Un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se compone, generalmente, de una camioneta que alquila por 14 millones de pesos mensuales, un escolta que le cuesta al Estado 6 millones y el combustible asignado por 1,2 millones. En promedio, el total para un protegido puede ser de 30 millones mensuales, todo con dinero de los contribuyentes. Esas son las cuentas de Wilson Javier Devia, representante de los trabajadores de la UNP, quien hace graves denuncias del presunto uso y abuso que algunos protegidos, integrantes de comunidades indígenas, le dan a los esquemas de seguridad.
Las peligrosas escenas que quedaron tras un enfrentamiento armado entre habitantes de un exclusivo sector de Cali e integrantes de la minga indígena que llegaban a la ciudad llamaron la atención de quienes compartieron decenas de videos por redes sociales: las camionetas, algunas blindadas, cargadas de indígenas hasta el platón, con bolsas de basura que tapaban las placas.
De acuerdo con las denuncias del sindicato de la UNP, este hecho es una rutina en los esquemas de seguridad que están asignados a algunos integrantes de comunidades indígenas, una situación que vienen advirtiendo hace más de tres años a directivos de la entidad.
A marchar
El listado de irregularidades, según las denuncias, arranca con la coyuntura del país, las protestas y marchas en el marco del paro nacional. Según los escoltas, los indígenas los obligan a desplazarse a otras ciudades, sin viáticos, con las camionetas y las armas de dotación. La orden es participar de las movilizaciones. De negarse, los amenazan con presentar informes a la UNP, les piden las llaves de los vehículos, y los dejan abandonados en parajes del Cauca y del Valle del Cauca.
Devia, quien preside el sindicato de la Unidad de Protección, aseguró que son al menos 100 los esquemas de seguridad asignados a integrantes de comunidades indígenas, y más del 80 por ciento los utilizan en las movilizaciones, marchas y hasta en los enfrentamientos. “Usan las camionetas blindadas como escudo para acercarse a la contraparte en los enfrentamientos; no les importa nada, los daños y la destrucción de los vehículos”, advirtió.
Los escoltas compartieron con SEMANA imágenes de cómo sus protegidos entregan las camionetas luego de meterlas en las revueltas, convertirlas en ‘chivas’ y olvidar las mínimas condiciones de cuidado para un carro, como el combustible. “Son más de 50 vehículos dañados, que fueron vandalizados, y lo que hacen es pedir otro carro… Nadie paga los daños, no les importa meter un carro a la marcha y que lo destruyan, solo piden otro”, insistió el presidente del sindicato.
Carro caleta
Las denuncias van más allá de actos indebidos o fallas administrativas, como dejar a los escoltas abandonados y llevarse los automóviles. De acuerdo con el sindicato de la UNP, incurren en la comisión de delitos como el tráfico de estupefacientes. Así quedó consignado en procesos de judicialización de la Fiscalía y operativos de la policía en la captura de indígenas y la incautación de las camionetas.
En informes de policía judicial se conocen los detalles de incautaciones de droga que era transportada en los vehículos de la Unidad Nacional de Protección, en ocasiones a plena vista en las sillas de las camionetas. “No se molestan en esconder nada, simplemente argumentan que están amenazados y que hacen parte de comunidades indígenas”, advirtió un investigador de la policía.
La situación se complica cuando reclaman el derecho a una llamada que tiene el indígena capturado, pues en ocasiones lo usa para alertar a otros integrantes de su comunidad. Llegan y exigen su jurisdicción (justicia indígena), que asumirá el caso, y en ocasiones hasta se enfrentan con la fuerza pública para lograr la liberación del detenido. “Gobernadores indígenas llevando droga, marihuana, pasta de coca, y los mismos indígenas arremeten contra la autoridad para recuperar a los capturados dizque para juzgamiento interno”, señaló el presidente del sindicato de la UNP.
Escoltas amigos
Una figura legal permite los llamados esquemas de confianza, una posibilidad o contrato abierto para que los propios protegidos escojan el escolta que se ajuste a sus “necesidades”. El propósito de esa herramienta es garantizar las condiciones de seguridad y confianza para la persona protegida, pues en ocasiones y por diferentes razones (geográficas o exigencias de seguridad especiales) piden protección de ciudadanos cercanos.
El problema, en criterio de los propios escoltas, es la falta de control de la UNP. Los indígenas no tienen procesos de selección para escoger el personal de seguridad y terminan contratando, con el dinero del Estado, a allegados para que se conviertan de un día para otro en expertos de seguridad.
El sindicato de los escoltas insiste en que la Unidad de Protección no hace supervisión de esos esquemas de confianza, de cómo ejercen esa seguridad, qué elementos usan y qué destino les dan a los vehículos asignados. “No hay control, los protegidos escogen quién será su escolta y en ocasiones eligen a sus propios familiares, algo que resulta ilógico, cuando la necesidad es de seguridad”, afirman los escoltas consultados por SEMANA.
Caso Feliciano
Entre las denuncias que hace el sindicato de la UNP, una involucra al senador Feliciano Valencia. Los escoltas del congresista advirtieron que cuando se negaron a hacer desplazamientos a sitios de concentración de las marchas en apoyo al paro nacional, el senador se molestó y pidió el vehículo que estaba asignado; lo hizo por medio de un menor de edad que buscó a los escoltas con una solicitud expresa: entregar las llaves de la camioneta.
Mediante una carta, dirigida al jefe de operaciones de la UNP en el Cauca, los escoltas dejan la constancia de lo ocurrido, al tiempo que afirman que el senador Valencia no responde las llamadas y mensajes. Los escoltas no lograron hablar con su protegido hasta que se conocieron estas denuncias, pues, según el presidente del sindicato, el senador los citó y en la camioneta amenazó con dejarlos sin trabajo.
Al cierre de esta edición y después de repetidos intentos por encontrar una respuesta del congresista sobre las acusaciones en su contra, este no había respondido las llamadas y mensajes que se le dejaron, aunque a otros medios les aseguró que los reclamos de su grupo de escoltas no eran ciertos.
La UNP
La carta que enviaron los escoltas del senador Valencia denunciando las irregularidades y los malos manejos del esquema de seguridad sigue sin respuesta. Sin embargo, el director de la UNP, Alfonso Campo, rechazó de manera tajante el mal manejo de los dispositivos de seguridad que se asignan. Aseguró que están en los procesos de verificación para determinar qué protegidos les dan un uso diferente y, según sea el caso, notificarán a las autoridades.
Por su parte, los escoltas afirman que están en un lugar indeseado. Si se oponen a participar de las marchas, ir a sitios no autorizados y convertir los vehículos en buses de servicio público o caletas, los indígenas protegidos los amenazan con reportarlos ante la UNP. Si hacen caso, la entidad los puede investigar, con el mismo resultado: quedarse en la calle.