Mientras las organizaciones ilegales no paran las masacres, continúan apareciendo cuerpos desmembrados en bolsas de basura y el vandalismo se toma las ciudades sin mayor respuesta de las autoridades, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a juicio de sus críticos, ha respondido con un discurso de debilidad y timidez ante la violencia.
En los más recientes episodios de alteración del orden público se ha visto a una fuerza pública temerosa a la hora de actuar, sin el respaldo de un Gobierno que en ocasiones se ve sin contundencia frente a quienes atentan contra el Estado.
Para la muestra, un botón: lo sucedido cuando el viceministro del Interior, Gustavo García, llegó presuroso a subirse a una tanqueta de la Policía para, al parecer, mediar en la captura de integrantes de la primera línea con el fin de evitar que fueran llevados ante las autoridades judiciales. Minutos después se vio al funcionario bajar de la tanqueta junto a los jóvenes que fueron liberados.
García aseguró que “en ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de las jóvenes, fue la Policía la que encontró que ellos no habían sido detenidos en flagrancia”. Esa declaración, lejos de apagar la polémica, generó más dudas. ¿Qué hacían funcionarios del Gobierno en medio de una diligencia exclusiva de la fuerza pública? ¿Por qué a los jóvenes les quitaron las esposas cuando llegó el viceministro?
Minutos antes de este episodio, la camioneta oficial asignada al director general de la Policía, el general Henry Sanabria, había sido vandalizada por miembros de la primera línea, sin que hasta el momento se conozca algún anuncio contundente por parte del Gobierno en rechazo a este ataque, ni que los responsables de este hecho hayan sido judicializados. Por el contrario, los funcionarios del Ejecutivo que hicieron presencia se pusieron del lado de los manifestantes, como el caso de la alta consejera para la juventud, Gabriela Posso, quien aseguró que “hay que desmontar el Esmad”.
Apenas una semana antes de este episodio, Bogotá vivió otro hecho de alteración al orden público en el que, nuevamente, la fuerza pública salió mal parada. En medio de una manifestación en el centro de la capital, los indígenas embera agredieron con puños, patadas, piedras, cristales, varillas metálicas y palos con clavos a varios uniformados. Los ataques dejaron 14 miembros de la Policía heridos.
La reacción del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, no pasó de dos trinos en los que condenaron los ataques, pero sin hacer un llamado de atención a los agresores. “La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la fuerza pública y civiles resultaron heridos”, expresó el jefe de Estado.
Lo más curioso es que apenas horas después de los ataques, el mandatario se reunió con los indígenas en la Casa de Nariño, lo que envió el mensaje de que acudir a la violencia y al vandalismo es el camino más efectivo para ser escuchado por el Gobierno.
Esta tibieza a la hora de condenar estos ataques ha estado precedida de un recorte del presupuesto asignado para Defensa y la Policía Nacional en 800.000 millones de pesos y una poda en la que salieron más de 50 generales de todas las fuerzas.
Masacre
Otro de los episodios en los que se ha visto la timidez del Ejecutivo a la hora de condenar a quienes atentan contra el Estado se dio tras la masacre de siete policías en Neiva, Huila. Durante su visita a este territorio y luego de recorrer la zona, el jefe de Estado no lanzó advertencias contra los grupos criminales que estuvieron detrás de este atentado, ni anunció algún plan de choque. Se limitó a explicar que este es el reflejo “del incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Gobierno, no lograr que esa región pueda prosperar como cualquier otra”.
“Lo que hemos dicho a la cúpula militar y policial es que entre más se hable de paz, más se debe elevar la guardia”, apuntó el mandatario.
Una situación similar ocurre con el asesinato de líderes sociales. El mismo Petro, que antes era vehemente con estos homicidios, ahora poco se pronuncia sobre este fenómeno criminal. Según Indepaz, van 37 líderes sociales asesinados desde el 7 de agosto de este año, cuando tomó posesión el nuevo Gobierno.
Para enfrentar la violencia en las regiones, el presidente, junto con sus ministros, ha venido instalando los llamados puestos de mando unificado. Sin embargo, la realidad es que con este mecanismo, básicamente, les han tirado la pelota a los alcaldes para que brinden las soluciones que se esperaría lleguen desde el Gobierno central.
Según lo explicó el propio Petro, la dirección de estas instancias recaerá sobre los alcaldes de los municipios en donde se instalen, “es el alcalde el que debe mandar las instituciones del Gobierno nacional localizadas allí”, incluidas las Fuerzas Militares.
Además, el mandatario descargó la responsabilidad en los altos mandos militares y policiales, a quienes les advirtió que “la comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida”.
Las críticas por la timidez del Gobierno para mirar a los ojos a quienes atentan contra la institucionalidad también han llegado por la invasión de predios. A pesar de que inicialmente el ministro de Defensa dio un plazo de 48 horas para que los invasores desalojaran, no se han tomado más medidas al respecto. Incluso pocos días después de ese plazo, los indígenas del Cric anunciaron: “Vamos a entrar a otras fincas”. Todo esto sin que hubiera respuesta desde la Casa de Nariño.
“La violación de los derechos a la vida, al trabajo y a la propiedad privada que se cometen con la invasión de tierras deben tener una respuesta efectiva por parte del Estado y eso se llama judicialización”, aseguró el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, durante un debate en el Congreso.
El líder de los agricultores del país instó al Gobierno nacional a que se hagan efectivos los actos que ordena la ley ejecutar para restituir los predios invadidos. “Entiendo lo que dice el ministro de Defensa de que durante las 48 horas siguientes se debe desalojar, pero es que durante esas 48 horas les queman los cultivos y les matan los animales al dueño del predio y, además, el propietario tiene que ir hasta la Policía Nacional para pedir el desalojo. ¿Y mientras tanto quién le cuida el cultivo?”, cuestionó Bedoya, quien agregó: “Por eso no podemos permitir que el Estado no responda con contundencia y de manera inmediata ante la comisión de un delito”.
Sin embargo, la respuesta del mismo Petro parece en ocasiones justificar este fenómeno. “Este tema de la ocupación lo que demuestra es una inmensa necesidad social que ante todo hay que analizar, la ocupación no es porque se quiera, es porque se necesita”, sostuvo el mandatario, quien agregó de inmediato que “no quiero incentivarla, no debe suceder”.
Está claro que detrás de este discurso, tal como lo explicó el escritor y analista político Hernando Gómez Buendía, hay una nueva doctrina en la que la mayor presión recae sobre la fuerza pública. “La escogencia de Iván Velásquez como Ministro de Defensa apunta exactamente en esa dirección: defensor de derechos humanos y fiscal anticorrupción, comenzó por decir que su tarea no es dirigir operaciones militares, sino ejercer el control civil sobre la fuerza pública”.
Pero también estos mensajes del Gobierno se enmarcan en la llamada paz total, en la que Petro, más que confrontar con la criminalidad, busca tenderle la mano para sentarse a dialogar.
Sin embargo, ha causado inquietud la ausencia de respaldo a una fuerza pública que parece estar quedando con las manos atadas. El Estado debe someter a la criminalidad y garantizar la seguridad y tranquilidad de los colombianos.