La muerte de una persona privada de la libertad y otras siete heridas, como consecuencia de una conflagración en una de las celdas de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad (UPPL) en la ciudad de Manizales, prendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo.
Tras lo sucedido en la UPPL, un equipo de la regional Caldas de la Defensoría se desplazó al lugar para adelantar un proceso de verificación de las condiciones de quienes resultaron heridos, así como también de las demás personas privadas de la libertad que continuaban en las instalaciones de la UPPL.
“Las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que alcanzan el 151 % de sobrepoblación a nivel nacional, están poniendo en riesgo la vida e integridad de personas privadas de la libertad. En muchos casos las condiciones son inhumanas, con claras vulneraciones a los derechos a la salud y a la justicia”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De manera articulada entre el organismo, la Personería Municipal y la Procuraduría Provincial, se realizaron solicitudes a las Secretarías de Gobierno y de Salud de Manizales para que “se brinden y se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, no solo de este sitio, sino también de los demás CDT de la ciudad”.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo anunció que estará atenta al resultado de las investigaciones para que se determinen las causas de la conflagración y se puedan establecer las responsabilidades, “pero principalmente para que se tomen los correctivos para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar”.
A través de la Defensoría Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se anunció que se “continuarán efectuando visitas periódicas, como organismo de control en materia de derechos humanos, a los diferentes CDT en todo el país, con el fin de seguir poniendo en evidencia esta grave situación”.
Defensoría sobre el reclutamiento forzado
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo alertó que, desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022, se reportaron 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022, “lo cual permite corroborar que los menores de edad siguen siendo algunas de las principales víctimas de los grupos armados, como ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas”.
Los departamentos donde más se han presentado casos son: Caquetá (37), Cauca (25), Arauca (16), Nariño y Putumayo (diez cada uno), Tolima y Antioquia (9 cada uno), Norte de Santander, Meta y Amazonas (cinco en cada uno), Chocó (cuatro) y Vaupés y Córdoba (tres cada uno).
De acuerdo con la Defensoría, de las 34 alertas tempranas emitidas durante 2022, en 31 de ellas se advierten riegos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico.
De igual manera, en las alertas tempranas emitidas también ha advertido riesgos de confinamiento de comunidades. Esto genera “afectación al derecho a la educación y la deserción escolar, aumentando el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”.
“Claramente, hay un subrregistro de los casos de niños, niñas y adolescentes reclutados en todo el país, pero en los casos conocidos, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a unir esfuerzos interinstitucionales y humanitarios para salvaguardar con urgencia la vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidades, quienes siguen siendo víctimas del accionar de los grupos ilegales”, indicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
En total, 8.942 personas han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas como víctimas de vinculación a diferentes grupos armados al margen de la ley cuando aún eran niños, niñas o adolescentes, la mayoría han sido hombres (66 %).