Un choque de trenes se podría presentar entre los entes de control más importantes del país, después de que la procuradora Delegada, Diana Margarita Ojeda, le envío una dura carta de 12 páginas al contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, en el que hace fuertes críticas al informe que presentó hace un mes sobre las irregularidades que se habrían presentado en el manejo del presupuesto de 24 EPS para el año 2020.
El contralor Rodríguez llevaba un par de semanas de regreso en el cargo, cuando citó a una rueda de prensa en el occidente de Bogotá para contar detalles de los impactos fiscales que ha dejado el escándalo de corrupción de la UNGRD y alertar una situación que hoy lo tiene en aprietos: las irregularidades en las que estarían involucradas varias Entidades Prestadoras de Salud con el manejo de 6 billones de pesos.
Por esos hechos, la Contraloría abrió un proceso fiscal contra las EPS por la destinación que le habrían dado a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2020, época que el mundo vivía una pandemia a causa del coronavirus. En ese informe, se conoció que hasta la Nueva EPS utilizó 40 mil millones de pesos para vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga, pilates, bonos de regalos, entre otros conceptos que no tienen nada que ver con la atención a la salud de sus afiliados.
Pero la Procuraduría no se quedó solo con el informe que presentó la Contraloría, sino que fue más allá, y por medio de la procuradora Diana Ojeda, realizó un estudio cuidadoso sobre la situación que se reportó en su momento y el cual habría tenido serias inconsistencias.
El pasado 27 de agosto, la procuradora Ojeda le envío un documento de 12 páginas al contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, en el que alertó que el informe sobre el manejo de los recursos públicos por partes de las EPS, tendría “inexistentes hallazgos fiscales”, y hasta “ausencia de rigor en la aplicación de las reglas contenidas en la Guía de Actuaciones Especiales de Fiscalización en el Marco de las ISSAI”.
Uno de los puntos que más llama la atención en el reclamo de la Procuraduría a la Contraloría tiene que ver con la controversia que generó los gastos que estaba haciendo la Nueva EPS con los recursos de la salud, sin embargo, dicho hallazgo habría tenido un giro.
Según el documento de la Procuraduría, la “entidad informó que los gastos señalados como irregulares fueron ejecutados con apego al ordenamiento jurídico vigente, esto es, con cargo al 10% de la UPC destinada por ley a los gastos de administración, y que obviamente no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que lo impida, el equipo auditor, inexplicablemente no realizó análisis alguno de la respuesta provista por la Nueva EPS y sin más, procede a concluir”.
Para la Procuraduría, el informe de auditoria cuestiona “sin sustento legal alguno”, que las EPS pagaron deudas de vigencias anteriores con los recursos de las UPC. Además, lo calificaron como un “grave desacierto}” al considerar que las Entidades de Salud les pueda resultar aplicable el principio de anualidad del Presupuesto General de la Nación.