Por segunda vez, la exministra Cecilia Álvarez se enfrenta a la justicia y a la necesidad de explicarle al país que sus decisiones, como jefe de la cartera de transporte, fueron ajustadas a la ley de contratación. El proceso, en una primera etapa, fue archivado. Sin embargo, tras nuevos hallazgos, la Fiscalía resucitó la investigación y ahora advierte que la exministra tenía intereses personales en un proyecto de Odebrecht.
De acuerdo con la Fiscalía, Cecilia Álvarez, entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, avaló la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña en Norte de Santander y Gamarra en el departamento de Cesar, al proyecto vial.
“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, a la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez Correa - Glen y le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.
Para la Fiscalía existe evidencia suficiente para demostrar que la exministra tenía intereses personales en la aprobación de ese proyecto, que benefició de manera millonaria a la empresa brasilera, incluida en la concesionaria ‘Ruta del Sol’. Los cambios que autorizó la exministra no beneficiaron el proyecto inicial, solo fueron modificaciones que terminaron por favorecer los intereses de la exfuncionaria.
“De acuerdo con los elementos de prueba obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la exministra habría permitido que se tramitaran y celebraran los mencionados otrosíes en desconocimiento de las normas que rigen los temas contractuales, la jurisprudencia y un concepto del Consejo de Estado”, explicó la Fiscalía luego de la imputación de cargos.
La Fiscalía adicionalmente logró demostrar que las adiciones y demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley.
“Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña - Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’, que era conectar el centro del país con la Costa Caribe. Por el contrario, era una obra transversal que tenía una orientación oriente - occidente. En ese sentido, debía gestionarse un nuevo proceso de contratación por licitación pública”, explicó el ente acusador.
Pero las presuntas irregularidades no solo estuvieron en las adiciones de los contratos iniciales del proyecto vial, sino que además, para garantizar la financiación de esa nueva ruta, que de acuerdo con la Fiscalía tenía un interés personal de la exministra, se autorizó la instalación de unos peajes y el aumento de otros dos, que ya estaban funcionando en esa zona del país.
“Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña - Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II”, advirtió el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Los intereses personales, que incluyó la Fiscalía en la imputación de cargos en contra de la exministra Cecilia Álvarez, fueron advertidos por el ente acusador tras asegurar que Álvarez “hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario, en donde tenían intereses económicos y eran accionistas varios familiares de su pareja”.