Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), alertó sobre las consecuencias del Decreto 1139 de 2021, firmado el pasado 23 de septiembre, que modifica los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades de diferentes zonas del país.
Hasta el momento, el texto del decreto no había generado mayor polémica, sin embargo, el jueves 9 de diciembre un investigador de Human Rights Watch alertó sobre la aplicación del mismo. Según indicó Pappier en su cuenta de Twitter, “con el pretexto de una mayor eficiencia, el decreto limita la información para tomar decisiones sobre protección, coarta la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce la protección colectiva”.
El investigador compartió un hilo en la red social Twitter donde detalla los puntos del decreto que debilitarían la protección de líderes sociales en Colombia.
De acuerdo con Pappier, el Decreto 1139 de 2021 “disolvió el Grupo de Valoración Preliminar, que estaba formado por diversos actores del Estado colombiano. Ello significa que hoy el principal insumo para decidir quién recibe protección proviene de los analistas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), equipo conformado en su mayoría por expolicías y exagentes del DAS”.
Como efecto de la disolución del Grupo de Valoración Preliminar, el investigador de Human Rights Watch apuntó que la medida podría ayudar a agilizar las decisiones de la UNP, sin embargo, “al mismo tiempo, impide que haya información exhaustiva que permita tomar una decisión informada sobre el riesgo que enfrentan los líderes en distintas zonas del país”.
De hecho, según alertó Pappier, hay zonas en Colombia a las que los analistas de la Unidad Nacional de Protección no pueden ingresar por problemas de seguridad. Por esta razón, no cuentan con información detallada e integral sobre las distintos riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas del país.
Dos artículos limitan la información
De acuerdo con el análisis hecho por Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), los artículos 12 y 13 del Decreto 1139 de 2021 limitan la información sobre el análisis de riesgo a “entidades públicas”. “Por ello, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que hace años es parte del comité para decidir las medidas de protección (CERREM), ya no puede tener una participación plenamente informada”, sostuvo.
Otro de los artículos criticados por Pappier es el número 22, el cual establece que las medidas de protección colectiva de la UNP solo tendrán vigencia de un año, salvo que existan “nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo”.
“La legislación colombiana no contaba con un plazo similar para la vigencia de medidas de protección colectiva. Ello tenía sentido: el propósito de estas medidas debe ser modificar las condiciones de desprotección e inseguridad que se viven en varias zonas del país”, escribió el investigador de HRW en su cuenta de Twitter.
Así mismo, se refirió al artículo 2 del decreto, que “también aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para los familiares de una persona en riesgo”.
“Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de DD. HH. Sin duda hacen falta reformas a los mecanismos de protección (...). Pero este decreto, en vez de fortalecer la protección, constituye un retroceso”, alertó Pappier.
De acuerdo con información de Human Rights Watch, desde 2016 más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El informe de HWR, además, señala que pese a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejó el grupo guerrillero. Asimismo, comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.
A continuación, el primer tuit del investigador Juan Pappier, de Human Rights Watch, con el hilo donde explica las consecuencias negativas del Decreto 1139 de 2021: