En medio de una diligencia de allanamiento, uniformados de la Policía ingresaron a una vivienda, ubicada en el barrio 6 de mayo, en Montería, encontrando un total de 300 kilos de cocaína.
Durante el procedimiento también se dio captura de alias “Berna”, quien, supuestamente, tenía en su poder el estupefaciente.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, el alijo incautado al parecer pertenecía al Clan del Golfo, y estaba destinado a su distribución y comercialización en el departamento de Córdoba.
Según la institución armada, la droga estaba avaluada en 3 mil millones de pesos.
El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, para continuar con las investigaciones pertinentes y adelantar los procesos judiciales correspondientes.
El reportaje sobre el Clan del Golfo
El prestigioso diario The Washington Post publicó en su portada un reportaje sobre Colombia. Se trata del recorrido que hizo su equipo periodístico en las profundidades del conflicto en Antioquia, en donde no manda el Estado sino un grupo de narcos: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El reportaje fue hecho por la periodista Samantha Schmidt y la fotógrafa francesa Nadege Mazars.
“La formación matutina comenzó en la ladera de una montaña cubierta de niebla, con dos docenas de hombres alineados y armados con rifles. ‘¡Atención!’, gritó una voz mientras se izaba una bandera verde y blanca adornada con tres letras, las mismas que pueden verse pintadas con aerosol en edificios y calles del norte de Colombia, y que les dicen a todos quién está a cargo: AGC”, comienza el reportaje.
El medio describe al grupo así: “La organización de narcotraficantes más poderosa de Colombia: una fuerza que controla una gran parte del país y también las rutas más importantes para transportar cocaína hacia Estados Unidos. Es una organización con escudo y estatutos, y en las comunidades rurales desempeña el papel de la Policía y los jueces, resolviendo disputas entre los lugareños”.
Los periodistas hablaron con sus líderes, sanguinarios comandantes que han estado por años lejos de las cámaras y los medios. Por horas, narran sus periodistas, conversaron con alias Jerónimo, que les aseguró que quería compartir el lado político de ese grupo armado ilegal conocido más popularmente como el Clan del Golfo.
El grupo ha estado en el centro de la conversación del país desde que el presidente Petro decidió expulsarlos de los intentos de ‘paz total’. Sucedió el pasado 21 de marzo, a raíz del caos que desató el grupo en varias regiones del país, especialmente en el Bajo Cauca. El Gobierno reanudó las operaciones militares en contra de esa estructura criminal.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, reveló en ese momento que desde que se decretó el cese al fuego con el Clan del Golfo, el pasado mes de diciembre, dicha estructura mafiosa cometió más de 38 acciones criminales.
“Tenemos contabilizadas más de 38 acciones contra la fuerza pública, contra la población civil, contra la infraestructura crítica y económica del Estado; es evidente en estos días del paro minero las diferentes acciones que han adelantado no solamente contra la población civil a través de la instrumentalización. Eso ha causado desabastecimiento, confinamiento, desplazamiento forzado”, dijo el general Giraldo a SEMANA.
Agregó que “las intenciones de este grupo eran la de quemar estaciones de policía, quemar alcaldías; vimos de manera evidente cómo quemaron un peaje y cómo violaron el Derecho Internacional Humanitario a través de la quema de dos ambulancias; una de ellas transportaba una paciente”.
Para buena parte del país, el grupo no es más que un cartel de drogas que impone terror en sus habitantes. Pero ellos no se ven de esa manera. Según The Washington Post, “Jerónimo y sus camaradas argumentan que deben ser considerados un grupo armado político como cualquier otro en Colombia”.
Jerónimo es un desertor de las Farc que se aburrió de la lucha marxista y para evitar que lo mataran por desertar y volver a la vida civil, decidió unirse al bando enemigo: los paramilitares. Pero explica que la diferencia con los paras de antaño es estructural: ellos no apoyan al Estado en la lucha contra la subversión, sino que lo combaten. Y por esta razón, deben ser reconocidos como un grupo político. “Si seguimos con esta misma retórica de abandono, de corrupción, de persecución, de represión por parte del Estado, nosotros nos seguiremos defendiendo”, le dijo él al diario. “Y en la medida en que podamos trascender y ampliar el territorio, allá llegaremos”, puntualizó.