Al escándalo de corrupción de los carrotanques, para suministrar agua potable en La Guajira, ahora le salieron más llamados a declarar en el proceso que se adelanta contra el expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Ahora los nuevos citados serán la hija de Name, la concejal de Bogotá, María Clara Name; y a Alberto Calle y Gabriel Calle, respectivamente papá y hermano de Andrés Calle.
Los tres familiares de los expresidentes del Congreso aterrizarán en el proceso como testigos después de que el magistrado Francisco Farfán detallara en el expediente, con el que les abrió investigación formal, que con la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se habrían financiado las campañas políticas a las aspiraciones que tuvieron en las pasadas jornadas electorales.
Desde la Corte Suprema informaron: “Citación a María Clara Name, el 14 de noviembre a las 9:00 y el 15 de noviembre, 8:00 y 10:00 a. m. Gabriel Alberto Calle Demoya y Gabriel Enrique Calle Aguas, padre y hermano, respectivamente”.
Los tres parientes de Name y Calle salieron mencionados en la investigación formal contra los congresistas de la Corte Suprema, señalando que el dinero que habrían recibido de la corrupción en la UNGRD, al parecer, terminó siendo utilizado para las campañas políticas de sus familiares.
El expediente de la Sala de Instrucción detalla: “El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado, además, para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya a la Alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”.
Hay que recordar que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, confesaron que del contrato de los carrotanques para La Guajira habrían salido 4.000 millones de pesos para Name y Calle, a cambio de que —supuestamente— apoyaran las reformas a la salud y al sistema pensional que en esos momentos estaba tramitando el Gobierno nacional.
Según el expediente de la Corte, “la entrega del dinero a los referidos miembros del Congreso de la República, la habría efectuado Sneyder Pinilla por orden de Olmedo López, y siguiendo este último, instrucciones de altos funcionarios del Gobierno nacional, entre estos, de Carlos Ramón González, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)”.
El ente acusado ubicó a González en el centro de la “empresa criminal” que se organizó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, esa fue una de las razones principales por la que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, y ahora exdirector de Inteligencia del presidente Gustavo Petro, terminó renunciando a su cargo.
Uno de los hechos más relevantes que detalló la Corte Suprema en la investigación contra los expresidentes del Congreso es que “en el recurso de la investigación previa, la Corte recaudó importantes medios de convicción, a partir de los cuales se puede inferir en un primer nivel de análisis, que los hechos puestos en conocimiento de esta Sala Especial de Instrucción, efectivamente tuvieron ocurrencia, lo que permite ordenar la apertura de la instrucción formal, como quiera que al mismo tiempo resulta posible la comisión de varias infracciones penales por parte de los investigados”.