada de qué defenderse ni ante la justicia ni ante el tribunal de la opinión pública”.
En esa oportunidad, también le archivaron la investigación a Óscar Iván Zuluaga, a quien le señalaban de recibir por la vía de su publicista dinero de Odebrecht.
El CNE investigó años más tarde a Iván Duque, a su gerente Luis Guillermo Echeverri y al Centro Democrático como partido que le dio el aval por cuenta de las denuncias por presunta vulneración de las normas sobre financiación de campañas electorales relacionadas con la campaña presidencial 2018 por cuenta de las declaraciones de Aida Merlano. En ese caso, argumentó que los términos estaban vencidos.