SEMANA: La semana pasada la Corte Interamericana condenó al Estado por el caso de Gustavo Petro por cuenta de un fallo de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez que lo hizo retirar de la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué piensa usted de esa decisión? Fernando Carrillo: El plazo razonable de un año que da la CIDH, otorga a Colombia un periodo de transición para realizar ajustes normativos. Durante ese periodo se mantienen incólumes las competencias de la PGN mientras se ajusta la normatividad. Así lo ha ratificado hace pocas horas de manera general el Consejo de Estado, en el caso de la corrupción en la contratación de Bogota, en una decisión incluso posterior a la sentencia de la CIDH. Porque además la propia Corte Interamericana ha reconocido que en nuestros procedimientos disciplinarios no hay problemas estructurales. Con un debido proceso y garantias avaladas por otros fallos recientes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y normas claras de la Convencion Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción, vamos a continuar esas actuaciones durante esta transición, con la impronta de todas las garantías constitucionales que ha caracterizado nuestra administración en la PGN. Lea el análisis de SEMANA sobre el fallo de Gustavo Petro SEMANA: ¿Solo la justicia penal podrá entonces destituir e inhabilitar a funcionarios electos? F.C.: Con esa tesis colapsaría tambien la más efectiva herramienta de lucha contra la corrupción que es la pérdida de la investidura de los congresistas en cabeza del Consejo de Estado. Esa tesis jamás puede ser aceptada por Colombia porque viola no solo la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción, la jurisprudencia nacional y nos deja inermes frente a actos de corrupcion protagonizados por funcionarios de elección popular. Resultaría irónico que una Corte de DDHH le abra el paso a la impunidad de conductas gravísimas de corrupción, que son el motor de las peores violaciones de DDHH, aún más en esta época de pandemia. Colombia no puede ceder un milímetro en la lucha contra la corrupción creando un fuero de impunidad en favor de las mafias de la corrupción. Sería además una gran contradicción derivada de un fallo que pretende garantizar derechos fundamentales.
La Corte IDH resolvió la demanda de Gustavo Petro. El procurador Fernando Carrillo y el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, criticaron la decisión. Foto: Guillermo Torres-Semana / Juan Carlos Sierra / Esteban Vega La-Rotta SEMANA: ¿Cuántos funcionarios elegidos popularmente usted ha sancionado? F.C.: Hemos sancionado 1.094 entre 2017 y a la fecha, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, ediles y representantes a la Cámara, con decisiones ejecutoriadas que van desde la destitución con inhabilidad general, suspensión e inhabilidad especial, amonestación y multas. Estado dice que destitución de Petro nunca debió llegar a la CIDHPetro en la Corte IDH: Ernesto Samper pide que Ordóñez pague con su renuncia SEMANA: ¿De qué se tratan esos casos? F.C.: La mayoría de los casos son por desviación de recursos públicos, contrataciones indebidas y por arbitrariedades en la función pública. Es de resaltar que las destituciones son el 18,5%. Asimismo, el 50,3% corresponde a sanciones impuestas a Alcaldes y el 46,3% a Concejales. Debe resaltarse que,en la mayoría de los casos, se trata de actos de corrupción calificados como tales por la propia Convención Interamericana de lucha contra la corrupción de 1996. S: ¿Qué puede pasar por ejemplo con el alcalde de Bucaramanga o el alcalde de Cartagena, a quienes usted retiró de la vida política? F.C.: Las decisiones que están en firme no se pueden revocar, si ellas se adoptaron -como en efecto lo hicieron- en el marco constitucional y legal vigente. Los procesos en curso van a continuar con todas las garantías procesales, hasta tanto no se modifique la legislación durante el próximo año, según lo dispuesto por la CIDH. La decisión no es retroactiva e insisto en que el Consejo de Estado ha reiterado en sentencia del 23 de julio de 2020 que “ Mientras que se adoptan los ajustes en el ordenamiento jurídico, la competencia de la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar se mantiene incólume. Ese ha sido un gran espaldarazo a las competencias de la PGN. "Las decisiones que están en firme no se pueden revocar" SEMANA: ¿En los últimos años, cuántos funcionarios cree usted que pueden estar en la misma situación que Petro? F.C.: En la situación del exalcalde no veo a ningún otro funcionario. Este caso se pierde ante la justicia interamericana por situaciones sustanciales y procesales únicas y específicas que no deben repetirse. SEMANA: ¿Cuántos procesos disciplinarios hay en curso en este momento frente a funcionarios elegidos popularmente? F.C.: Actualmente cursan en la Procuraduría 12.255 procesos contra funcionarios elegidos popularmente, así: contra alcaldes, 8.088; concejales, 3.210; gobernadores, 656; diputados, 194; ediles, 48; representantes a la Cámara, 34 y senadores, 25. SEMANA: ¿Cuáles son los principales casos que se investigan en la actualidad? F.C.: Como puede observar son muchos casos, todos relevantes. Muchos de ellos por violación de derechos humanos y corrupción. Muchas conductas son faltas disciplinarias graves y gravísimas muchas de las cuales no tienen connotaciones penales. Por ello, no se puede sostener que la lucha contra la corrupción se restringe al derecho penal. Ello desconoce la gran tradición del derecho disciplinario en Colombia y puede llegar a fomentar la impunidad disciplinaria en el caso de conductas como el acoso sexual, estigmatizacion de líderes sociales, y muchos otros actos de corrupción protagonizados por funcionarios electos ante quienes no podemos quedar en estado de indefensión. "En la situación del exalcalde no veo a ningún otro funcionario" SEMANA: En la crisis de la pandemia, por ejemplo, usted anunció investigaciones contra la casi totalidad de gobernadores y decenas de alcaldes. ¿Estas quedan suspendidas o qué va a pasar? F.C.: Aquí no hay limbo jurídico ni congelamiento o archivo de procesos, hasta tanto no se modifiquen las normas bajo las cuales se toman esas decisiones. El plazo que da la CIDH implica una transición. Con estricta observancia a la jurisprudencia de las Cortes colombianas vamos a continuar esas investigaciones en la transición y respetando nuestras leyes mediante las cuales, por ejemplo, se convirtió en legislación interna la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. De otro modo estaríamos prevaricando. ¿La reelección indefinida es un derecho humano protegido?: Gobierno colombianoGustavo Petro y su familia serán indemnizados por chuzadas del DAS SEMANA: El fallo de Petro abrirá probablemente la puerta a que otros funcionarios condenados le ganen procesos al Estado... F.C.: Es muy poco probable. El caso Petro se anuló por errores que -sostiene la CIDH- cometió la Procuraduría en el pasado. En estos años le hemos demostrado al sistema interamericano que es posible poner en marcha todas las garantías procesales y judiciales activas para evitar casos con nuevas fallas. Se han fortalecido controles internos y no tenemos problema en incorporar nuevas garantías, con la única limitación de no hacerle ninguna concesión al crimen organizado cuyo sistema circulatorio es la corrupción. Lo otro sería un salto al vacío, cuando ha sido la CIDH misma la que ha señalado un periodo para la transición, dentro del cual seguiremos cumpliendo el derecho interno sin abusos y sin excesos. SEMANA: ¿Se ha calculado cuánto podría costarle eso al Estado? F.C.: La condena al Estado de Colombia en el caso Petro es de 32.981 dólares equivalente en pesos colombianos a 125 millones. SEMANA: ¿Usted qué piensa de la petición que han hecho algunos sectores de que Ordóñez deje la embajada en la OEA por cuenta de este fallo de la Corte IDH? F.C.: No me corresponde referirme a un asunto que es de la esfera absoluta del Gobierno y del Presidente de la Republica en el manejo de las relaciones internacionales. SEMANA: Otras voces han pedido que el monto económico de la condena la pague él, en calidad de haber sido la persona que falló en su contra. ¿Qué piensa? F.C.: En Colombia ello se definirá a futuro en una eventual acción de repetición, que en caso de presentarse, si se cumplen las condiciones para ello, conocería la jurisdicción de lo contencioso administrativo. SEMANA: Paloma Valencia aseguró que el precedente de Petro se puede aplicar a Álvaro Uribe. ¿Está de acuerdo con ella? F.C.: Todos los servidores del Estado que consideren que hubo una violación de sus garantías pueden acudir al sistema interamericano. SEMANA: ¿Usted va a liderar la reforma al derecho interno que pide la Corte IDH? ¿Qué hay que tener en cuenta en este proceso? F.C.: Hay que plantear una estrategia de Estado de cumplimiento, previa solicitud de interpretación, aclaración y consulta a la CIDH en relación con algunos aspectos confusos del contenido del fallo. Hay asuntos que necesitan ser clarificados y para ello estaremos trabajando con la Contraloría, la Agencia de Defensa del Estado y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Un ejemplo es la ausencia de reconocimiento del carácter autónomo -no administrativo- que hoy tienen los órganos de control en la arquitectura constitucional de Colombia, que es protuberante en la sentencia. Hay que liderar una estrategia interna e internacional cuya esencia es defender la institucionalidad colombiana en la lucha contra la corrupción, cuya especificidad debe ser respetada. SEMANA: ¿Por qué si existía en la Corte IDH un precedente tan claro como el de la sentencia de Leopoldo López versus Venezuela, no se había pensando antes en hacer una reforma al régimen disciplinario? F.C.: Ese precedente no era para nada aplicable al caso colombiano. Colombia a diferencia de Venezuela, había ejercido los controles judiciales internos, al punto de que nuestro Consejo de Estado en 2017 había anulado la destitución del exalcalde Petro. Es decir había funcionado el sistema de pesos y contrapesos y la propia justicia colombiana había echado para atrás esa medida disciplinaria por considerarla extrema. Esa demanda era innecesaria pues Petro ya había sido reparado incluso económicamente en 56 millones por la Procuraduría. SEMANA: De manera muy temprana, la semana próxima se va a elegir al funcionario, muy seguramente la funcionaria, que lo reemplazará en el cargo. ¿Qué piensa usted de que la entidad quede muy probablemente en manos de alguien tan cercano al presidente? F.C.: Es una terna de profesionales calificada. Esperemos que se elija a la mejor persona para llevar las riendas de una entidad que cumple 190 años y es baluarte de la moralidad pública. A la persona electa la apoyaremos en el empalme con todo nuestro compromiso. El gran desafío de la cabeza del Ministerio Público es mostrar en cada acto y decisión una gran ecuanimidad, equilibrio e independencia frente al Poder Ejecutivo, como lo establecimos en la Constitución de 1991. La PGN no puede ser el coto de caza de la politiquería, el instrumento de venganzas políticas o del trueque de favores. Tampoco un ente inocuo que se dedique a hacer recomendaciones insulsas de administración pública, sin autoridad disciplinaria. Vea la entrevista de Gustavo Petro con María Jimena Duzán
SEMANA: ¿Le genera alguna molestia el hecho de que exista un procurador designado cinco meses antes de que usted termine su periodo? F.C.: Algunos creen que fue un poco temprano. Como dice el refrán “No por mucho madrugar amanece más temprano” y todavía me faltan 130 días en la defensa de los intereses de los colombianos, pues mi período va hasta el 16 de enero del 2021. SEMANA: Colombia atraviesa un momento muy crítico en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su posición frente a la ola de masacres de las últimas horas? F.C.: Colombia no puede regresar al pasado. Difícil y parcialmente se les ha empezado a cumplir en la reparación y restitución a 9 millones de victimas -como lo denunciamos esta semana con la Contraloría y la Defensoria- y ya comienza a aceitarse de nuevo la máquina de la guerra generando nuevas victimas. Hemos dicho que el Estado no puede limitarse a contar cadáveres en masacres y de líderes sociales. La ausencia del Estado reclama no solo presencia de la fuerza pública sino más oferta del aparato social y sobretodo de justicia en los territorios. No basta con declaraciones y pésames. Los actores armados se aprovechan de la pandemia y no están confinados; están más activos que nunca y se requiere una respuesta consistente del Estado a esa gran amenaza. Hay que romper esa gran indiferencia frente a lo que está sucediendo en esa Colombia asfixiada por el humo de una guerra con viejos y nuevos protagonistas. Vea la entrevista con Humberto de la Calle sobre Gustavo Petro