El Hospital Universitario del Valle (HUV) considerado el centro asistencial más importante de todo el suroccidente colombiano, y que desde hace varios años se encuentra sumido en una crisis operativa y financiera por cuenta de malos manejos y presunta corrupción, no deja de causar sorpresas. Al tortuoso proceso de reestructuración que fue sometido hace unos meses mediante la aplicación de la Ley 550 o de Intervención Económica y que causó el despido de la menos 600 trabajadores, se suma ahora un nuevo escándalo, pero esta vez con alcances penales. En la mañana de este miércoles 14 de diciembre, el CTI de la Fiscalía hizo efectivas siete de las ocho órdenes de capturas solicitadas; entre ellas el exgerente del HUV, Jaime Rubiano, dos asesores jurídicos, el supervisor del contrato, el jefe de planeación y algunos integrantes del Comité Evaluador del HUV. En la redada también cayó el representante legal de Vallepharma, que es la unión temporal a través de la cual el HUV compraba medicamentos e insumos como jeringas y por el cual se abrió la investigación judicial que hoy termina en capturas. También se supo que el ptresunto detrimento patrimonial asciende a la suma de siete mil millones de pesos y que a todos los implicados se les formularán cargos por peculado por apropiación, interés indebido en contrato y sin los requisitos legales."Por ejemplo, de manera general se pudo confirmar que en la compra se pagaron a Vallepharma más de 22.000 milllones de pesos en medicamentos, cuando en realidad se estableció que valían 14.000 millones de pesos", aseguró Bernardo Garrido, director encargado del CTI en Cali. Esas presuntas irregularidades con el proveedor Vallepharma fueron denunciadas por SEMANA en una investigación periodística publicada en octubre del 2015, en la que además se abordaron otros complejos problemas que llevaron al HUV y otras casas de salud del Valle, ad portas de su liquidación.Le recomendamos: La salud del Valle agoniza Ese trabajo periodístico reveló, la manera como el HUV le pagaba a Vallepharma facturas donde las jeringas se cobraban con un incremento de hasta el 400 %. En su momento tanto el exgerente Rubiano como los representantes del proveedor explicaron a este medio que “como el contrato con el proveedor se hizo en paquete, algunos productos serán más costosos, pero otros los venderán más baratos y prueba de ello es que gracias a ese esquema de compras logramos un ahorro de 1.000 millones”. El informe es una radiografía que puso en evidencia que si bien el HUV requiere ser reestructurado, buena parte de la crisis corrió por cuenta de los malos manejos administrativos, la excesiva politiquería y supuesta corrupción. Todo ello influyó en el declive operativo y financiero no solo de ese hospital, sino de otras entidades de salud del Valle del Cauca. Precisamente la gerencia de Rubiano que empezó en el 2013 y culminó en el 2015, fue una de las más polémicas y cuestionadas, especialmente por las directivas del Sindicado de Trabajadores, quienes no le perdonaron las reformas y ajustes que hizo, ya que muchas de ellas desembocaron en la tercerización de servicios y la intermediación laboral a través de cooperativas. Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas, recordó que en la Contraloría del Valle existen "muchos informes que dieron cuenta de las irregularidades en las que incurrió el señor Rubiano, pero esas alarmas no se concretaron en juicios de responsabilidad fiscal", recordó el dirigente sindical a este portal. En efecto, en el 2015 la Contraloría del Valle publicó un informe fiscal en el que advierte hallazgos con alcances penales, fiscales y disciplinarios contra Rubiano, por el presunto detrimento de 2.841 millones de pesos. Un año más tarde, o sea en septiembre del 2016, la Procuraduría emitió un fallo de primera instancia en el que sanciona a Rubiano con destitución e inhabilidad por doce años, al hallarlo culpable de graves irregularidades en la celebración de dos millonarios contratos para el tratamiento cardiovascular y digestivo. Así las cosas, mientras el HUV avanza en la polémica reestructuración que implicó el despido de casi 600 trabajadores, las autoridades judiciales les siguen los pasos a quienes presuntamente ayudaron en la quiebra de uno de los hospitales más importantes del suroeste colombiano.