Dos atracadores —uno de ellos menor de edad— terminaron debajo de las llantas de una Toyota Prado en la Avenida El Poblado de Medellín, después de que la víctima, a quien habían amenazado con una pistola para robarle una cadena, los persiguiera hasta atropellarlos.El hecho ha causado polémica entre los paisas: unos apoyan a la víctima del robo y otros lo atacan por intolerante y haber tomado la justicia por su propia mano. Hasta el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, terminó opinando sobre el tema en Twitter: “Quienes deben ir a la cárcel son los criminales (los victimarios), no las víctimas”, así sentó precedente defendiendo al conductor de la camioneta, quien ahora enfrenta problemas con la justicia.Le puede interesar: Se disparó el delitoEn el mismo lugar de los hechos, los ciudadanos criticaban a los fleteros, quienes se revolcaban de dolor en el piso —ahora se sabe que tienen varias fracturas en las piernas—. Entre los transeúntes se escuchaban gritos como “cuál ambulancia, hombre, por no trabajar vio lo que le pasa”.Y es que al parecer muchos medellinenses ya están cansados de los atracadores, quienes muchas veces son reincidentes que no duran más de 24 horas en un calabozo después de ser capturados en flagrancia. En este caso, el mismo secretario de Seguridad de la ciudad, Andrés Tobón, aseguró que uno de los fleteros ya había sido capturado tres veces por hurto y el menor fue aprehendido a comienzos de año por la misma razón.Puede leer: La condena a Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín“Algo no está sucediendo bien el sistema judicial, que permite que estos individuos sigan saliendo a las calles atentando contra la vida de los ciudadanos mediante el hurto”, dijo Tobón, que desde que está al frente de la cartera ha pedido mayor celeridad en las investigaciones contra las bandas criminales y eficiencia en el sistema judicial, pues la mayoría de hurtos en la ciudad son cometidos por reincidentes.La discusión ahora es sobre la culpabilidad del atracado, pues dejó muy malheridos a los victimarios, lo que se puede ver como un uso legítimo de la defensa. Sin embargo, las autoridades tendrán que estudiar si estuvo en el marco de una defensa proporcional a la agresión, pues los arrolló con toda la fuerza de su camioneta, y la legítima defensa lo que busca es reducir al atacante, no eliminarlo.Según el sociólogo Max Yuri Gil, hay que dejar que la justicia se encargue de establecer en qué medida esta fue una acción de legítima defensa: lo inmediato de la reacción y su proporcionalidad; si es premeditada y hay persecución. “Hay una corriente muy fuerte en Medellín de tomar justicia por mano propia y castigar a quienes se consideran delincuentes y son atrapados en flagrancia. Eso tiene una explicación: la percepción en sectores de la ciudadanía de que hay impunidad, de que la policía no actúa de manera oportuna y eficaz”.Gil cree que hay una conducta clasista en ese tipo de reclamos por tomar la justicia por mano propia, pues no se sale a las calles para que se actúe de igual manera con los corruptos o con criminales de cuello blanco: “Si cada quien se toma la justicia por su propia mano entramos en un terreno donde el Estado de Derecho deja de operar y cada cual decide a quien castiga y cómo. Eso puede terminar en limpieza social y venganza”.Le recomendamos: “La violencia nos unió tanto que tememos deshacernos de ella”: directora de ‘Matar a Jesús‘Por otro lado, el experto se declaró preocupado por el trino del alcalde, pues aunque rechaza el atraco como una manifestación criminal, no lo hizo así al rechazar el linchamiento: una autoridad de orden político tendría que ser muy contundente en rechazar los linchamientos y la justicia por mano propia. Una autoridad tiene que sentar un precedente en defensa del Estado de Derecho y no simplemente legitimar el uso de violencia como un mecanismo válido en la sociedad”.Una discusión de similares características se superó recientemente en Bogotá, cuando el escolta Mario Muñoz disparó en contra de un atracador en el norte de Bogotá. El hombre quedo absuelto de cualquier señalamiento, una vez la Fiscalía estudió el caso y encontró ejerció su derecho a la legítima defensa. Sin embargo, las autoridades tendrán que estudiar este nuevo caso a la luz de los hechos.