La Contraloría General de Colombia advirtió que encontró irregularidades en el uso de los recursos de las víctimas del conflicto. El ente de control realizó una auditoría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y encontró que se hicieron pagos de indemnizaciones y ayudas para víctimas del conflicto "de manera indebida a terceras personas".Entre las irregularidades, el ente de control encontró falsificación de documentos para darles los pagos a personas a las que no les correspondía. Esta conducta fue reportada a la Fiscalía, ya que constituiría un delito.Puede leer: Una nueva esperanza para los familiares de desaparecidosEl organismo encontró que en 2017 se realizaron unos 90 pagos por más de 72 millones a 100 personas que se aprovecharon de fallas en las estrategias de control para apropiarse del dinero.En ese mismo lapso de tiempo, se pagaron 95 indemnizaciones a personas muertas, por 1.500 millones de pesos , a través de giros bancarios.Le recomendamos: “La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos debe servir para aliviar el sufrimiento de las familias”: Luz Marina MonzónLa administración de proyectos productivos también dio un saldo rojo, con pérdidas por más de 2.000 millones. En el caso de la indemnización a víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares que se desmovilizaron en el 2005, se encontró que los victimarios entregaron bienes que no eran de ellos o que no servían para reparar a las víctimas.De acuerdo a la alerta fiscal, algunos pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias destinados a las víctimas fueron entregados de manera indebida a terceras personas. La razón estaría en el registro y el cruce de información o por presuntas conductas como la falsificación de documentos. La suma estaría cercana a los $60 millones de pesos.Además, se encontraron 70 inmuebles entregados al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) por los bloques Cacique Nutibara y Tolima de las Autodefensas, así como por la Casa Castaño, que en realidad "no pertenecían a los victimarios, por lo que no han debido restituirse".Puede interesarle: La díficil tarea de cumplir con el posconflictoSegún la Contraloría, de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo, el 58%, en su mayoría rurales, se encontraban sin administración, lo que constituye un riesgo de pérdida. Estas irregularidades encendieron alarmas debido a que la Uariv es una entidad clave en el posacuerdo y la reparación a las víctimas.De Agencia Anadolu