“Los líderes sociales y defensores de derechos humanos cumplen una labor muy importante para el desarrollo de los territorios”, afirmó Soraya Osorio, directora regional para Sudamérica de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad). Destacó el trabajo que vienen realizando desde el proyecto Somos Comunidad –una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementada por Fupad– para mejorar la cohesión social y la respuesta de los sistemas de seguridad a las necesidades de la ciudadanía.
Por medio de la articulación con entidades estatales, Somos Comunidad promueve iniciativas rurales de convivencia ciudadana, construyendo confianza entre las comunidades y las autoridades locales para prevenir y responder eficazmente a la violencia. Actualmente, se encuentran vinculados diez municipios piloto: Santander de Quilichao, en el Cauca; Tumaco, en Nariño; Sardinata, en Norte de Santander; Valencia y Tierralta, en Córdoba; Cáceres y Caucasia, en Antioquia; y Carmen de Bolívar, El Guamo y San Jacinto, en Bolívar.
Durante este evento digital –organizado por USAID, Fupad, Foros Semana y la Universidad del Rosario–, también se reconoció la valentía de los líderes sociales en las regiones. Carlos Mario Pineda, personero de Tierralta, explicó que son ellos los que cuidan los ecosistemas y luchan para que lleguen los profesores y médicos a los territorios. Sin embargo, advirtió, con gran preocupación, sus derechos son vulnerados por los grupos criminales y recalcó la falta de recursos de los municipios de sexta categoría para brindarles protección. “Presupuestalmente, es irrisorio para poder crear unas instancias de protección”, sostuvo.Las amenazas y estigmatizaciones se han convertido en el peor enemigo de estos líderes.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de este año han asesinado a 128 líderes sociales. Una cifra que muestra la urgencia de implementar acciones eficaces que garanticen su seguridad. Sin embargo, Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, señaló que no todos los líderes sociales amenazados denuncian o solicitan protección: “No se atreven en muchos casos porque afirman que pueden ser estigmatizados y su vida correr mayor riesgo”.
Por su parte, Juan Gabriel Peñaranda, personero de Sardinata, sostuvo que los equipos destinados para estos requerimientos en los territorios están saturados y no pueden atender todas las solicitudes de los líderes. Además, añadió, existen inconvenientes administrativos que imposibilitan que las denuncias se hagan de manera efectiva y con los resultados esperados. Ante esta realidad, desde los municipios piloto se desarrollan mesas de escucha e implementan rutas integrales que permitan un seguimiento puntual a los casos reportados por los líderes.
Alexánder Jaimes, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, precisó que las mesas territoriales de garantías son un instrumento y un mecanismo vital para el desarrollo y defensa de los derechos humanos en los territorios. Una premisa que compartió Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, y aseguró que hay que mejorar el sistema de alertas tempranas.
Además de los esfuerzos de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia con la creación de 11 juzgados en las zonas rurales del país, “se necesita fortalecer esas acciones para obtener resultados oportunos en la investigación, judicialización y sanción. De aquí se deriva esa línea de garantías de no repetición”, advirtió.
El encuentro finalizó con un llamado a seguir apoyando las acciones lideradas por la comunidad para fortalecer la cohesión social y los sistemas de seguridad locales. De esta manera, se avanza en la construcción de paz y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el territorio nacional.