Un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional hizo el director para América Latina de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, frente a los casos de violación de menores de edad que involucran a miembros del Ejército Nacional. En su cuenta de Twitter, Vivanco señaló: "Colombia: ¿qué pasó con el informe final que la comisión liderada por Gómez Méndez debía publicar en noviembre de 2019 sobre las normas internas del Ejército? En la última semana se conocieron 3 graves abusos (2 violaciones sexuales y 1 homicidio) que involucrarían a soldados". En el documento que presenta el director del organismo mundial, se lee parte del decreto que creó la Comisión Presidencial de Excelencia Militar ad honorem, la cual tiene el objetivo de revisar, orientar y recomendar al Gobierno los ajustes a las diferentes disposiciones normativa que en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario hayan expedido las Fuerzas Militares de Colombia y de Policía de Colombia.
Cabe recordar que esta comisión está integrada por el ex fiscal general de la nación, Alfonso Gómez Méndez; Mauricio González y Hernando Yepes, quienes, de acuerdo con el decreto, debían analizar las mejores prácticas internacionales para la instrucción de órdenes operacionales al interior de esas instituciones. Asimismo, otra función era revisar los instrumentos de capacitación que garanticen la excelencia operacional en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos. Sin embargo, el llamado de atención y la crítica de HRW va en el sentido de que en noviembre del año pasado, la comisión debía entregar un informe final sobre las normas internas del Ejército, el cual nunca se hizo.
En mayo del año pasado, el presidente Iván Duque informó que la primera tarea de los comisionados era que, en un mes, hicieran “una revisión de los lineamientos, manuales y protocolos operacionales, para que, como independientes, certifiquen y puedan examinar la coincidencia, la coherencia, la congruencia, del comportamiento de la fuerza pública y sus lineamientos con las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario”. Consideró que dicha comisión “debe darle una gran confianza al pueblo colombiano y una gran confianza a todos los miembros de la fuerza pública, para que no haya la más mínima duda sobre su conducta, sobre sus operaciones, y sobre la forma siempre leal a la Constitución y la ley, como deben operar todos los miembros”. En su momento, el mandatario reiteró que a “quien esté en la fuerza pública y cometa un delito y deshonre el uniforme le deberá caer siempre todo el peso de la ley. En eso no hay duda alguna, y desde el primer día como presidente de la república instruí que tenía que garantizarse la cero tolerancia con cualquier conducta violatoria de la Constitución y la ley, el DIH y los derechos humanos”. El año pasado, la comisión entregó un informe en julio, en el que incluyó una revisión de los lineamientos, manuales y protocolos operacionales de las Fuerzas Militares en Colombia, con relación al respeto a los derechos humanos y los procedimientos que pudieran generar un escenario para posibles casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas también como falsos positivos.
Entre las conclusiones más relevantes del informe final, se destacó que “específicamente desde enero del 2019 hasta la fecha, no se ha hallado queja, denuncia o noticia indicativas de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los falsos positivos, cuya ‘No repetición‘ es un propósito nacional y del Estado que debe ser materia de la más continua y estricta vigilancia”. La comisión también consideró que las Fuerzas Militares actúan conforme a los lineamientos del derecho internacional humanitario (DIH). “El conjunto normativo-operacional de las fuerzas militares y de policía de Colombia, guarda armonía con los principios y reglas del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIDH y DIH)”, destacó el informe. Sin embargo, en el año no se entregaron otros informes respecto a las actuaciones y operaciones de la fuerza pública, y por el que Vivanco hace el cuestionamiento. Por último, el director de HRW condenó el caso de la menor de 15 años de la comunidad nukak makú, quien fue aparentemente violada por militares en Guaviare y cuestionó: "¿Por qué el Ejército recién da a conocer ahora un caso de septiembre? ¿Por qué la Procuraduría aún no ha recibido el proceso? ¿Qué ha hecho la Fiscalía?".