Para el próximo 27 de julio quedó programada la audiencia en la que se conocerá, por fin, la sentencia en contra de Ramón Eduardo Palomino López por su responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo con usurpación de inmueble, estafa agravada y obtención de documento público falso.

Pese a que Palomino aceptó cargos en diciembre de 2020, solamente hasta ahora se emitirá la decisión judicial de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El procesado -quien es medio hermano del exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino- fue señalado por la Fiscalía General de ser el articulador de la denominada banda de Los Oportunistas, la cual se dedicaba a la venta de bienes inmuebles con documentación falsa.

En el marco de la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso señaló que Palomino López estafó a propietarios de viviendas o lotes desocupados, con problemas económicos o que estaban en abandono por la salida de la ciudad o del país de sus ocupantes, para venderlos en el mercado. Para esto, incurrieron en engaños y adquirieron documentos públicos falsos, entre estos, escrituras.

Acto seguido, vendían a terceras personas los bienes que no les pertenecían. En el desarrollo de la investigación se advierte que iniciaron acciones civiles para acreditar la posesión de las mencionadas casas o de los lotes en la capital de la República.

El primer hecho acreditado se presentó en 2011. Palomino López –según rezan las pruebas– convenció a una mujer para que le otorgara un poder. De esta manera, pudo levantar una hipoteca que pesaba sobre una casa.

Con este documento, radicó escrituras falsas en una Oficina de Instrumentos Públicos y tituló la vivienda a otra persona que hacía parte de esta organización delictiva. Dicho inmueble –como dicen los documentos de catastro– fue vendido en 300 millones de pesos a un tercero. En este caso se generaron dos estafas, puesto que el bien nunca se entregó oficialmente y la dueña del predio nunca recibió un solo centavo.

El fiscal del caso indicó que un lote aledaño fue vendido de manera irregular por 135 millones de pesos en el año 2012. Palomino utilizó el mismo modus operandi, puesto que esa vivienda se le fue “vendida” a un integrante de la misma organización ilícita.

Tres años después, es decir, en 2015, cuando se apropió una vivienda en la capital de la República. Sus legítimos dueños habían viajado a Huila mientras pasaba el periodo de aislamiento preventivo obligado por la pandemia de la covid-19.

En este caso, Ramón Eduardo Palomino López habría violentado las cerraduras de las puertas del inmueble e hizo una ocupación física del mismo. Poco tiempo después empezó a sacar los muebles y enseres, consiguiendo un documento falso que lo acreditaba como propietario desde el año 2015.

Por estos mismos hechos enfrenta un proceso penal, Alejandro Pacheco Ramírez, quien sería el otro integrante de la organización criminal, encargado de hacer la compra ficticia de los bienes inmuebles con el fin de materializar la estafa.