El pasado viernes 17 de febrero, en la estación de Policía de La Candelaria, en el centro de Bogotá, se produjo una pelea que desencadenó la muerte de un hombre de 28 años. El hombre fue identificado como Luis Alberto Ortiz Palomino, quien estaba detenido por el delito de acceso carnal violento.
De acuerdo con las autoridades, Ortiz Palomino se encontraba en una de las celdas de la estación de policía, junto con otros reclusos, cuando fue agredido con puñaladas y golpes en la madrugada. Tras quejarse de un fuerte dolor de cabeza, fue trasladado al hospital Santa Clara, donde murió en la mañana del sábado.
La Policía Nacional inició una investigación para determinar lo que sucedió y si los agentes de la estación de Policía intervinieron de manera adecuada para salvar la vida de Ortiz Palomino. También buscan establecer si solo un uniformado estaba presente cuando ocurrieron los hechos.
El comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía, el coronel Wilford Méndez, aseguró que el CTI de la Fiscalía realizó una inspección en el lugar de los hechos y que se están recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.
Lo ocurrido ha vuelto a poner en el debate público la forma en la que se está manejando la seguridad de los reclusos en las cárceles o Centros de Detención Transitoria del país. Sobre esto, el pasado 6 de febrero el ministro de Justicia, Néstor Osuna, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 336, “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”.
Se trata de un documento de 44 páginas, con el que se busca modificar los años de privación de la libertad en algunas condiciones, elimina algunos delitos y busca la resocialización de los presos.
Muerte de un preso en estación de Teusaquillo
Todo un misterio rodea la muerte de Junior Vanegas, un joven colombo-estadounidense de 27 años, que falleció en circunstancias aún por esclarecer en una celda de la estación de Teusaquillo, en Bogotá.
Vanegas llegó al país a mediados de 2022 para visitar a su hermana, Cindy Vanegas, quien reside en Bogotá. Ambos hermanos decidieron pasar unos días de descanso juntos en la capital colombiana, pero lo que prometía ser una época de descanso, se convirtió en una pesadilla cuando Junior fue acusado de un delito sexual.
De acuerdo con una madre, el hombre le enseñó sus partes íntimas en el Parque Simón Bolívar. Tras la alerta de la madre, la comunidad capturó a Vanegas y lo entregó a las autoridades.
El joven ingresó a la estación el pasado 9 de junio de 2022 y, según su hermana, al día siguiente, el 10 de junio, Junior la llamó a su celular desde la celda para decirle que estaba siendo víctima de maltrato. Cindy aseguró a Noticias Caracol que su hermano le dijo: “la Policía me está pegando, los presos me están pegando”.
Poco después, Cindy recibió una llamada de uno de los custodios de la estación de Policía, quien le informó que habían trasladado a Junior a la Clínica Palermo con heridas graves. Cuando llegó a la clínica, Cindy encontró a su hermano esposado y con muerte cerebral. La Policía le informó que se había presentado una riña en las celdas y que Junior había sido agredido por otros detenidos que se enteraron del cargo que se le imputaba.
Sin embargo, la familia de Junior no cree esta versión de los hechos y contrataron a un investigador privado para esclarecer la verdad detrás de la muerte del joven. Según el investigador, Vanegas debía pagar una extorsión a un “jefe pluma o coordinador de la celda, quien exige que cada interno tiene que pagar entre $100 mil y $300 mil, dependiendo de su forma de vestir”. El investigador también afirmó que esta práctica es común en la estación de Policía de Teusaquillo.
Alias Harrison, un detenido por hurto agravado y quien estaba presente cuando ocurrió la agresión, aportó información clave para la investigación. Según dijo sobre los hechos a dicho medio, en el momento de la golpiza “había una rueda de 7 u 8 ‘venecos’ dándole pata y pisándole la cara, dándole puños en la cara y en la cabeza y contra la pared (...) lo dejaron ahí en el pasillo de los transitarios, allí llegó el custodio y pues se lo llevó”. Harrison también afirmó que los policías fueron testigos de la brutal agresión y no hicieron nada al respecto.
SEMANA habló con la Policía Nacional sobre el caso. Aseguraron que, para esa fecha, el joven fue judicializado con su identidad colombiana. De igual forma, le dijeron a SEMANA que la familia no mostró los documentos sobre su nacionalidad estadounidense. “El delito fue cometido en Colombia y judicializado con su nacionalidad colombiana”, dice la Policía.
La familia del joven lleva esperando más de seis meses por una respuesta de la Policía Nacional y la Fiscalía General.