Gustavo Petro recibió este jueves una noticia favorable para sus finanzas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la sanción que le había impuesto la Contraloría Distrital por el presunto daño que supuso para las arcas del Distrito de Bogotá el cambio del esquema de recolección de basuras en la ciudad. Por implementar un nuevo modelo de aseo a Petro y a tres de sus subalternos se les impuso una sanción fiscal que los obligaba a pagar 131.000 millones de pesos. Esa sanción había sido demandada el pasado mes de mayo por los abogados de Petro que pidieron la suspensión del fallo fiscal mientras se tomaba una decisión de fondo. El pasado 3 de septiembre la solicitud fue aceptada favoreciendo al hoy senador de la Colombia Humana. El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca establece “la suspensión provisional de los efectos jurídicos del juicio de responsabilidad fiscal”. Por ahora, Petro no deberá pagar la multa que se le había impuesto por las presuntas irregularidades que se presentaron en la planeación y puesta en marcha del plan ‘Bogotá Sin Basuras’. La Contraloría Distrital le había notificado a Gustavo Petro una multa por 90.000 millones de pesos. Esa sanción ya había sido impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio. La razón en ese entonces fue que se consideró que ese esquema de recolección de basuras durante la administración de Petro por decreto era ilegal e inconstitucional y porque atentaba contra la libre competencia. Además otra de las multas, esta por 40.000 millones de pesos, se impuso por los camiones de basura que no se usaron. Como se recordará, durante la administración de Gustavo Petro se adquirieron 218 vehículos usados para la recolección de basuras, flota que, según la Contraloría, apenas se usaron 102 compactadores mientras que 116 restantes se quedaron sin utilizar, lo que generó un detrimento patrimonial. Es decir, las multas de la Contraloría a Petro eran por 130.000 millones de pesos. Esto complicaba el futuro político del ahora senador, pues la Corte Constitucional determina que no es posible aspirar o posesionarse a un cargo público con este tipo de multas pendientes. Eso significaba que si Petro llegaba a ser elegido presidente no podría posesionarse, y el año pasado estuvo en vilo su curul como senador por cuenta de estas multas. Pero gracias a las medidas cautelares que le otorgó el Tribunal, Petro podrá seguir su ejercicio político mientras los jueces toman decisiones de fondo frente a sus demandas. Petro celebró el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “Todas las multas que me impuso la contraloría por más de US $100 millones por no subir tarifas de transmilenio, comprar la flota de aseo o por el pago que Peñalosa hizo arbitrariamente de multas de la Superintendencia han sido suspendidas por la Justicia”.
Según su interpretación, con este fallo ya no cuenta con ninguna inhabilidad ni sanción. Sin embargo su postura fue controvertida por Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, y quien le impuso la primera sanción fiscal a Petro. En su criterio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre el proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital pero las sanciones de la Superintendencia, por violaciones a la libre competencia siguen vigentes. En 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas a tres empresas del distrito: Acueducto de Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la empresa Aguas de Bogotá por un poco más de 80.000 millones. Esa cifra no se pagó durante la administración de Petro y la alcaldía de Peñalosa decidió pagarla en 2016 para que el monto no siguiera subiendo.De momento, Petro encontró un respiro judicial y por ahora no tendrá que pagar las millonarias multas que aún tenían en vilo su futuro político.