Luego de la polémica que ha generado en diversos sectores el primer informe emitido por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado y sus recomendaciones para el Estado colombiano, la entidad hizo un primer balance sobre su implementación.

De acuerdo con la Comisión, de las 67 recomendaciones hechas en el informe de la Comisión de la Verdad, 39 están dirigidas específicamente al Congreso de la República. De esas 39 recomendaciones, 16 se han incorporado en los proyectos de ley, mientras que 23 no han sido incluidas en la agenda legislativa.

Al respecto, la Comisión señala que “en el trámite legislativo, los partidos y el gobierno han sido estratégicos al incluir recomendaciones que se alinean con sus propios intereses”.

Así mismo, señala que de los 676 proyectos de ley que se radicaron durante la legislatura anterior, “se identificaron un total de 77 proyectos de ley radicados desde el 28 de junio de 2022 hasta el 16 de junio de 2023, que están relacionados, de manera directa o indirecta, con las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV. Del total de los proyectos, solamente 14 mencionan de manera explícita a la CEV o a su informe, mientras que los 63 restantes no lo hacen”.

De esos 77 proyectos, dice la Comisión, 9 fueron de iniciativa gubernamental, 67 de iniciativa legislativa y 1 radicado por otras entidades (en este caso, de un proyecto de ley radicado por la Contraloría General de la República). “Este panorama podría indicar que, a pesar de la voluntad del Gobierno de implementar las recomendaciones, los proyectos de ley presentados durante la legislatura analizada por los diferentes ministerios no han profundizado de igual manera en dichas recomendaciones”.

La Comisión señala que aunque se han incluido algunos de los aspectos de su informe en los proyectos de ley que han sido radicados en el Congreso, hay un “estancamiento de la agenda legislativa en relación con las recomendaciones”.

“De los 77 proyectos identificados, 15 aún están en la fase de radicación y solo se ha publicado la ponencia del primer debate para 30 de ellos”, advierte la Comisión en su primer informe sobre la implementación de sus recomendaciones.

Así mismo, señala que el Pacto Histórico, partido al que pertenece el presidente de la República, es el que ha presentado más proyectos de ley, incluyendo sus recomendaciones, le siguen el Partido Liberal, Alianza Verde y el partido Comunes.

“Se puede destacar el esfuerzo de algunos partidos políticos por radicar proyectos de ley que integren las recomendaciones, mientras que también es notorio el esfuerzo de otros por oponerse a estas iniciativas”, dice la Comisión.

“La oposición a los proyectos de ley que incorporan las recomendaciones en el Congreso suele provenir de los mismos partidos. Habitualmente, son los miembros de partidos de derecha como Cambio Radical, Centro Democrático y, en algunos casos, el Partido Conservador”, agrega el informe.

Padre Francisco De Roux en la ONU | Foto: ONU

Por otro lado, los temas más recurrentes en los proyectos de ley que incluyen recomendaciones de la Comisión están relacionados con la implementación de la paz, la seguridad, la defensa y la fuerza pública. Esto concuerda con los temas principales de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Específicamente, los principales temas abordados en los proyectos de ley están relacionados con las recomendaciones sobre el Régimen Político y la Paz Territorial.

La Comisión, con el fin de enfatizar el análisis de algunos proyectos de ley considerados de especial importancia para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, realizó un seguimiento más detallado de la trayectoria de 4 proyectos de ley: la Ley de Paz Total, la Jurisdicción Agraria, el proyecto de ley sobre el Cannabis de uso adulto y el Ministerio de la Igualdad.

La Comisión también se refirió en su balance a la no aprobación del capítulo 8 del Plan Nacional de Desarrollo que establecía la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) de forma progresiva por parte de las entidades competentes de todo el país. Asegura que hubo desconocimiento e interpretaciones incorrectas sobre los alcances de este articulo.

“Algunos legisladores se opusieron a su adopción, siguiendo la lógica que han mantenido en constante oposición al Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, otros sectores institucionales manifestaron críticas que no parecían reflejar un entendimiento adecuado de su contenido y alcance”, dice la Comisión.

La Comisión aseguró que no era cierto, como se afirmó durante el trámite del PND en el Congreso, que este artículo integraría automáticamente todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad al ordenamiento legal y constitucional.

“Tanto la propuesta de la Comisión, como la del Gobierno Nacional, fueron cuidadosas al precisar que la adopción de las recomendaciones se efectuaría dentro del marco de competencia de cada institución y bajo criterios de viabilidad, capacidad y progresividad”, dice el documento.

“A pesar del resultado adverso, este proceso ha revivido la deliberación pública sobre el informe de la Comisión de la Verdad, sus hallazgos más graves y sus importantes recomendaciones para evitar la repetición de la violencia masiva y sistemática que ha sufrido Colombia. Ahora, existe una mayor conciencia de que la implementación de las recomendaciones enfrenta más obstáculos de los inicialmente previstos, lo cual reafirma la necesidad de un compromiso de trabajo más arduo de las diferentes corrientes del movimiento por la paz en Colombia para avanzar hacia una nueva sociedad”, agrega la Comisión.

El informe de la Comisión de la verdad

El pasado 28 de junio del 2022, fue presentado públicamente el primer informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. El documento recoge relatos, experiencias y testimonios de las víctimas de la violencia y de delitos que van de la mano de este flagelo, con el fin de dar un paso clave hacia la construcción de paz en Colombia, por lo cual hizo una serie de recomendaciones y sugerencias.

Su elaboración comenzó con la creación de la Comisión de la Verdad, como parte de los compromisos tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016.

Pasaron más de tres años para que se compartiera los hallazgos. De hecho, debido a la pandemia, el proceso tuvo una extensión de tiempo, pero finalmente el documento salió a la luz; resultado de más 23.000 horas de investigación, 14.000 entrevistas, 1.100 informes y otras evidencias. En resumidas cuentas, la Comisión analizó el conflicto colombiano entre 1958 hasta 2016, en menos de cuatro años.

El documento, que contiene dolorosas revelaciones sobre la degradación a la que se llegó en medio de la guerra en Colombia, acumula en 11 capítulos los procesos de reconciliación que se llevaron a cabo y en donde campesinos, comunidades afros e indígenas, población LGBTIQ, empresarios, profesores, comerciantes, personas exiliadas, exguerrilleros, exparamilitares, exnarcotraficantes, miembros de la fuerza pública, académicos, exvicepresidentes, periodistas, artistas o “cualquier actor que se acercó a dar su versión de manera voluntaria” están presentes.

En la introducción del documento, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, aseguró que durante cuatro años se recolectaron declaraciones de cerca de 30.000 víctimas del conflicto armado interno, muchos de ellos en el exilio, pertenecientes a las minorías sociales y que habitaban los departamentos más alejados, en los cuales, la presencia del Estado durante décadas brilló por su ausencia.

Polémica por recomendaciones de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad entregó una serie de recomendaciones que debería implementar de manera gradual y progresiva el Estado Colombiano, principalmente, para evitar que se repitan los dolorosos hechos acontecidos durante el conflicto armado colombiano.

Sin embargo, muchas de estas recomendaciones han generado polémica en diferentes sectores sociales y políticos, entre las más controvertidas está por ejemplo la que tiene que ver con desclasificar archivos de inteligencia y activar un mecanismo de control judicial de las decisiones de negativa a entregar información debido a reserva por razones de inteligencia o seguridad nacional.

Entre las propuestas en este asunto está derogar la disposición de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que establece un término de reserva de 30 años, y “mantener vigente como único plazo máximo de reserva el de 15 años, no prorrogable, establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”.

El documento critica la “militarización” que por años ha imperado en las políticas públicas con relación a los jóvenes, por lo que propone también la eliminación del servicio militar obligatorio que existe en Colombia desde 1886.

La Comisión de la Verdad le solicitó también al Estado realizar las acciones pertinentes para que no se presenten violaciones y afectaciones a la vida e integridad de los ciudadanos durante jornadas de protesta, por lo que se propone la reforma o eliminación del Esmad. Específicamente el capítulo 3 del documento de 896 páginas, titulado ‘Hay futuro si hay verdad’, se ponen de presente recomendaciones a corto, mediano y largo plazo con el fin de garantizar la protesta social en Colombia y la seguridad de los manifestantes.

“La reforma o eliminación del Esmad e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales. Es necesario, igualmente, garantizar el cumplimiento de los estándares sobre uso de la fuerza por parte de instituciones policiales”, señala la Comisión.

Con el fin que no se repitan prácticas como los “falsos positivos”, la Comisión manifestó la necesidad de hacer cambios en las Fuerzas Militares y de Policía. “Al Estado y a la sociedad les pedimos tomar una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz, centrada en las personas y la protección de los seres humanos, la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo, para un Ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, a la justicia restaurativa”.

Entre otras, la Comisión también recomienda no usar más glifosato para la eliminación de los cultivos ilícitos.

Otras recomendaciones de la Comisión:

  • A los colombianos y colombianas sin distinción, acoger las verdades de la tragedia de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de No Matar por ningún motivo a nadie.
  • Reconocer a las victimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias. Ya comprometernos con la reparación integral.
  • Mirar críticamente la historia e incorporar la memoria del sufrimiento y la lucha por la paz para hacer posible la no repetición y el nunca más.
  • Pedimos a los jóvenes, encarar la verdad y construir la nación nueva que está en sus manos. Y a no colaborar en nada que profundice la muerte y el odio y la desesperanza
  • A la sociedad y el Estado, implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz.
  • Al Estado, tomar la iniciativa para la paz con el ELN y los otros grupos armados,
  • Ya las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, ELN, disidencias y demás insurgentes en la guerra, escuchar el clamor de del pueblo que pide “parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo desde la diversidad de metodologías y situaciones regionales.
  • A todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público, y la participación incluyente y deliberativa y el respeto a la movilización como expresión de derechos.
  • A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento; proteger a las victimas y jueces que participan en los procesos.
  • Al gobierno, la Fuerza Pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el estado, la política y la economía y encararlo como nación. Desarrollar el instrumento de investigación para enfrentar al sistema de alianzas e intereses involucrados. Cambiar la política de guerra que ataca en el campesino al eslabón más débil. Resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública para buscar soluciones éticas, educativas, y económicas, y poner en marcha una estrategia de regulación donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar liderazgo.
  • Al Estado y la sociedad, establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz, centrado en las personas y la protección los seres humanos y la naturaleza sobre la base de confiar en el pueblo y para un ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos. Donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino vivos, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa.
  • A la burocracia estatal y administradores públicos y privados, rechazar y acabar con la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades gracias al control de la sociedad y la sanción eficaz para detenerla.
  • Al Estado y, particularmente, al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, dar prioridad a garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades sin exclusiones, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra.
  • A todos los colombianos dar a los campesinos el lugar que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo y las condiciones acordadas en la reforma rural integral.
  • A la Nación, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha dado a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos RROM, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y a hacer de sus culturas parte sustantiva de la identidad de nosotros y nosotras como colombianos.
  • A todas y todos, respetar en igualdad de dignidad, las diferencias de mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad para incluirnos en un nosotros colectivo en la diversidad.
  • A las naciones amigas, a quienes agradecimos la compañía en la solidaridad con las victimas y en la negociación de paz pedimos ayudarnos a hacer de Colombia un ejemplo mundial de reconciliación. Dejar de vernos como país en conflicto que necesita instrumentos para sobrevivir en el conflicto. Hemos sufrido sesenta años de guerra. No nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Pedimos apoyarnos en todo lo que hace florecer la vida y en la confianza apóyennos en la amistad de las naciones en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta.
  • Pedimos la sociedad, asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron hasta la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad. Pedimos emprender el dialogo para construir desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de vida, una ética pública, basad en la dignidad igual de todos y todas.
  • A los líderes religiosos reflexionar sobre ante el vacío y perplejidad espiritual de un pueblo de tradiciones de fe, sumido en una crisis humanitaria de desconfianzas y muerte y atrapado en los comportamientos de la guerra. Y a tomar con decisión la misión de reconciliación de la Iglesia católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos hombres y mujeres de las tradiciones indígenas afrocolombianas y campesinas.