El búnker de la Fiscalía General de la Nación estuvo rodeado este 17 de enero de camisetas blancas, globos del mismo color y decenas de fotos de policías asesinados en los últimos años. El representante a la Cámara por Bogotá Jaime Uscátegui convocó a los colombianos que rechazan los ataques a la Fuerza Pública a hacer presencia como una muestra de solidaridad clamando justicia.
Hace tres años, el ELN cometió uno de los hechos más sangrientos que ha vivido en la historia reciente de la capital del país. Cuando apenas habían pasado 17 días del año 2019, un pelotón de 22 cadetes de la compañía Juan María Marcelino Gilibert de la Escuela General Santander, que se preparaban para ser oficiales de la Policía Nacional, fue sorprendido por una fuerte explosión y en cuestión de segundos un gigantesco hongo de fuego los consumió.
La camioneta Nissan Patrol que conducía José Aldemar Rojas Rodríguez, identificado como miembro del ELN, entró sin problema a las instalaciones de la escuela cargada con aproximadamente 80 kilos de pentolita, uno de los explosivos más potentes. Sin mayor reparo se inmoló dentro del centro educativo, chocando el vehículo contra un alojamiento femenino. Causó la muerte de una estudiante ecuatoriana que estaba cerca a la habitación y de 21 cadetes que iban caminando al servicio de guardia de honor. Alrededor de 90 personas más resultaron heridas.
Este lunes decenas de familiares asistieron al llamado “plantón por la Fuerza Pública”, desde las nueve de la mañana emotivos mensajes acompañaron la jornada. No solo se rechazaba la vida de los 22 estudiantes que aspiraban a ser oficiales de la Policía Nacional, sino que también se manifestaron en contra los 172 homicidios a miembros de la Policía, asesinados durante el 2021 en el marco del cumplimiento de sus funciones.
El congresista del Centro Democrático recordó que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, desde 2013 la cifra de asesinados de la Fuerza Pública venía disminuyendo; no obstante, para 2021 la tendencia se rompió, lo que demostró la difícil situación de orden público que se vive en el país, y donde al menos el 98 % de los casos se mantienen en la impunidad.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el país se registra el accionar de 22 estructuras narcotraficantes y grupos delincuenciales con 5.360 personas; 34 estructuras disidentes de las Farc, con 5.200 integrantes; y 2.450 guerrilleros del ELN en todo el país, incluyendo zonas en las que hace presencia tanto la Policía como las Fuerzas Militares.
Muchos de los que asistieron al plantón eran amigos y familiares de las víctimas, al lugar también arribaron miembros retirados de la fuerza pública, militantes de su partido y ciudadanía que alzaron la voz en protesta, solidarizándose con aquellos que han perdido a sus seres queridos mientras le prestaban un servicio a la patria.
“Cientos y miles moviéndose en un solo cuerpo. Héroes de la patria que llevan a todo un país entero en su uniforme”, señaló el congresista desde el momento que convocó a la movilización.
Diego Pérez, padre del cadete muerto en el hecho Diego Alejandro Pérez, ha sentido estos tres años como una eternidad. Así como de largos se hicieron los 369 kilómetros de distancia que recorrió entre El Toro, Valle, y Bogotá el día que se enteró de lo sucedido en televisión.
El padre aseguró que el proceso está lleno de dilaciones y artimañas: “Si le duele una uña al abogado defensor, aplazan. ¿Dónde está la severidad que prometían?”, cuestiona el hombre que decidió dejar de viajar del Valle del Cauca a las audiencias realizadas durante los últimos años en Bogotá, porque argumenta que de once ciudades diferentes viajaban los padres con esfuerzo y esperanzados de tener respuestas, pero se devolvían frustrados por los aplazamientos.
Inicialmente, se capturaron cinco personas relacionadas al parecer con el ataque terrorista y un año y medio después, el 2 de julio de 2020, se realizaron ocho detenciones más, entre ellas las de Andrés Felipe Oviedo, alias Jesús; Carlos Marín, alias Marín; Angie Lorena Solano, alias Maco; Miguel Castillo, alias Toño; Anyi Daniela Martínez, alias Dani; Jessica Barrientos, alias Jéssica, así como Carlos y Luis Sebastián Mateus, alias Carlitos y Sebas.
Muchos de ellos, tres años después de lo sucedido, insisten en su inocencia y argumentan que las autoridades por el afán de dar resultados a la opinión pública cometieron falsos positivos.
Sin embargo, horas de video, seguimientos, interceptaciones y otro material han sido aportados a la investigación. Para adelantar un atentado de tal magnitud los criminales trabajaron desde tres frentes, según determinaron las autoridades. Un grupo se dedicó a la planeación y el desarrollo logístico, mientras otros formaron parte de la ejecución, y no menos importantes quienes estuvieron detrás del financiamiento. Por esta razón la Fiscalía incautó bienes que oscilan en 2.000 millones de pesos colombianos.
El presidente de la República, Iván Duque, dijo que este ataque terrorista fue planeado desde el comando central del ELN. Alias Barbas, uno de los detenidos, habría recibido directamente órdenes de Gustavo Giraldo o Pablito. Él, junto con otros seis miembros de la cúpula del ELN, desde agosto de 2021 (dos años y medio después del crimen) tiene una orden de circular roja por estos hechos. Desde ese entonces, los guerrilleros son buscados en 194 países, aún sin éxito.
En la Fiscalía se han desarrollado varias líneas investigativas divididas en las delegaciones contra la Criminalidad Organizada, la Seccional Bogotá y la de Finanzas Criminales. Se han imputado los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y rebelión agravada.
El ataque terrorista está priorizado por las autoridades, pero la demora de las condenas se da por la misma dinámica del sistema judicial del país, que para nadie es un secreto está colapsado. El 31 de enero y el 16 de marzo serán fechas claves dentro del proceso.