La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de recibir un concepto de la Procuraduría General de la Nación que da cuenta de la crudeza y el drama del conflicto armado en Colombia.

En el documento, conocido por SEMANA, el órgano de control indicó que, aunque los miembros de las FARC no reconocieron haber cometido delitos de violencia sexual, de lo declarado por los exjefes de ese frente se advierte que dentro de los estatutos de esa organización ilegal armada existió la prohibición de tener hijos y debía cumplirse, “no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”.

Incluso, para evidenciar tal situación, se conoció el caso de una niña integrante de ese frente que aparentemente fue obligada a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionada o llevada a consejo de guerra.

En el documento, la Procuraduría sostuvo que la guerrilla sí se benefició del narcotráfico para financiar la guerra, “pues con la inserción de las drogas, particularmente del cultivo de la hoja coca, se formó una poderosa forma de economía ilícita de la cual las FARC se nutrieron para financiar sus actividades bélicas”.

El documento señala que mediante los ataques y tomas guerrilleras perpetradas en el Urabá, las FARC constituyeron una práctica sistemática y generalizada que conllevó el desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en diferentes sectores de la región, “especialmente de los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó, Mancilla y la Larga-Tumaradó, entre otros”.

Sobre la utilización de métodos y medios de guerra expresamente prohibidos por el DIH, solicitó profundizar en el análisis de esa conducta “para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de daños colaterales a la población civil muy graves”.

La Procuraduría también pidió revisar algunos hechos puntuales perpetrados por el Frente 5, que generaron graves violaciones a los derechos humanos, como las masacres de La Chinita, en 1994, y Bojayá, perpetrada en 2001, entre otras.

Frente a la financiación de las FARC-EP, el Ministerio Público indicó que “es necesario explorar las fuentes que tuvieron para cubrir los gastos de guerra, lo que debe ir más allá de lo que señalaron como cuotas voluntarias pagadas, según los comparecientes, por ganaderos, empresarios y hoteleros”.

Finalmente, requirió que en la fase de aportes tempranos de verdad “las FARC pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento”.

De hecho, un informe reciente señala que, desde los inicios mismos de las FARC como grupo armado, a mediados de la década de los 60, alias Jacobo Arenas plasmó en el ‘Diario de la resistencia de Marquetalia’ que “un muchacho educado en la escuela de las luchas armadas revolucionarias es casi seguramente un buen guerrillero” y destacaba que “allí también se movilizaron hasta los niños para romper el cerco tendido sobre la región por el Ejército”.