Recientemente, en un fallo del Tribunal de Cundinamarca se notificó que ahora las dos hijas del senador Gustavo Petro recibirán más de 72 millones de pesos cada una, al igual que sus hermanos, “por concepto de perjuicios morales,” en el caso de las conocidas ‘chuzadas’ del DAS.
Se trata de Antonella Petro Alcocer, Sofía Petro Alcocer, al igual que Andrea Giovanna Petro Herrán y Andrés Gustavo Petro Herrán. En dicha orden se especifica que se condena a la Nación, específicamente al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Nación, como una reparación de un daño ocasionado.
En agosto de 2020, ni Antonella ni Sofía habían sido incluidas en la orden de indemnización la cual debía ser pagada por el Estado, teniendo en cuenta las interceptaciones ocurridas entre 2002 y 2010. Para ese momento, la indemnización se le dio a la esposa de Petro, Verónica Alcocer, a los dos hijos que tuvo con su exesposa Maryluz Herrán (Andrea y Andrés), a sus dos hermanos y a sus padres por violaciones a su privacidad.
Ahora, luego de este fallo, las jóvenes recibirán unos $ 72′682.080, correspondientes a 80 salarios mínimos mensuales vigentes, a pesar de que Petro pidió en su demanda la indemnización de 500 millones por cada hijo.
“Acaba de fallar el tribunal administrativo Cundinamarca, a mi favor y mi familia. El tribunal administrativo dice que hubo un concierto entre el DAS, la UIAF y la Presidencia de la República para perseguirnos en los años 2006/09″, escribió en ese momento el senador en su cuenta de Twitter.
En agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que tanto el senador Petro como su familia fueran reparados por las llamadas chuzadas realizadas por el DAS.
El Tribunal condenó los seguimientos ilegales y las chuzadas de las que fue víctima el senador. “Claramente, la violación al derecho a la intimidad trae consigo la violación a otros tantos derechos fundamentales como la libertad, derecho que resulta fundamental para poder ejercer los demás derechos que el ordenamiento jurídico otorga y así hacer efectivo el Estado Social Derecho”, señaló el fallo.
Por esta razón, la Nación fue notificada de la cifra a pagar, la cual se saldó en 579.349.980 pesos a Petro Urrego y a toda su familia por los daños morales causados, luego de que se realizaran los seguimientos.
“En el caso en concreto, el Estado no solo no protegió al demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del señor Gustavo Petro y de su familia”, dice un aparte del documento.
De acuerdo con el fallo del Tribunal, en un 45 por ciento deberá responder el Departamento Administrativo de la Presidencia, en otro 45 por ciento quien haga las veces del extinto DAS y en un 10 por ciento la UIAF.
“Se concluye que tanto el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero incurrieron en graves violaciones al derecho a la intimidad”, señala el fallo.