SEMANA conoció una carta firmada por los 18 militares en retiro colombianos detenidos en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. La carta está dirigida a varias personalidades entre las que están el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, incluso representantes de organismos de derechos humanos.
Allí, en el documento, exponen la difícil situación que afrontan. “Somos absolutamente inocentes, nos sentimos abandonados después de que dedicamos nuestra vida a la defensa de la patria, sin tener en nuestra hoja de vida ninguna mancha”, se lee en la carta. Explican además, que tanto ellos como sus familiares en Colombia han recibido amenazas de muerte y todo tipo de mensajes intimidatorios.
En otro aparte señalan que se les ha violado el derecho a garantías judiciales como el debido proceso: “A la fecha no se nos ha informado el motivo de nuestra detención, ni se nos han leído nuestros derechos como capturados, no se nos ha permitido la comunicación con nuestras familias. No tenemos abogado defensor, no hemos sido presentados ante un juez ni se ha iniciado el proceso formal en contra nuestra”, advierten.
La misiva tiene las firmas de: Enalber Vargas Gómez, Miyer Peña, Jhon Jairo Ramírez, Manuel Antonio Grosso, Jhon Jader Andela, Gersaín Mendivelso, Francisco Uribe Ochoa, Carlos Guerrero, Jheyner Carmona Flórez, Juan Carlos Yepes, Jhon Suárez, German Alejandro Rivera, Neil Cáceres Durán, Naiser Franco, Ángel Yarce, Edwin Blanquicet Rodríguez y Víctor Albeiro Pineda.
Las familias han iniciado una Vaki, con la ayuda de la abogado Lorena Lázaro, denominada #SOSMilitaresEnHaiti, con la que buscan “enviarles alimentos, y vitaminas porque hay días en que no reciben comida y los envíos son extremadamente cotosos”.
A propósito de esta misiva de la defensa de los militares, hace pocos días el Consejo de Estado determinó que ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han desconocido los derechos fundamentales de los colombianos detenidos en Haití por el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse.
Señala el Consejo de Estado que el pronunciamiento y la decisión obedece a una demanda de tutela que presentó la esposa de uno de estos ciudadanos.
Para ella, “estas entidades habían cometido una serie de omisiones, en desmedro de las garantías al debido proceso, la igualdad y la vida de su marido”. A su juicio, “el juez constitucional debería impartir una serie de directrices para que el Gobierno garantice que este y los demás detenidos lograran obtener la garantía del ejercicio del derecho a una defensa técnica y acceder a unas condiciones de la privación de su libertad que no deterioraran su salud”. Y es que, precisamente, la situación que han denunciado estas personas privadas de la libertad es que sus condiciones actualmente no son las mejores.
Recientemente, el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, en medio de una entrevista con el diario Miami Herald aseguró que apoyaría para que los sospechosos del asesinato del presidente de Haití enfrentaran cargos de conspiración en Estados Unidos. Cabe mencionar que el primer ministro Ariel Henry prestó juramento como nuevo líder de Haití durante una ceremonia en Puerto Príncipe, Haití, el pasado 20 de julio de 2021.