Tras una exhaustiva verificación realizada por la Procuraduría General de la Nación, el organismo de control constató condiciones mínimas de infraestructura, de acceso a servicios básicos y trato digno para las personas privadas de la libertad (PPL) en ocho estaciones de Policía de Bogotá, tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Instituto penitenciario y carcelario de La Picota.
La elección de estos establecimientos, de acuerdo con el Ministerio Público, se basó en el alto número de quejas recibidas y con el objetivo de abarcar todas las localidades de la ciudad. Por lo tanto, llevó a cabo una verificación en las estaciones de Usaquén, La Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires y Rafael Uribe Uribe, así como en las URI de Usaquén, Puente Aranda y Paloquemao.
Durante este proceso, la entidad constató la capacidad y el grado de hacinamiento, el estado de las instalaciones y el acceso a servicios de salud, agua, alimentación y otros aspectos relevantes.
Lamentablemente, la Procuraduría identificó condiciones “degradantes e inhumanas” en los centros de reclusión de la capital del país. La mayoría de los detenidos duermen en espacios improvisados con colchonetas, hamacas u otros elementos precarios. Además, “se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares”.
El servicio de alimentación proporcionado es “insuficiente y puede representar un riesgo para la salud de las PPL”. También constató que algunos alimentos son entregados en estado de descomposición.
En cuanto al acceso al sistema de salud, la Procuraduría General encontró que es “precario e insuficiente para los reclusos, quienes carecen de acceso a medicamentos y tratamientos necesarios”. Esto se suma a “las condiciones insalubres en las están a diario, por lo que, algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”.
Finalmente, el organismo de control confirmó una notable falta de acompañamiento y capacitación para los guardias encargados de los reclusos.
“Están en exposición diaria a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además de verificar que están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias”, aseguró la Procuraduría.
Para el Ministerio Público, estos hallazgos evidencian la urgente necesidad de mejorar las condiciones de los centros de reclusión en Bogotá y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La Procuraduría General de la Nación espera que se tomen acciones inmediatas para corregir estas situaciones y “brindar un trato digno y humano” a quienes se encuentran bajo custodia del Estado.
Recorrido de la Defensoría por hacinamiento
Por su parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional inspeccionaron en abril pasado las estaciones de Policía de las localidades de Engativá, Puente Aranda y La Candelaria, para evaluar las condiciones y garantías de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Durante la visita, la delegada para la Política Criminal Penitenciaria, la Regional Bogotá y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, encontraron que las personas detenidas de origen extranjero “no tienen una ruta clara para su identificación, lo que impide que se garanticen sus derechos”. Es decir, en varios casos se dificulta la correcta identificación de los detenidos, por no portar papeles o no suministrarlos, y se complica el proceso de judicialización por los delitos por los que están retenidos y señalados. Ante esto, la Defensoría solicitó que se establezca un mecanismo para su debida identificación.
Los funcionarios también observaron que los detenidos en la estación de La Candelaria se encontraban al aire libre, mientras que en Engativá fueron ubicados en el chut de basuras.
Esta es la segunda vez que la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo llevan a cabo una inspección a los Centros de Detención Transitoria de Bogotá para garantizar los derechos y el cumplimiento de la sentencia SU 122 de 2022, en la que se piden acciones urgentes ante el hacinamiento carcelario.