Minutos después de denunciar que en la Unidad para la Gestión del Riesgo hay funcionarios que estarían desapareciendo información del caso, la Fiscalía hizo otra dura advertencia y dijo que en la UNGRD y otras entidades públicas, “hay una banda delincuencial” que estaría saqueando los recursos a través del direccionamiento de los contratos.
Esa denuncia se convierte en la razón fundamental para insistir en una medida de aseguramiento un centro carcelario contra los implicados en este escándalo: Olmedo López y Sneyder Pinilla que, de acuerdo con la Fiscalía, mantienen poder político, económico y en la opinión pública, que podría afectar de alguna manera la investigación.
“Para evitar la obstrucción a la justicia y la continuidad de la actividad delictiva, pues de encontrarse en libertad, existe un grado de probabilidad que retorne en la actividad criminal en contacto con otros integrantes de la banda delincuencial, no solo al interior de la UNGRD sino de otras entidades públicas para apropiarse de dineros del Estado, dineros oficiales con el direccionamiento de la contratación”, dijo la Fiscalía.
Como si fuera poco, la Fiscalía también hace una denuncia respecto de que funcionarios en la entidad hay funcionarios que estarían vinculados a la organización criminal y que estarían eliminando información relevante para toda la investigación, de ahí que resulta necesaria la medida de aseguramiento en contra de los exdirectivos.
“Lo anterior su señoría, conduce claramente a inferir que actualmente en la UNGRD existen funcionarios o contratistas vinculados con la organización criminal que están desapareciendo o modificando material probatorio necesario para esta y otras investigaciones”, señaló la Fiscalía.
La Fiscalía solicitó que Sneyder Pinilla y Olmedo López, los exdirectivos de la UNGRD, además del contratista, Luis Eduardo López, sean enviados a una guarnición militar en razón de su colaboración y del riesgo que corren como testigos de esta investigación, además de las amenazas que han recibido.
“La adulteración de las pruebas estamos señoría frente a un asunto que requiere atención prioritaria dadas las calidades de los investigados su poder e influencia política económica e incluso frente a la opinión pública la gravedad y modalidad de las conductas que desarrollaron con la concurrencia de otros funcionarios y particulares del entramado de corrupción de la UNGRD aún no vinculados procesalmente que hace urgente alejar a los aquí imputados del entorno”, dijo la fiscal.
Luego de la solicitud que hizo la Fiscalía, de que los dos directivos y el contratista de la Unidad para la Gestión del Riesgo, fueran enviados a una guarnición militar, el juez le dio la palabra a la Procuraduría que no se opuso a la petición del ente acusador y se fijó una nueva fecha para escuchar los argumentos de las víctimas y la defensa de los imputados. Después se conocerá la decisión del juez y Olmedo López y Sneyder Pinilla, llegarán a una guarnición militar.