Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, realizó una denuncia sobre el caso de agresión que vivieron su hija, Clemencia Vargas, y la pareja de ella, el pasado el pasado 27 de diciembre en un aeropuerto de Santa Marta.
Vargas Lleras presentó su denuncia en su reciente columna, publicada en El Tiempo, allí detalla que la agresión física que sufrió su hija se produjo durante un bloqueo al acceso a la zona de abordaje de la terminal aérea ubicada en la capital del departamento de Magdalena.
La situación se generó cuando un grupo de personas decidieron organizar una cadena humana como medida para impedir que otros viajeros pudieran ingresar a la zona de abordaje. “Si nosotros no viajamos, no viaja nadie”, manifestaban los integrantes del bloqueo mientras usaban la fuerza para obstaculizar el paso de quienes intentaban atravesar la barrera.
El exvicepresidente indicó que su hija, Clemencia, decidió traspasar el bloqueo y por ello recibió varios insultos y golpes; mientras que su pareja fue lanzado al piso y golpeado con patadas mientras estaba en el suelo. A raíz de esa agresión, el hombre sufrió varias lesiones de consideración.
Vargas Lleras también señaló que durante el ataque físico que vivieron su hija y su novio, hubo dos integrantes de la Policía que no ejercieron su autoridad para detener las agresiones. “Seguramente para no ser luego sancionados por atentar contra el derecho sagrado a la protesta, que en nuestro país ya no conoce límite alguno”, indicó en su columna.
Adicional a ello, cuestionó la manera de proceder que están tomando las autoridades ante acciones de protesta e indicó que esta situación ha llevado a un estado de “completa indefensión ciudadana”.
En su texto, Germán Vargas Lleras presentó sus reparos ante las determinaciones que la justicia está tomando ante la delincuencia que opera en contra de la ciudadanía. En ese sentido, recordó que el pasado 28 de noviembre en cercanías de su lugar de residencia una mujer embarazada fue asaltada por dos hombres que la intimidaron con un cuchillo.
Después de que los criminales robaron el celular de la víctima intentaron darse a la fuga, pero el personal de seguridad del excandidato presidencial logró detener a los dos asaltantes y, luego de que la mujer los identificara como los autores del asalto, fueron llevados a la URI de Usaquén para ejecutar el proceso de judicialización.
En su relato, Vargas Lleras señaló que ese mismo día se celebró la audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento ante el juzgado 64 penal municipal.
Pese a que al finalizar la audiencia se declaró legal la captura contra los asaltantes, el juez le negó a la Fiscalía solicitud de detención preventiva intramural. Según el autor de la columna, la jueza defendió su determinación argumentando que los detenidos no representaban un peligro para la sociedad.
“Se van, con la obligación de presentarse cuando algún día la Fiscalía lo solicite. Este caso, que me correspondió conocer, es muy ilustrativo de lo que está ocurriendo a diario en la ciudad y el país y que también termina explicando la actitud de la Policía frente al delito”, indicó Germán Vargas Lleras en su columna.
Posteriormente, el exvicepresidente manifestó que es necesario aplicar una solución de fondo a la problemática de la delincuencia.
Cabe señalar que recientemente el Ministerio de Justicia desató una controversia al conocerse la propuesta que establece que los presos salgan a trabajar en el día y retornen a su celda en la noche.
En uno de los apartes del artículo 148 del borrador del proyecto de ley que busca una justicia restaurativa en Colombia se menciona la posibilidad de que los presos, que cumplan una serie de requisitos, puedan salir a trabajar en el día y volver a los respectivos centros penitenciarios en la noche.
El artículo, titulado ‘Libertad preparatoria’, define una serie de requisitos para poder acceder a dicho beneficio. Los internos tendrían que pasar por un proceso de resocialización, haber cumplido la mayor parte de su condena y no tener sentencias relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad, la administración pública y los más graves que señale el Código Penal.
De acuerdo con la propuesta, los presos podrían laboran en empresas o fábricas avaladas y vigiladas por el Estado.
En su momento, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que dicha iniciativa generaría un sistema de premios que busca fomentar la reinserción a la sociedad y así evitar que las personas pasen tanto tiempo privadas de la libertad.
Actualmente, el borrador del proyecto está en la etapa de rediseño en donde se están evaluando comentarios y sugerencias de expertos. Se espera que en las próximas semanas sea presentado ante el Congreso de la República que, tras los debates exigidos, definirá si lo aprueba en su totalidad, realiza algunas modificaciones o desecha.
El artículo va más allá e indica que el interno que quiera acceder a este beneficio tiene que cumplir más del 40 % de la pena efectiva. “Antes de concederse la libertad preparatoria el Consejo de Evaluación y Tratamiento estudiará cuidadosamente al condenado, cerciorándose de su buena conducta anterior por lo menos en el último año, de su consagración al trabajo y al estudio y de su claro mejoramiento en el proceso de su readaptación social”.