Hace tres meses la publicación de una charla entre el magistrado Ernesto Vargas y el hasta entonces desconocido abogado barranquillero Víctor Pacheco le dio vida a lo que ha sido el escándalo más grande en la historia de la Corte Constitucional: el Preteltgate.Con esa conversación, que aún no se sabe si fue hecha y grabada de forma concertada, Pacheco quería hacerle saber a su interlocutor que el magistrado Jorge Pretelt habría pedido 500 millones de pesos para ayudar a fallar a favor de la empresa Fidupetrol una tutela que esta había interpuesto para evitar pagar una condena por 22.500 millones de pesos de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, una vez bajó la espuma del primer momento, las dudas en torno a las denuncias fueron cada vez mayores. Si algo ha quedado al descubierto, con todos los testimonios y pruebas recaudadas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía, es que Pacheco y las directivas de Fidupetrol –Hélber Otero, Guillermo Caballero y Víctor Julio Lizarazo– más que víctimas fueron quienes desarrollaron y pusieron en práctica una estrategia para penetrar la Corte Constitucional. Su objetivo, primero, era que seleccionaran su tutela y, segundo, que la fallaran a su favor.Este lunes Pacheco pasará de acusador a acusado. La Fiscalía tiene pruebas contundentes para imputarle los supuestos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Además, pedirá medida de aseguramiento en su contra. La Fiscalía busca que el abogado costeño se convierta en el testigo estrella de todo el caso y revele si existió o no el pago de 500 millones de pesos al magistrado Jorge Pretelt. De igual forma, tratará de determinar si hubo algún pago para que los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio seleccionaran la tutela.La Fiscalía no ha parado de buscar cuanta evidencia existe contra Pacheco. Entre las pruebas estaría el otrosí al contrato que tenía con el abogado, a través del cual se desembolsaron 150 millones de pesos en los días de selección de la tutela en octubre de 2013. Ese hecho, además de generar un enriquecimiento ilícito, habría servido para promover el tráfico de influencias del abogado ante la Corte Constitucional.A esto se suma el registro que la Fiscalía tiene de las 46 entradas de Pacheco a los despachos de los magistrados entre 2013 y 2015, que probarían que sí buscó mediante distintos mecanismos acercarse a los jueces de la tutela para sugerirles que lo ayudaran en su causa.El ente acusador no ha determinado que el magistrado Pretelt le haya solicitado dinero a Pacheco, o que este se lo haya ofrecido para dirigir el trámite de la tutela, como se ha señalado. Inicialmente, Pacheco insinuó que parte del pago a Pretelt se habría hecho a través de un contrato que Fidupetrol tuvo con el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil. Sin embargo, tras analizar todas las pruebas, correos electrónicos y declaraciones, prácticamente esto quedó desvirtuado, ya que la relación entre Escobar y la empresa fue totalmente profesional. Ahora las miradas apuntan a que el dinero pudo salir a través de los pagos por 905 millones de pesos que la financiera le hizo a la empresa Nates & Pinto Asociados en 2013, o directamente de la caja de la empresa por medio de una movida ordenada por Otero y ejecutada por los directivos de la empresa.Según fuentes de la Fiscalía, Hélber Otero, dueño de la empresa Tecfín y quien controlaba Fidupetrol, también está en su mira: en los próximos días le imputará el delito de tráfico de influencias. Es claro que a partir del lunes, una vez comiencen las charlas de la Fiscalía con Pacheco, irán apareciendo luces sobre las dudas que aún hay sobre este bochornoso caso.