Antes de las seis y media de la mañana del domingo pasado, una patrulla de policía se detuvo en una de las calles que rodean el parque del barrio Alfonso López, en Monterrey, uno de los pueblos más activos del Casanare. El ambiente estaba tenso. Ya habían llegado los bomberos, los primeros en acudir a la llamada de los madrugadores del barrio, que cuando salieron a caminar vieron un cadáver que estaba justo en la orilla del parque. Los oficiales continuaron con el trabajo de los bomberos, dispersaron a la gente, acordonaron toda la carrera 12 y dieron el aviso correspondiente.
La noticia se regó como pólvora. Llegó a oídos de los funcionarios de la Alcaldía y de la Gobernación, y a medida que avanzaba el domingo la gente del pueblo comenzó a enterarse de los hechos: no solo era una persona sin vida, el cadáver presentaba signos de violencia y sevicia que no se veían desde hacía años. “Lo decapitaron, le abrieron un hueco en la barriga y le pusieron la cabeza ahí”, explicaban los que habían visto la escena.
Pudo ser por la crudeza de la historia o la imagen de horror. No importa. Fue tanto el impacto y la indignación, que algunos de los que vieron o escucharon la noticia comenzaron a llorar. “La gente, cuando vio eso, entró en pánico”, le dijo a SEMANA un residente del pueblo. “Uno se pone a pensar en lo que está pasando el país y siente tristeza, pero esto lo sobrepasa porque hay un nivel de desquicio social”.
Unas horas después, al salir de un consejo de seguridad, Carlos Iván Díaz, el alcalde de Monterrey, hizo una rueda de prensa. Lo acompañaron el secretario de gobierno del Casanare y altos mandos departamentales de la Policía y el Ejército. Era la 1:30 de la tarde del domingo 23 de agosto. Explicaron que la víctima del homicidio, Jose Valero, era un campesino de 62 años que trabajaba como jornalero en fincas de la zona y que su cédula era de Campo Hermoso, un pueblo cercano en las montañas de Boyacá. El alcalde tomó la palabra y dijo que se habían asignado brigadas especiales de investigación para esclarecer el homicidio y que hasta el momento los informes de inteligencia indicaban que el asesinato no tenía ningún nexo con microtráfico, narcotráfico, ni con ningún grupo al margen de la ley. “Hemos tenido episodios que han alterado el orden público, pero han sido ajenos el uno del otro. Pedí a la cúpula militar presencia en nuestro municipio y podemos decir con seguridad que no hay un solo nexo para decir que en nuestro municipio hay grupos al margen de la ley”.
Monterrey es uno de los pueblos más activos del Casanare. Cuando Óscar Gómez contesta el celular, señala que como otros lugares del Llano y del sur del departamento, es una zona ganadera, con cultivos de palma y proyectos de piscicultura a gran escala. Además, desde hace algunos años, el turismo comenzó a ser un polo de desarrollo del municipio, al igual que Sabanalarga y Tauramena. “Tenemos presencia de un batallón del Ejército, el Birno, en Tauramena, que hace presencia en toda la región”, dice Gómez. Él estuvo en el consejo extraordinario de seguridad que citó el alcalde de Monterrey el domingo, justo después de enterarse del asesinato. Tiene confianza en que la presencia institucional tanto del gobierno, como de las fuerzas militares, va a dar resultados. Y frente a la pregunta de por qué llegaron a la conclusión de que el hecho no tuvo que ver con ningún grupo, es enfático: “Inteligencia de Eejército y de Policía dejan la constancia sobre la mesa de que no existe la presencia de ningún grupo subversivo, sea ELN, y que las bacrim no tienen presencia en este sector”. Esa percepción de seguridad es compartida. Un habitante de Monterrey dijo que en la última década no recordaba hechos tan significativos de violencia: “El pueblo es muy tranquilo, como siempre. Ha sido difícil con la pandemia y con la migración de venezolanos, que están llegando, pero que yo sepa no ha pasado nada por fuera de lo común”, comenta. “Pero se siente el miedo, mucho miedo, porque hace años se vivieron ese tipo de cosas aquí. A la gente le tocó vivir de cerca hechos parecidos”.
Esta persona, que pidió no ser identificada, se refiere a la primera década del siglo, cuando esta zona de los llanos orientales y del piedemonte de la cordillera Oriental tuvo una fuerte arremetida paramilitar. Según comentó Alberto Yepes, coordinador de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el grupo que más tuvo presencia en la zona estuvo, primero, bajo las órdenes de Héctor ‘el Viejo’ Buitrago y luego de sus hijos, ‘Cuchillo’ y ‘Martín Llanos’. “Fue una arremetida paramilitar muy fuerte que se dio entre 2003 y 2005”, dice el investigador. “Durante esa época, ese frente se distinguió por formas especiales de horror”. Organizaciones como Rutas del Conflicto han publicado historias sobre la desaparición de personas en los municipios del sur del Casanare. Según el Registro Único de Víctimas, hubo casi 10.000 personas afectadas por algún tipo de hecho violencia en el departamento solo en el 2004. Incluso, en municipios como Chámeza y Recetor, se documentaron cientos de casos que serán entregados el 27 de agosto en un informe a la Comisión de la Verdad. "Monterrey, en la medida en que es un centro estratégico y geográfico de la sabana oriental, fue cuna del asentamiento paramilitar”, dice Yepes. También explica que aunque la coordinación no ha recibido denuncias de casos en ese municipio, desde el 2018 se registraron un asesinato y dos amenazas contra líderes sociales en municipios vecinos, como Aguazul y Sácama.
MARTÍN LLANOS, COMANDANTE DE ‘LOS BUITRAGUEÑOS‘ FUE UNO DE LOS RESPONSABLES DE LOS ACTOS PARAMILITARES EN LA ZONA. EN 2012 FUE CONDENADO A 35 AÑOS DE CÁRCEL. Pero hasta ahora, ese no es el caso de José Valero, la víctima del homicidio. Según la información oficial que ha sido compartida no era una persona reconocida entre la comunidad. En una entrevista a un medio regional el lunes pasado, el alcalde de Monterrey, Carlos Iván Díaz, lo describió como una persona que “se dedicaba a trabajar en el campo y vivía de su jornal”. Por otro lado, el secretario de Gobierno de Casanare, Óscar Gómez, le comentó a SEMANA que: “En su momento, parientes que estaban en Monterrey reconocieron el cuerpo y las autoridades confirmaron que él era un ciudadano tranquilo y de bien”. Además, una hermana de Valero le explicó el miércoles a un medio regional que su familiar había llegado a Monterrey hacía 16 años desde Santa Teresa, un corregimiento de San Luis Gaceno, en Boyacá. Para Yepes, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, acciones tan violentas como la del homicidio de Héctor José Valero han tenido históricamente una motivación aleccionadora y tienen raíces desde la época de La Violencia. Él lo llama ‘pedagogía del terror’: “Lo que busca quien hace estos hechos no es matar a la persona, sino ejercer una acción contra quienes la presencian o contra el entorno inmediato de la víctima y la comunidad donde estaba asentada”, dice. “Se trata de enviar un mensaje de terror”. Y eso mismo dicen en el pueblo. Que es un mensaje, pero que no saben para quién.