La Corte Constitucional, en su Sala Plena, acaba de darle apoyo a una ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que pedía declarar el estado de cosas inconstitucionales en uno de los puntos de la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno.
Para el pronunciamiento, la Corte recopiló y revisó varias tutelas de al menos cinco firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación que integran la Cooperativa Multiactiva Frontera Sur de Tallambí, en Cumbal. Ellos pusieron en marcha proyectos productivos como la cría, reproducción y comercialización de ganado porcino y el cultivo de caña y maíz, entre otros.
“Es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes de un acuerdo de paz hayan sido asesinados tras un proceso que puso fin a medio siglo de guerra, pues esta cadena de crímenes socava la confianza de los reincorporados en el Estado, al que durante tantos años combatieron”, señala la ponencia.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) entregó este a finales de 2021 un informe sobre los avances del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016.
De acuerdo con el organismo, unos 292 excombatientes de esa exguerrilla han sido asesinados en Colombia después de dejar las armas.
Desde junio de este año, el organismo ha detectado “el asesinato de 14 excombatientes de las FARC-EP (todos hombres), lo que eleva la cifra a 292 (entre ellos nueve mujeres) desde que se firmó el acuerdo”.
El informe, revelado a poco menos dos meses del quinto aniversario del acuerdo definitivo para desarmar a las FARC, advierte sobre el riesgo de la violencia contra estas personas.
La ONU observa “un importante deterioro de la seguridad de las y los excombatientes en Cauca, Nariño y Valle del Cauca (los tres en el suroeste del país), departamentos que concentran más de un tercio del total de los asesinatos”.
“Las partes, la sociedad colombiana y la comunidad internacional no deben ignorar los importantes retos y factores de riesgo” que enfrenta el acuerdo “en el largo plazo, entre los cuales sobresale la violencia en varias regiones del país”, estima el secretario general de la ONU, António Guterres, citado en el documento.
Tras firmar la paz el 24 de noviembre de 2016, unas 13.000 personas, incluidos 7.000 combatientes, se desmovilizaron bajo la supervisión de la ONU para ingresar a la vida civil y formar un partido político llamado Comunes.