El informe que entregó la empresa noruego-chilena Skava sobre el problema causa raíz de Hidroituango ha generado todo tipo de reacciones entre los actores políticos paisas, y en lugar de calmar los ánimos entre críticos y defensores de EPM, los caldeó. Ya el gobernador Luis Pérez, quien ha asegurado que la mejor forma de proteger a la empresa de servicio público es diciendo la verdad, dijo que en la próxima semana publicará un segundo libro sobre lo sucedido con el megaproyecto. Puede leer: La JEP va por los desaparecidos en Hidroituango y la Comuna 13. Dijo Pérez: “El peor favor que se le hace a Empresas Públicas de Medellín o a cualquier otra empresa del mundo, es aplaudir cuando se equivoca. No hay error más grave que ese. Si uno quiere destruir una empresa, simplemente tápele errores y aplauda cada que se equivoca, para que caiga más fácil, para que se venga abajo”. Su declaración fue una clara defensa de su posición, que desde el principio ha sido crítica con la segunda empresa pública más importante del país. Y es que mientras la mayoría de políticos locales han apoyado irrestrictamente a EPM, Pérez ha decidido poner el dedo en la llaga para pedir explicaciones que muchas veces han faltado. Hay que recordar que la crisis de Hidroituango, según el informe de Skava, se dio por la “erosión progresiva de una zona de cizalla —zonas de deformación del terreno que pueden ser milímetros o metros—”, en la Galería Auxiliar de Descarga (GAD), también conocida como tercer tunel, esto porque hubo varios tipos de presión, pasando en pocos días de un flujo de agua total, que hacía fuerza contra todo el recubrimiento y otro flujo libre, lo que terminó de debilitar el macizo. Skava precisó que todo se debió a “diagnósticos deficientes en la etapa de asesoría de la construcción”, por lo que ahora quienes deben dar explicaciones son las firmas interventoras y asesoras, como Integral. Le puede interesar: Lupa a Hidroituango: ¿Por qué se derrumbó el túnel? Los resultados, que por demás fueron calificados de parcos y limitados, reafirmaron lo que el gobernador ya había presentado con el estudio que le encargó hacer a la Universidad Nacional, sin embargo revelaron un detalle que EPM se había guardado para sí: que el túnel no tenía losas de cemento, por lo que el agua pasaba sobre roca sin tratamiento. Justo este punto, dijo Pérez, será tratado en su nuevo libro. Es sabido que las posiciones de Pérez se han encontrado con las del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha considerado que no es un buen momento para hacer política de la emergencia que se ha vivido en el megaproyecto. Pero desde el Concejo de Medellín también ha habido presión. La concejal María Paulina Aguinaga, que desde que empezó sus labores ha estado atenta a presuntos casos de corrupción en EPM ha denunciado que la firma debe explicar por qué el estudio causa raíz tuvo un sobre costo del 89 por ciento y una tardanza en tiempo del 140 por ciento. “El alcance del estudio es supremamantee limitado, pues unicamente se remite a determinar cuáles fueron las causas por las que falló ese tercer tunel. Aquí no está la causa raíz de la contingencia de Hidroituango, realmente la pregunta que se debe hacer es: por qué existió ese tercer tunel cuando no estaba previsto en los diseños iniciales, cuando se empezó a construir sin tener la licencia ambiental, y por qué hubo necesidad de hacerlo cuando se estaban construyendo otros dos túneles que quedaron mal hechos, sin las compuertas, y los construyó un consorcio chileno-español al que EPM nunca multó ante los reiterados incumplimientos y ante las alamaras que prendió la interventoría diciendo que este consorcio no tenía la capacidad para asumir las construcción de estos dos tuneles”, dijo Aguinaga. Puede leer: Cauca, el poderoso río que el hombre secó. Todo sucede mientras la Fiscalía y la Procuraduría investigan a EPM por varias anomalías entre las que se cuentan la construcción del tercer túnel sin licencia ambiental, cuyo diseño se aprobó rápidamente para que los constructores pudieran cumplir con un cronograma que obligaba a que el proyecto hidroeléctrico tenía que estar generando en diciembre de 2018. Sin embargo, no todo han sido voces críticas y en una carta dirigida al gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, un grupo de concejales entre los que se cuentan Jesús Aníbal Echeverri, Aura Marleny Arcila, Daniela Maturana y Nataly Vélez, apoyaron las decisiones que se han tomado en los últimos meses. Allí aseguran que el estudio causa raíz demuestra un genuino interés de EPM porque se conozca la verdad de lo que sucedió con el megaproyecto. “Destacamos especialmente la atención que ha prestado la empresa a la solución de la problemática social y ambiental originada en diferentes fases de la contingencia. El cierre de las compuertas de captación de la casa de máquinas es un buen ejemplo de ello, pues la empresa desplegó todo un plan de acción para mitigar los riesgos ante la disminución del caudal del río Cauca. Pero también a lo largo de todos estos meses, EPM ha atendido a las poblaciones en los frentes de educación, salud, transporte, mejoramiento de infraestructura y compensaciones a los daminificados. Son cerca de 65.000 millones de pesos los que se han invertido en desarrollo de este plan”, dice la carta de los concejales, quienes también aprobaron sin mayores preguntas la venta de algunos activos que tenía la empresa para de esta manera afrontar económicamente la crisis. Mientras tanto, son pocos los que se preguntan por los costos que ha tenido el proyecto, que según denuncian Aguinaga y la concejal del Polo Democrático, Luz María Múnera, han pasado de 1,8 billones de pesos a más de 3,4 billones. Lo que es claro es que los políticos paisas prefieren apoyar a EPM, pues es una de las empresas más queridas por los antioqueños, sin embargo todo parece indicar que algo huele mal en Hidroituango y su plan de aceleración.