La congestión judicial y la impunidad son los principales argumentos del Gobierno, la Fiscalía y la Corte Suprema, para plantear un cambio sustancial en el código de procedimiento penal de Colombia, que incluye beneficios para violadores y asesinos de niños.
En el mismo proyecto, otro artículo llamó la atención y tiene que ver con los principios de oportunidad, como forma de negociación de la justicia con los delincuentes. En la propuesta de cambio, se advierte que esos principios de oportunidad podrán aprobarlos los fiscales que conocen casos cuyas penas son superiores a los seis años de cárcel.
Más de 3.000 fiscales seccionales, especializados y delegados ante el Tribunal y la Corte Suprema, tendrán un “superpoder” para aprobar esas formas de negociación con los procesados. Esa facultad era exclusiva del despacho de la fiscal general, pero ahora, y de aprobarse el proyecto, quedará en manos de esos fiscales.
“Lo que queremos es eliminar esa traba que constituye una barrera o un obstáculo con unos Fiscales y unas buenas directivas que, entre otras cosas, se va a expedir una directiva sobre principios de oportunidad que regula el cómo y esos fiscales puedan hacer la labor y que los controles se hagan a nivel administrativo efectivamente”, señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
La jefe del ente acusador advirtió que aun después de la aprobación los principios de oportunidad, tendrán que pasar por la verificación jurídica con los jueces de control de garantías. El anuncio lo hizo la fiscal, una vez radicaron, junto a la ministra de justicia, Ángela María Buitrago, y el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, el proyecto para reformar la justicia.
“Se adiciona el control judicial que se ejerce a través de la judicatura a la aplicación del principio de oportunidad porque, hay que recordar, esto lo avala finalmente un juez de la República, no es una decisión autónoma de la fiscal general, ni, si en el futuro, se aprueba el proyecto, tampoco va a ser una facultad única de los fiscales”, explicó Camargo.
Sin embargo, saltan muchas dudas respecto de esos “superpoderes” que se entregarían a los más de 3.000 fiscales, que tendrían la potestad de aprobar esos principios de oportunidad. Aseguró la jefe del ente acusador que habrá un control administrativo y que, de ser necesario, revisarán las negociaciones que ameriten la verificación.
“Vamos a reorientar la actividad para que el control que ejercen sobre principio de oportunidad, que sea una labor mucho más estratégica, más orientada, no solo cuando se llega a un acuerdo, sino cuando no ocurre ese mismo acuerdo. Cuáles son las razones que influyen en que esto no suceda. Lo importante es que sí creemos que hay que dinamizar los mecanismos prémiales”, advirtió la jefe del ente acusador.
Incluso, en el proyecto de reforma a la justicia, que se radicó este martes 8 de octubre, ante el Congreso de la República, se advierte qué casos o delitos quedan excluidos de la posibilidad de principios de oportunidad, particularmente cuando se trate de conductas que atenten contra el derecho internacional humanitario.