SEMANA: ¿Cómo explica el éxito que ha tenido la quinta edición de su libro sobre el primer gobierno de López Pumarejo? ÁLVARO TIRADO MEJÍA: El primer sorprendido fui yo, al ver que la cuarta edición, que la Universidad Nacional hizo el año pasado de Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, se agotó en menos de seis meses; sobre todo, porque este es un país en el que se abolió el estudio de la historia en la secundaria. Además, acá la historia no tiene mercado, y la vida social y política se la tomó el ‘yuppismo’, un grupo de dirigentes al que lo único que le importa es el éxito, la técnica, y poco el fondo, el contexto social o histórico. Por todas esas razones me sorprende el éxito de este libro. SEMANA: Pese a la sorpresa usted debe tener alguna reflexión al respecto… Á.T.M.: Sí, y la expongo en el prólogo de la quinta edición que acaba de salir. Yo creo que en momentos de crisis, de cambios sociales muy fuertes o de incertidumbres, las sociedades tienden a recurrir a la historia para encontrar respuestas. Si uno compara los asuntos complejos que tuvo que enfrentar Alfonso López Pumarejo y su gobierno de ‘La revolución en marcha’ con los que hoy debe afrontar el Estado, encuentra muchas similitudes. Es más, me atrevería a decir que son problemas similares, que esperan una resolución, que están en el centro de la vida política y social. Le recomendamos: La importancia de la historia en los colegios el debate de Jorge Orlando Melo Antonio Caballero y Álvaro Tirado SEMANA: ¿Cuáles son esos problemas? Á.T.M.: La tierra y la cuestión agraria, el papel del Estado frente a la educación, la laicidad de la sociedad, disputa entre modernidad y tradicionalismo, el reformismo social, la democracia… SEMANA: ¿Qué pasa con la tierra? Á.T.M.: Los problemas de la tierra no se reducen al acceso, a la propiedad o a la productividad, sino también a la justicia social, la superación de la pobreza, la equidad o a la resolución de conflictos violentos. En este sentido, el conflicto agrario ha sido un problema que no ha tenido solución desde que se presentó a inicios del siglo XX, con la aparición del movimiento agrario. El Gobierno de López intentó resolver ese problema con la Ley 200 de 1936, que, en términos reales, más que una reforma agraria revolucionaria fue una acción modernizante; más que repartir tierras lo que hizo el Gobierno fue establecer claridad jurídica frente a la propiedad de predios y baldíos del Estado, establecer seguridad jurídica, dotar de función social a la propiedad, con miras a una política de adjudicaciones. SEMANA: ¿Y qué paso con esa reforma agraria? Á.T.M.: Que la detuvieron sectores violentos, tradicionalistas, hacendados, políticos, que adelantaron una contrarreforma; de ahí que el problema agrario siga sin resolverse y sea tan importante. De hecho, fue el punto más complejo del acuerdo de La Habana. Los asuntos fundamentales siguen sin solución: no hay una política agraria integral por parte del Estado. Es más, ni siquiera el Estado ha podido realizar un catastro rural multiusos para establecer quiénes son los dueños de la tierra o el uso que le dan. SEMANA: Otro gran tema es el de la educación. Á.T.M.: Pese a que Colombia es un país distinto al de hace 80 años, todavía giramos alrededor de las mismas preguntas: ¿cuál es el papel del Estado frente a la educación y, en especial, la educación pública? A mediados del siglo XX en Colombia había muy pocas universidades públicas y privadas, la cobertura era muy baja, las mujeres apenas empezaban a llegar a las aulas, y había una fuerte presión de la Iglesia y grupos conservadores en torno a lo que se debía enseñar y a quienes. Hoy, hay cerca de 200 universidades, un número que no existe ni en Japón ni en Alemania, pero muchas de ellas son de garaje. Aun así, y más allá del problema del acceso a la educación, en la actualidad han vuelto a coger fuerza temas que se debatieron en los años treinta como la libertad de cátedra, la autonomía universitaria… Puede leer: Qué tan ciertos son los rumores sobre declaratoria de estado de conmoción interior SEMANA: ¿Y también sobre la libertad de pensamiento y la laicidad? Á.T.M.: El Gobierno de López Pumarejo enfrentó el reto de aclimatar el pluralismo, de modernizar y liberalizar en el sentido filosófico de la palabra, un país que había estado en manos de los conservadores durante 46 años y de una Iglesia muy poderosa, que actuaba como brazo político de ese partido. Y en parte lo lograron. Hoy, por fortuna, esta es una sociedad más laica, pero el tema de la separación entre la religión y el Estado aún sigue: las nuevas Iglesias están actuando explícitamente como partidos y están, junto a otros, tratando de imponer sus dogmas como principios científicos, políticos o sociales, lo cual pugna con una sociedad democrática. SEMANA: La democracia, como modelo político, también es otro importante asunto que se encuentra en el centro del debate. Á.T.M.: La Constitución de 1991 fue un paso importante para resolver muchos problemas relacionados con la democracia. Por supuesto, pasar de lo escrito a lo real no ha sido fácil porque esta es una sociedad muy conservadora. Y aunque hoy se habla de la crisis de la democracia liberal, creo que en los años treinta el embate contra ella fue más profundo y decisivo, con el auge del fascismo y el comunismo. Creo que López y su equipo lograron, en medio de circunstancias económicas y políticas complejas, crear un gobierno liberal, progresista y con sentido social. Eso salvó la democracia. Ahora como en los treinta, vuelven a surgir las teorías conspirativas asociadas a la inseguridad, a la destrucción de la familia por las ‘ideologías de género’, al enemigo externo encarnado en el inmigrante, al poder de la izquierda y hasta a las ‘liberalidades’ del papa Francisco I. SEMANA: La democracia se salvó, pero no paró la Violencia ni los problemas sociales… Á.T.M.: Lo que pasa es que se implementó una acción contrarrevolucionaria contra una revolución que no existió. Si eso no hubiera ocurrido, el país sería otro, y posiblemente nos hubiéramos saltado el capítulo de la Violencia. Le puede interesar: Los retos de Duque SEMANA: ¿Qué opina de la lucha armada? Á.T.M.: Uno de los grandes damnificados por esa práctica fue la izquierda democrática, a la que interesadamente se la asimiló con las tropelías cometidas por las guerrillas. Aparte de que le cerró el espacio político, sirvió de pretexto para la acción criminal de grupos violentos contra demócratas, intelectuales, profesores y sindicalistas. La apelación a la lucha armada, unida a la intolerancia de la extrema derecha, ha llevado al país a polarizaciones dañinas y peligrosas. SEMANA: Se ha hablado mucho en los últimos días de que estamos en una de las crisis institucionales más importantes de la historia moderna del país. ¿Qué piensa al respecto? Á.T.M.: No creo. Lo que hay es un reacomodo por la aparición de algunas instituciones que, como la JEP, son nuevas aún internacionalmente; así como por la búsqueda de la paz, tras un conflicto de medio siglo en el que hubo atrocidades de lado y lado. Esa historia no se borra de un momento a otro, y se requiere adecuar el país a las nuevas circunstancias. SEMANA: ¿Qué le preocupa más del actual momento del país? Á.T.M.: Me preocupa que el proceso de paz se está convirtiendo en un asunto de abogados y que la paz pierda apoyo. En la medida en que la dejemos adormecer, lo que se va a despertar es la violencia. Así haya un marco jurídico, este fue un acuerdo político. También me preocupa la forma como cada vez más se acude a la vía judicial para resolver todo tipo de problemas sociales, administrativos, económicos, políticos, religiosos o educativos. SEMANA: ¿Nos acostumbramos a perseguir y estigmatizar a la oposición o a los que no están de acuerdo con nosotros? Á.T.M.: Las diferencias son normales en la democracia y es normal que haya oposición. Lo que pasa es que acá, desde el Frente Nacional, nos acostumbramos al unanimismo. Ahora, que hay oposición, es lógico que haya debates, críticas, discusiones ideológicas de derecha, centro o izquierda; eso es lo normal, no tiene nada de malo, lo negativo es que ocurra lo contrario, y se trate de callar a los que piensan diferente. El país necesita de debates y soluciones modernizantes, no retardatarias.