El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, instaló este miércoles la Comisión Accidental de la bancada Caribe que está conformada por 38 representantes a la Cámara de los 7 departamentos de la Costa Caribe y del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Según se anunció, tendrán la misión de adelantar el control a la inversión en la región y hacer crecer la inversión económica en su región.
Durante la instalación en el salón Luis Carlos Galán, del Congreso de la República, los representantes Modesto Aguilera Vides, de partido Cambio Radical, y Saray Robayo, de la U, quienes coordinarán la misma, manifestaron que “desde la bancada Caribe, no vamos a permitir que la inversión siga siendo el botín de la corrupción, mientras la ciudadanía sigue esperando que se le mejore su calidad de vida”.
Los 38 representantes le pondrán la lupa a la inversión estratégica para que se adelanten los proyectos y se ejecuten las obras en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia para consolidar y generar propuestas que garanticen y fortalezcan la igualdad social, económica, educativa, cultural y política.
De acuerdo con la representante de la U, Saray Robayo, “desde esta comisión vamos a avanzar en los retos inmediatos de la región Caribe, en temas de servicios públicos ineficientes y con baja cobertura, las altas tasas de desempleo, pobreza, educación, desplazamientos de habitantes, problemas costeros y efectos invernales recurrentes”.
A su vez, el representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, aseguró que desde el Congreso van a liderar las acciones necesarias para que las condiciones de vida de los habitantes de la región Caribe mejoren cuanto antes, enfrentando la falta de oportunidades principalmente para la juventud, la mujer y el campesinado de la región.
Robayo aseguró que es necesario trabajar unidos en un amplio frente a través de una comisión con integrantes del legislativo que, a corto y mediano plazo, ofrezcan soluciones concretas, institucionales y territoriales para los más de 10 millones de habitantes de los siete departamentos incluida la región insular de San Andrés y Providencia.
“Tenemos que trabajar en una misma dirección para cerrar brechas de pobreza, pues mientras que en los 7 departamentos y 194 municipios que conforman la región Caribe, su ciudadanía registran un 46,2% en el índice de calidad de vida, para el resto del país asciende al 52,2 %, por lo cual debemos trabajar en esta comisión para consolidar y generar propuestas que garanticen y fortalezcan la igualdad social, económica, educativa, cultural y política”, Subrayó Aguilera.
La comisión estará enfocada en darle control y solución a los altos costos del servicio de energía, infraestructura, problemática costera y ribereña, fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastres, proyectos sobre seguridad ciudadana, adaptación del cambio climático, generación de empleo y superación de la pobreza, desarrollo rural integral, tren regional caribe, entre otros.
¿Qué está pasando con el servicio de energía en la región Caribe?
Al parecer, la salida de Electricaribe no fue la solución que todos esperaban a la crisis por el mal servicio y los altos costos de energía en la región Caribe colombiana. Por el contrario, siguen las denuncias de la comunidad y las autoridades locales reclaman una intervención urgente del Gobierno nacional, especialmente en tiempos de una inflación disparada, principalmente por los servicios públicos.
El reciente informe del Dane sobre el costo de vida dejó al descubierto una situación que en ocasiones es muy evidente, pero tiende a pasar inadvertida por culpa del ajetreo diario de información: el alto precio que pagan miles de familias en departamentos como Sucre, Atlántico, Bolívar, Córdoba y La Guajira (por mencionar algunos) por tener energía en sus hogares.
En los últimos 12 meses, los precios de la electricidad se han incrementado 25,9 % en el país, siendo los habitantes de los departamentos de la costa Caribe los más afectados. Por ejemplo, en Santa Marta han subido 49,9 %, mientras que en Riohacha el alza ha sido del 47,1 %.
Hasta el mismo presidente Gustavo Petro se mostró preocupado por esta situación y tomó medidas como intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), con el fin de investigar qué está pasando con estos cobros que muchos consideran exagerados. No obstante, dejó claro que su Gobierno no tiene la intención de estatizar los servicios públicos.