Hace cuatro años, el 26 de marzo de 2018, fueron asesinados los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo del diario El Comercio de Ecuador, quienes habían sido secuestrados por disidentes de las Farc. Los hechos ocurrieron en la provincia de Esmeraldas (Ecuador), donde los periodistas fueron retenidos por integrantes del grupo residual.
Dos años después, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez condenó a 28 años y ocho meses de prisión al disidente de las Farc Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, por el secuestro y homicidio de los comunicadores. Luego también fue condenado Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Sin embargo, tras cuatro años desde que se cometió el homicidio, siguen presentes varias deudas en términos de verdad, justicia y reparación.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado el pasado 24 de marzo en el que advirtió que “la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta”. Esta organización, encargada de hacerle seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa, aseguró que aunque ha habido logros en términos de condenas, “son pocos los avances en cuanto a la verdad” sobre el crimen de los periodistas ecuatorianos.
“Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico”, señala el comunicado de la FLIP.
En marzo de 2018, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra viajaron a Mataje, en la frontera con Ecuador, donde a las 10:00 a. m. fueron interceptados por hombres al mando de alias Guacho, quien ordenó su secuestro. Horas después, el Gobierno ecuatoriano confirmó el secuestro y el 3 de abril se publicaron pruebas de supervivencia en varios medios de comunicación.
El 13 de abril, el presidente ecuatoriano de ese momento, Lenín Moreno, comunicó que el equipo de El Comercio había sido asesinado y declaró cuatro días de luto, mientras se reforzaron operaciones militares en esa zona fronteriza. Sin embargo, no fue sino hasta el 21 de junio de ese año cuando autoridades colombianas encontraron los cuerpos en zona rural de Tumaco.
Según las versiones recogidas por la Fiscalía, alias Reinel fue el encargado de custodiar a los comunicadores hasta que “alias Guacho, entonces cabecilla de la estructura disidente, ordenó asesinarlos”. Entre tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) insiste en que el Estado colombiano se ha negado a responder preguntas clave del caso, como las siguientes:
- ¿Cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?
- ¿Por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?
- ¿Por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?
- ¿Qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?
La FLIP también argumenta que los testimonios de los dos procesados ―Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry― no han cumplido su función de verdad y reparación. “(...) Lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos”, señaló la organización.
“La Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos”, reiteró la FLIP, que hizo énfasis en la importancia de que la Fiscalía avance en la investigación y adopte medidas para evitar impunidad en el caso.