Lo que escuchó ayer el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, hoy lo analiza el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. La presunta relación que tendrían en una serie de contratos en el desarrollo de la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango. Tres líneas de investigación que ahora tiene a los dos exfuncionarios, como indiciados en un proceso penal.

En este nuevo encuentro, el exgobernador Ramos respondió de la misma forma que Salazar: no acepta responsabilidad, se declara inocente de los señalamientos de la Fiscalía y por tanto el proceso se va de camino a un juicio. El ente acusador explicó en detalle cuáles fueron las irregularidades y cuál sería la participación del exgobernador.

Para la fiscal del caso, destacada de la Dirección Anticorrupción, los hechos fueron claros, así como la relación que tendrían Ramos, Salazar y otras dos personas: el entonces gerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio y el gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada.

“El material de prueba da cuenta de que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada”, advirtió la fiscal del caso.

Tres momentos distintos fueron analizados e investigados por la Fiscalía: el contrato BOOMT, la desviación del río Cauca y las demoras en la entrada de operación de Hidroituango. Para la fiscal a cargo del proceso hubo varios escenarios que no quedaron del todo claros en la puesta en marcha de esos contratos y así lo dejó en las audiencias.

“El 30 de marzo de 2011, Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP celebraron un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), cuyo objeto fue la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica Pescadero – Ituango”, dijo la Fiscalía.

La misma fiscal explicó cuál fue la relación de la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Alfredo Ramos, en los hechos que son materia de investigación y que dan cuenta de las presuntas irregularidades en la firma de los contratos y decisiones que se tomó, como mandatario del departamento.

“La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) participaron directamente en la celebración y trámite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP)”, señaló la Fiscalía.

En este caso las audiencias se adelantaron ante el Tribunal Superior de Bogotá, tras advertir que el exgobernador, para la fecha de los hechos contaba con fuero constitucional en razón de su cargo como mandatario departamental. La Fiscalía presentó al magistrado el material de prueba y por qué Luis Alfredo Ramos sería responsable.

Para la Fiscalía no hubo necesidad de solicitar una medida de aseguramiento al considerar que no existe riesgo para la sociedad o para el proceso, pues la mayoría de las pruebas ya fueron recaudadas y no se podrían afectar. Así el exgobernador podrá enfrentar su proceso en libertad, aunque actualmente se encuentra con una medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia.