El proyecto Hidroituango está a salvo. Se cierra un capítulo clave que permite la recuperación de 90 por ciento de los recursos involucrados en el fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría General (por 4,3 billones), para resarcir parte de los daños ocurridos desde que se produjo una falla en la obra y que luego fue atribuida a errores de diseño y construcción de la hidroeléctrica.
Han pasado 44 meses desde que se declaró la contingencia y, en ese tiempo, se desató un torbellino de acciones jurídicas que enredaron el avance de Hidroituango y llevaron a un aumento en los costos, desde los 10 billones de pesos que originalmente se estimaron, a 18,3 billones de pesos.
La aseguradora Mapfre firmó un acuerdo con EPM –empresa que lidera el proyecto– para pagar la indemnización correspondiente a la póliza todo riesgo construcción y montaje, con la cual se subsana parte de la contingencia ocurrida en 2018.
El pago pactado con la compañía de seguros, por 983,8 millones de dólares, unos 3,9 billones de pesos a la tasa de cambio actual, incluye los 350 millones de dólares que ya habían abonado con anterioridad. El saldo, que se cubrirá en su totalidad el 31 de enero de 2022, constituye un hito en la historia de la recuperación de recursos públicos involucrados en el fallo de responsabilidad fiscal que recayó sobre 26 personas, entre naturales y jurídicas, incluidos contratistas, políticos y exdirectivos de EPM.
La plata que entrará ahora a la empresa, con destinación específica para invertir en la obra, llega como un bálsamo. Permitirá avanzar en la construcción de Hidroituango, que ya va en el 86,5 por ciento, con corte a 30 de noviembre.
Aunque la expectativa es que la primera turbina de generación de energía (de las ocho en total) sea entregada en junio de 2022, según mencionó el presidente Iván Duque, todavía queda terreno blando que hay que volverlo firme, por la seguridad energética del país.
Fueron varios los procesos jurídicos que surgieron en el escabroso camino que se inició hace más de tres años. Se resuelve el de Mapfre, con el que había hasta un tribunal de arbitramento para evitar la caducidad del trámite de reclamación del seguro. Pero está vigente la demanda interpuesta por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por 9,9 billones de pesos, contra el Consorcio CCC Ituango, con el que ahora está pendiente la aceptación de una prórroga por ocho meses para que sigan con el cronograma de construcción de la hidroeléctrica. De hecho, el presidente Duque insinuó que lo ideal sería que los mismos constructores terminaran la obra iniciada.
Sin embargo, en el paquete jurídico pendiente está también la demanda, por injuria y calumnia, que interpuso el consorcio constructor contra el alcalde Quintero. Las tres empresas integrantes de ese conglomerado de infraestructura (Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H) fueron involucradas en el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, pero al resolverse el pago acordado por la aseguradora, si se cancela todo el monto solicitado, quedarían libres de inhabilidad y podrían continuar con el contrato.
Pendientes de la respuesta
Para que la prórroga sea una realidad y la construcción de Hidroituango siga su curso –ojalá ya sin ningún otro tropiezo– solo falta la respuesta del consorcio, pues la extensión del contrato, hasta por ocho meses, ya fue aceptada por los diseñadores y los interventores.
El alcalde Quintero se mostró partidario de que los actuales contratistas terminen la obra. “Si no hay inhabilidad –como podría ocurrir si se lograra ciento por ciento del pago– no habría ningún inconveniente en que continúe el consorcio. Eso tiene ventajas, pero también algunos retos desde el punto de vista de la negociación, puesto que para EPM hay unas cláusulas muy técnicas que están en discusión”.
El cruce de cuentas es la clave para resolver de manera definitiva todos los enredos que surgieron alrededor de Hidroituango. La demanda que aún cursa en los tribunales, por 9,9 billones contra los constructores, es el pendiente mayor. “Pusimos dos demandas, una a las aseguradoras, por cerca de 5 billones de pesos, y otra a los constructores, por 9,9 billones. El reclamo con las aseguradoras queda resuelto, pues el acuerdo firmado con EPM es de punto final, es decir, EPM no puede reclamar ni ellos pedir ningún tipo de devoluciones. Con la de los contratistas estamos en espera del fallo, porque al monto total habría que restarle el pago de las aseguradoras, el cual estaría alrededor de los 4,3 billones de pesos”.
El resto de los recursos que aún está en el tintero, si los jueces le dan la razón al alcalde de Medellín como demandante en representación de EPM, tendrían que pagarlo entre los contratistas y las personas involucradas en el fallo de responsabilidad fiscal, según explicó Quintero. “Mapfre pagará en total 3,9 billones de pesos, calculados con el actual precio del dólar. Si de aquí al 31 de enero la tasa de cambio llega a variar, habría un descalce que tendrían que asumir los contratistas”.
Entre tanto, como también hubo personas naturales condenadas como responsables fiscales, caso Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, Alonso Salazar, entre otros políticos y exdirectivos de EPM, de inmediato se activan las pólizas que habitualmente contrata la empresa para proteger a sus directivos de situaciones jurídicas como la que ocurrió con Hidroituango. Se trata de un seguro que se contrató con Sura por 102 millones de dólares y otro con Axa por un valor menor. “El seguro paga cierto monto, de ahí en adelante asumen los implicados. De manera que el faltante para llegar a los 4,3 billones de pesos del fallo de responsabilidad fiscal, luego del pago hecho por Mapfre y previendo una menor tasa de cambio en enero, sería el que les correspondería a Fajardo y demás”, señaló Quintero.
Es evidente que el terreno sobre Hidroituango tuvo un abono jugoso con la firma del acuerdo entre EPM y Mapfre. Sobre la demanda por injuria y calumnia que tramitó el consorcio constructor contra el alcalde, la lógica indica que lo más sensato sería limar asperezas. El propio presidente Duque así lo sugirió: “Ahora debe garantizarse que no se generen traumatismos para la continuidad de la obra. Sin menoscabo en que todas las partes tendrán las distintas instancias para salvar sus disputas, pero el mensaje tiene que ser de país. Este proyecto no está para caer prisionero de pequeñeces. Aquí se trata de pensar en grande”.
El alcalde Quintero, por su parte, dice que sus disputas por Hidroituango no son un tema emocional. “Si no reclamo por esos recursos públicos debería ser condenado por parte de la Contraloría. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Los fallos han sido claros y contundentes”.
El consenso es que, luego del acuerdo de pago con la aseguradora Mapfre, se despeja el camino para Hidroituango y se deshace también la incertidumbre sobre la continuidad de la obra, hecho que llevó finalmente a la salida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como financiador del proyecto. El presidente Duque recomendó a EPM hacer la gestión para traer de vuelta al organismo de la banca multilateral, cuya presencia sería “prenda de garantía en lo contractual, social y ambiental”, por los antecedentes de la institución en defensa de esos temas.
No obstante, algunas fuentes consultadas estiman que sería poco probable el regreso del BID, con el cual se tenía un crédito por 900 millones de dólares, de los cuales ya había desembolsado 450 millones y ahora tendrán que ser pagados de manera anticipada por EPM.
En medio de ese panorama, lo cierto es que en Hidroituango están los motores encendidos, de manera que, desde el próximo año, la hidroeléctrica logre llevar energía a diversos lugares del país y diluya el riesgo de un desabastecimiento de energía que provoque un racionamiento.