SEMANA: Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han planteado entrar en la ‘paz total’, pero por ahora es un proceso absolutamente empantanado, ¿por qué?
Ricardo Giraldo (R. G.): Las AGC tienen toda la disposición de estar en la ‘paz total’, recuerde que tienen un cese unilateral al fuego decretado desde el 7 de agosto de 2022. Ellos están dispuestos, pero estamos esperando agilidad por parte del Gobierno en lo que va a ser el marco jurídico, que las AGC estén sentadas en una mesa de diálogos.
SEMANA: ¿Pero, para el Gobierno, en el caso las AGC ya hay un camino, la ley de sometimiento?
R. G.: El presidente Petro ordena un lenguaje respetuoso con el ELN, pues es el mismo que hemos pedido o exigido para las AGC. ¿Por qué? No podemos sentarnos a negociar diciéndole a otro que va a morir en un tejado, que son un clancito, gamines de barrio. La ley de sometimiento fue un real fracaso, está archivada, no tuvo un solo debate, nació muerta. Las AGC han dicho siempre que no le van a jugar al tema de la ‘paz total’ si es con sometimiento.
SEMANA: ¿Bajo qué parámetros se sentarían a negociar con el Gobierno con avances ciertos?
R. G.: Hemos planteado justicia transicional, que este actor del conflicto, el más grande de Colombia, pueda hacer una transición desde lo ilegal a lo legal; que haya verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Que en la mesa se hable de cómo garantizar que no van a nacer grupos emergentes, disidencias. La justicia transicional es lo que realmente garantizaría una ‘paz total’.
SEMANA: ¿Plantean la posibilidad de participación política de los miembros de las AGC?
R. G.: Si te refieres a la facultad de elegir y ser elegido, de llegar al Senado, jamás ningún comandante del Estado Mayor me ha planteado ser senador. Ellos quieren estar en sus parcelas, son campesinos, la gente se los imagina andando en Audis y Ferraris y con modelos exuberantes, resulta que no. Las AGC, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio, son actores políticos, más allá que se quieran reconocer como tal. Tienen control territorial, control social, control económico. Vayan a los territorios para que se den cuenta quién es el Estado allá, la comunidad le tiene más miedo ver a la Policía y al Ejército que a las mismas AGC.
SEMANA: Pero hay algo que no se puede negar, ustedes se denominan Autodefensas, pero el país los conoce como el Clan del Golfo, un grupo narcotraficante y terrorista, un clan delincuencial…
R. G.: Es que uno tiene que tratar con respeto a la parte con la que se quiere sentar. Saquemos lo del conflicto; si usted y yo nos vamos a sentar a hablar y no te puedo decir que: “ey, vos sos un bandido, te mereces morir en los tejados como Pablo Escobar”. No, eso no es un lenguaje respetuoso. Lo de las AGC es un asunto demasiado grande y complejo, más de 9 mil hombres en armas, presencia en más de 400 municipios de Colombia. No me crea a mí, son estadísticas de la Defensoría del Pueblo. No me voy a someter si es más beneficioso el Código Penal, con absoluta seguridad. Algunos actores del conflicto están en el curubito, en el pedestal de la negociación, que es como ellos impongan.
SEMANA: ¿Quiénes son esos que según usted están en el curubito y en el pedestal de la negociación?
R. G.: Hablo de las guerrillas, ellos son los que están en el curubito, son los únicos que tienen reconocimiento político. Yo quiero ver cuál es el proyecto político de ellos.
SEMANA: ¿El Gobierno está siendo inequitativo en la búsqueda de la ‘paz total’ frente a las disidencias de las FARC, el ELN y la posición que ha adquirido con las AGC?
R. G.: Cómo no va a ser inequitativo, vea los ministros del presidente Petro diciendo en todas partes que con ellos solamente es sometimiento, si no, van a morir. Con los otros, pase lo que pase, dicen hay que reconocerles que están sentados en la mesa. Por Dios, cómo no vas a reconocer un actor importante, mencióneme uno solo, en Latinoamérica, que sea tan grande como las AGC.
SEMANA: Tiene razón, no hay ‘paz total’ si no se incluye una organización con 9 mil hombres, pero es una organización que trafica drogas, está detrás de los paros y se dedica a la minería ilegal. ¿Ahí tampoco hay un proyecto político?
R. G.: Con las economías ilegales persisten todos los actores del conflicto, absolutamente todos. Que ellos trafican, no, cobran impuesto y controlan las zonas para evitar que lleguen carteles narcotraficantes que llegan con violencia, sin oportunidades, a exprimir y a atropellar a las zonas en las que ellos tienen alta injerencia. Fue una de las razones para volverse a armar, bandas de traquetos y mafiosos que llegaron a extorsionar, a obligar a los campesinos a cultivar. Ahora, minería ilegal, en donde existe economía ilegal siempre hay actores del conflicto. ¿El ELN, las disidencias, Segunda Marquetalia, reciben subsidio del Gobierno para la guerra? No. Se lo quieren dar para que dejen el secuestro, la extorsión.
SEMANA: Las críticas a la negociación con las Farc son por la impunidad, porque no pagaron cárcel pese a los crímenes y violaciones de Derechos Humanos. ¿Los de las AGC están dispuestos a tener una medida privativa de la libertad?
R. G.: Ellos han manifestado expresamente que sí, pero la justicia transicional no es cárcel, es decir, no significa solo cárcel. Los excomandantes de las AUC llevan 18 años hablando y la gente se sorprende por Mancuso. No hay nada nuevo, simplemente no lo quisieron escuchar. El Gobierno decidió hacer la paz con todos, que caiga todo lo que esté flojo de una vez, que haya que decir lo que se tenga que decir para que este país salga adelante.
SEMANA: ¿Hay un doble discurso del actual Gobierno frente a la negociación?
R. G.: Del Gobierno no. Del exministro Prada y del ministro Osuna, ahí están las entrevistas. Cuando uno habla sin pensar, con la ira por no ser ideológicamente de una parte, dice muchas cosas que después se las van a sacar en cara. Cómo puede hablar de humanización de un sistema carcelario y querer meter otros 9 mil de un solo grupo a la cárcel.
SEMANA: Hoy hay un debate por la posibilidad de que las disidencias que firmaron el acuerdo vuelvan a ser parte de una negociación, pero en el pasado también hubo un acuerdo con las autodefensas, ¿y ahí están las AGC?
R. G.: Ahí está el punto de debate, aquí cumplimos las normas. Si el Estado quiere que esto avance, si existe una decisión política del Gobierno, fuerte, coherente, consistente y sin miedo al qué dirán, porque se la quiere jugar por la ‘paz total’, va a tener que hacer reformas estructurales. No estoy diciendo que una Reforma Constitucional para que no me vayan a “masacrar” diciendo que yo ya quiero una Constitución para las AGC, esto va a llegar a un punto donde se necesita un marco jurídico. Van a permitir que pase lo de las extintas AUC, muchos comandantes llevan 18 años en la cárcel, fueron extraditados, los embaucaron.
SEMANA: Pero por seguir delinquiendo… no porque sí.
R. G.: Pues eso nunca quedó demostrado en muchos casos. Hay que conocer bien el contexto, no es sentémonos a negociar todos como caballitos cocheros y nos vamos por acá, no. Vamos a decir la verdad, pero no la que le favorezca a determinado actor. A mí me gusta la forma de negociar de los Estados Unidos, allá una verdad incompleta es una mentira completa.
SEMANA: Ya que está hablando de Estados Unidos, Otoniel, quien fuera el jefe máximo del Clan del Golfo, como usted les dice, Autodefensas Gaitanitas, considerado como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, ¿tiene algún tipo de línea en esta negociación?
R. G.: Nunca he hablado con Otoniel ni con sus abogados en Estados Unidos, pero la sentencia de él para el país va a ser una sorpresa porque allá son prácticos, no se ponen con cosas de que si le reconocemos y no le reconocemos, que si era actor del conflicto.
SEMANA: ¿A qué se atiene el país si no hay negociación con las AGC?
R. G.: Seguirá lo mismo, siendo sinceros y siendo coherentes con la realidad del país, ¿usted cree que las disidencias de las Farc, Comandos de la Frontera, EPL y ELN van a quedar tranquilos en un proceso de paz con el grupo más grande respirándoles en la nuca?
SEMANA: Esa advertencia suena a amenaza… si no negocian con nosotros, tendrán que aguantarse 9 mil personas armadas y operando.
R. G.: No es una amenaza, es una realidad del país. Vea, se supone que en el Bajo Cauca y el Nordeste el único grupo que había eran las AGC, que eran los que estaban detrás del paro. ¿Se solucionó el problema minero? No. ¿Cesaron las acciones terroristas? No. Mire quiénes fueron los primeros que quemaron unos buses después del cese al fuego.
SEMANA: Sea claro, ¿qué reclaman para empezar una negociación con avances ciertos?
R. G.: Que cesen los hostigamientos a las familias de los combatientes y jefes del Estado Mayor, les hacen allanamientos, van a los colegios y les toman fotos, dicen que les van a entregar a su papá en determinada circunstancia física. Uno: pide respeto de la institucionalidad para quienes nada tienen que ver; dos: si va a haber confianza, que sea de ambos lados, tanto del Gobierno como de las AGC. Si ellos dicen que no hicieron determinada acción militar, como pasó en Bajo Cauca, en el paro minero, pues lo mínimo es que hay que creerles, pues imagínate yo como abogado diciéndoles: “Mano, yo a usted no le creo”, pues yo qué hago aquí. Ojalá se pudiese firmar un cese multilateral al fuego o de hostilidades. ¿A usted no le parece bueno que exista un cese al fuego entre el ELN, AGC y disidencias de Iván Mordisco?