Los daños ambientales, económicos y sociales originados por la emergencia en el proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango) generaron un verdadero cortocircuito. Era claro que el desastre ambiental causado con la reducción del caudal del río Cauca, en la segunda semana de febrero, no sería el último capítulo en la historia de la emergencia de este proyecto hidroeléctrico, que ya va a cumplir diez meses. Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvo que cerrar las compuertas de la casa de máquinas –por donde circulaba el agua del río Cauca para retomar su cauce– con el objetivo de evitar el colapso de la estructura interna de la obra. Pero al hacerlo causó una tragedia ambiental que la empresa considera mitigable y reversible, aunque para algunos expertos el río y sus ecosistemas nunca volverán a ser los mismos. Puede leer: Qué tan grande es la catástrofe ambiental en esta nueva crisis de Hidroituango En los días recientes las aguas del Cauca han venido recuperando su nivel, pero de todos modos este hecho volvió a encender las alarmas. Y sobre todo, puso la lupa de las autoridades de vigilancia y control sobre el proyecto y las entidades que han participado en su desarrollo, para determinar las responsabilidades que condujeron a esta contingencia. Tras la emergencia ambiental, el procurador general, Fernando Carrillo, anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra los miembros de la junta directiva y ejecutivos de EPM, y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Su entidad comenzó a practicar pruebas para determinar presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la gestión de vigilancia y control del proyecto, o con la toma e implementación de decisiones al gestionar y atender la contingencia.
FERNANDO CARRILLO Procurador general. Por su parte, la Contraloría General de la República inició un control excepcional a Hidroituango, a cargo de Ricardo Rodríguez Yee, contralor delegado de Minas y Energía y hoy vicecontralor (e). Esta entidad adelantará labores de vigilancia respecto de la planeación del proyecto, la contratación celebrada y su ejecución financiera, al igual que el impacto y posibles riesgos que puedan generar un daño al patrimonio del Estado. Con ello busca establecer la actual situación financiera de la obra y revisar la planeación, celebración, ejecución y proceso de decisión de los contratos que comprometen los recursos de Hidroituango. El control excepcional busca determinar el presunto detrimento patrimonial para el departamento de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), el municipio de Medellín, a EPM y el patrimonio de la Nación, por presuntas deficiencias en el proyecto.
RICARDO RODRÍGUEZ Vicecontralor (e) Al efecto deberá definir responsabilidades en decisiones clave como la adjudicación del contrato de obra, en 2012, al Consorcio Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H. Este aspecto ha recibido cuestionamientos y es una de las líneas de investigación de la Fiscalía General. También definir las causas de los retrasos en la desviación del río Cauca, programada para 2013, pero solo efectuada un año después. Pero tal vez una de las tareas más relevantes de investigación tiene que ver con la firma del plan de aceleración, aplicado en 2015 para no perder los beneficios del cargo por confiabilidad y evitar sanciones por incumplimientos graves e insalvables. En el ojo del huracán estarán las gobernaciones de Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Luis Pérez; y las alcaldías de Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez y Alonso Salazar. Alta tensión Mientras las autoridades inician sus investigaciones, Hidroituango y EPM generan incertidumbre y nerviosismo en otras áreas. Una de ellas surgió por un anuncio que sacudió el mercado de energía del país: EPM notificó su interés en participar con la energía de este proyecto en la subasta de cargo por confiabilidad de finales de febrero. Parecería un contrasentido, pues como había advertido el gobierno, el interés de la subasta era cubrir la energía que no atenderá Hidroituango en el corto plazo y darle confiabilidad energética al país en los próximos años. De hecho, por la situación del proyecto, el gobierno prevé dificultades de oferta de energía a partir de 2022. EPM estima que en tres años estará funcionando esta central, pero hoy no ha recobrado el control del proyecto y nadie conoce aún el estado de la casa de máquinas. Para Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), resulta paradójico que con el anuncio de EPM, el mismo proyecto de Hidroituango tenga una alta probabilidad de salir ganador de la subasta, “algo que genera incertidumbre para el sistema eléctrico nacional”. Al gremio le preocupa que con la decisión de EPM de participar en la subasta, el sistema eléctrico pueda verse altamente expuesto a cualquier tipo de eventualidad. En efecto, el proyecto todavía está en riesgo y se desconoce su estado real. De continuar con la subasta, el país podría tener una sobreinstalación de energía que impactaría a los usuarios, que enfrentarían alzas en la tarifas porque tendrían que cubrir los costos de la nueva infraestructura, vía el cargo por confiabilidad. Le recomendamos: Hidroituango qué viene ahora Además, la participación de Hidroituango podría transformar el escenario de la subasta. De hecho, Sloane Energy, dueño del proyecto termoeléctrico La Luna –con una capacidad de más de 1.000 megavatios y un valor cercano a los 1.400 millones de dólares– , decidió no ir a la subasta cuando supo de la participación de Hidroituango. “Esta coyuntura ha provocado desconfianza e incertidumbre en los inversionistas del proyecto y ha incrementado los riesgos existentes de cara a la financiación de este tipo de proyectos”, dijo la empresa en un comunicado. Pero este no es el único cortocircuito. En el campo social, más allá de los municipios antioqueños, aguas abajo los pobladores de la costa Caribe afectados por el impacto están en pie de lucha.
DUMEK TURBAY Gobernador de Bolívar Liderados por Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, y por representantes de las gobernaciones de Sucre y Córdoba, y de los municipios de La Mojana sucreña y bolivarense, ya empezaron a hacerse sentir. Escribieron un documento de soporte jurídico para iniciar una demanda contra Hidroituango por los daños y perjuicios contra los ecosistemas, y por el impacto en actividades como la pesca, así como las afectaciones en cultivos, por la disminución del caudal del Cauca, y por consiguiente del río Magdalena. Turbay anunció que solicitará a la Anla y al Ministerio de Ambiente cancelar la licencia ambiental de Hidroituango. Esa medida permanecería hasta que los representantes del proyecto detallen los problemas y dificultades de la construcción y anuncien los planes para compensar a las poblaciones y ecosistemas afectados por los cambios en los niveles del río. Este coctel alrededor de Hidroituango evidencia hacia adelante un camino de pleitos, conflictos, investigaciones y diferencias.