SEMANA conoció el fallo del Consejo de Estado mediante el cual negó cada una de las pretensiones de una insólita tutela en la que se pedía darle celeridad a la elección de la nueva fiscal general de la nación para el período 2024-2028.
Por considerar que no allegó evidencia alguna que soportara la vulneración de derechos fundamentales con los aplazamientos de las salas plenas de la Corte Suprema de Justicia en las que se realizaban las votaciones para la elección de la nueva jefa del ente investigador, el Consejo de Estado negó las peticiones.
“La Sala advierte que el acto no precisó de qué manera se le vulneraron sus derechos fundamentales, ni mucho menos acreditó dicha transgresión”, precisa el fallo. “No se evidencia cuáles fueron esas actuaciones u omisiones por parte de la autoridad demandada que materializaron esa vulneración”.
La tutela, igualmente, pedía que el presidente Gustavo Petro ratificara, clarificara o rectificara, “según sea el caso”, la “petición inicial hecha a la Corte Suprema para que nombre fiscal ad hoc para los casos que así corresponda y lleve actualmente o en el futuro la Fiscalía General contra los miembros de su familia”.
En su solicitud, requería que, una vez posesionada, la fiscal general solicitara a la Corte Suprema la designación de un fiscal ad hoc que tuviera conocimiento absoluto de todos los procesos contra los familiares del presidente Gustavo Petro para dar garantías judiciales.
Frente a este punto esencial, el alto tribunal concluyó que estas son decisiones de tipo autónomo y no se puede transgredir la independencia de poderes que establece la Constitución Política de Colombia. En otras palabras, consideró que no es de su competencia emitir un pronunciamiento frente a esta petición.
“Esta Sala considera que desbordan el ámbito de competencia del juez constitucional”, señala el fallo de 41 páginas. Sin embargo, por considerar que no se resolvieron todas las pretensiones y que no se explicó a detalle el tema del fiscal ad hoc para investigar a los familiares del jefe de Estado, el accionante presentó una impugnación que será estudiada por el mismo Consejo de Estado.
En la actualidad, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrenta un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares por, presuntamente, haber recibido dinero de manera injustificada del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, y del empresario cartagenero Gabriel Hilsaca.
Pese a que estos dineros iban para la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, lo cierto es que fueron utilizados para el pago de deudas, la compra de carros, apartamentos en Barranquilla, ropa y joyas.
En este caso, la testigo clave es Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos y quien ya ha presentado documentación para demostrar la forma en que su entonces pareja sentimental recibió este dinero en efectivo en su apartamento, en la capital del Atlántico.