La justicia tiene los ojos puestos sobre un millonario fraude realizado en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), luego de que SEMANA reveló una maniobra con la que dos vicepresidentes supuestamente torcieron las normas de contratación para dejar una cartera de 131.433 millones de pesos en 68.435 millones, un valor irrisorio que deja en evidencia una pérdida para el Fondo de cerca de 63.000 millones. Pero ahora hay un nuevo capítulo: por este hecho, la Fiscalía acaba de vincular a un proceso y llamar a interrogatorio a quien fue presidente de la entidad, Helmuth Barros Peña.
Los hallazgos de la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública resultan preocupantes, pues comprometerían a quien fue la principal cabeza de la entidad, que maneja cientos de miles de millones de pesos que los colombianos depositan de buena voluntad en el Fondo Nacional de Ahorro, pero estarían tomando un destino diferente: los bolsillos de altos funcionarios.
El caso ha escalado a las más altas instancias investigativas, pues por el monto y destinación social de los más de 60.000 millones, ya lo comparan con el de Centros Poblados, un fraude de talla similar, que comprometía la instalación de quioscos digitales en zonas alejadas del país para llevar internet especialmente a las instituciones educativas rurales.
Los argumentos que tiene la Fiscalía para citar a Helmuth Barros Peña son sólidos. Según conoció SEMANA con fuentes judiciales, “en calidad de presidente del FNA celebró contrato de compraventa con la firma Disproyectos, el 20 de noviembre de 2017, por más de 68.000 millones de pesos, cuando su valor real correspondía a más de 130.000 millones”.
Según los documentos en poder de este medio, el director estuvo presente y tuvo conocimiento de las actividades que se venían haciendo en torno a la negociación de la cartera, teniendo en cuenta las actas de reunión en las cuales asistió. El punto más preocupante para la Fiscalía, que ahora tiene al expresidente en la mira, es que “el señor Barros omitió su deber legal de verificar si el trámite y aprobación de la venta de la cartera realizado por las dependencias y funcionarios de la entidad eran acordes con las exigencias y requisitos contenidos en los manuales, resoluciones y disposiciones que regulan el tema”.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, y si no fuera por las pesquisas de la Fiscalía, este oscuro negocio habría pasado desapercibido. Sus autores fabricaron una cortina con apariencia de legalidad en la que incluso modificaron el manual Sarc (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), de tal manera que en la transacción no se notaran las irregularidades.
La explicación, aunque técnica, deja sobre la mesa la decisión de no acogerse al Sarc para hacer la millonaria entrega de la cartera del Fondo Nacional del Ahorro. A la revisión de documentos y transacciones que hicieron con lupa los investigadores de la Fiscalía, para desenredar la movida que habrían creado para apropiarse de los millonarios recursos, se suma un informe de la Superintendencia Financiera en el que señala que “la aprobación de la venta de la cartera no fue a través del comité de cobranzas, como era su deber, sino que se hizo a través de un grupo interdisciplinario”.
Dicha aprobación debió contar con la venia de la junta directiva y esto nunca sucedió. La Procuraduría, por este mismo caso, también había sancionado a Helmuth Barros.
Por estos hechos, la Fiscalía llevó ante un juez e imputó cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación al entonces vicepresidente financiero Milton Bustos y a la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas, quienes siguen trabajando en la entidad en otras labores.
Las actuaciones de estos dos vicepresidentes, dice la Fiscalía, fueron aberrantes y llevaron a que “cuando se vendió la cartera hipotecaria, el Fondo perdiera más de 60.000 millones de pesos por su ilegal actuar, realizado de manera consciente y con conocimiento de que su conducta era contraria a derecho”. Nuevamente, la plata de los colombianos está refundida, y solo queda esperar que, al fin, llegue la justicia.