El hacinamiento, la reincidencia y las serias fallas en la resocialización, son los problemas más complejos que se están viviendo en las cárceles del país, y los cuales ahora están siendo observados por las autoridades internacionales que asistieron a la Conferencia de Correccionales y Prisiones en Singapur.
Por representación de Colombia asistió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, quien entregó un preocupante panorama sobre lo que está ocurriendo en las cárceles de Colombia con la crisis humanitaria que deja un incremento en el hacinamiento, fallas en los programas de resocialización y tasas elevadas de reincidencia.
SEMANA conoció el documento que llegó hasta Asia en el que se detalló que actualmente hay más de 81 mil cupos carcelarios y en total hay más de 103 mil personas privadas de la libertad. De esta población hay 80 mil condenados y 27 mil en proceso. A eso hay que sumarle los detenidos en prisión domiciliaria y vigilancia privada.
Por lo que el magistrado Ibáñez advierte que de “las anteriores cifras reflejan una sobrepoblación global total de 33.872 personas y un índice de hacinamiento global de 35,8%. Hay CDT que tienen un índice de hacinamiento del 1.200%”. Y hasta recordó que la Corte Constitucional calificó con una tragedia humanitaria la situación por la que atraviesan los centros de detención.
Durante su intervención en la Conferencia Internacional de Correccionales y Prisiones en Singapur, el vicepresidente de la Corte Constitucional también alertó que Colombia se está quedando con el modelo de resocialización que se ha venido planteando durante años y que no muestra avances.
Ibáñez reveló que en un reciente informe se evidenció que en el “mes de junio de 2024, únicamente el 6,3% de las mujeres privadas de la libertad ha culminado sus estudios de educación superior, y en el caso de los hombres, la cifra incrementa es al 3,2%”.
Pero la crisis también se vive en los programas de resocialización que han resultado poco confiables en las cárceles. Según el reciente informe estadístico de marzo de 2023, el 89% de la población a cargo del Inpec participa principalmente en estudio y trabajo, pero las cifras podrían estar “sobredimensionadas” por los lineamientos de la Dirección General del Inpec, según el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.
“Los criterios de funcionamiento del sistema de oportunidades se traducen en que las personas privadas de la libertad no desarrollan actividades de resocialización de manera permanente, sean las actividades de su interés o las que se adapten mejor a sus conocimientos o aptitudes”, detalló el magistrado en su presentación.
Así mismo, salió a la luz una grave cifra sobre los condenados que vuelven a caer en las manos del delito, pues de las 79 mil personas privadas de la libertad que ya recibieron una pena, por los menos casi 20 mil son reincidentes, lo cual equivale el 24% de la población total.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez explicó en su ponencia que “estos elementos permiten comprender ampliamente el fenómeno descrito, situación que obliga al Gobierno Nacional a cambiar el enfoque y direccionar sus esfuerzos para optimizar las diferentes actividades de trabajo estudio y enseñanza que son ofertadas a la población privada de la libertad”.
Dentro de la lectura de ese complejo problema, el togado explicó que los mayores obstáculos para que una persona que salga de la cárcel regrese a la sociedad, está relacionado con la estigmatización social, el desempleo y la falta de redes de apoyo para este tipo de población.