Las decisiones del Inpec, respecto al traslado del exalcalde, Ramiro Suárez Corzo, de una clínica en la ciudad de Cúcuta a la cárcel La Picota en Bogotá, se convirtieron en una novela con varios factores y que enfrenta a la Fiscalía con el Instituto Penitenciario, por lo que desde el ente acusador calificaron como una “estrategia para no dejar hablar” al exalcalde, ahora testigo de un escándalo de corrupción.
SEMANA conoció un documento en poder del Tribunal Superior de Bogotá que indica en detalle los reparos de la Fiscalía con el traslado del exalcalde de Cúcuta a la cárcel La Picota, no por otro motivo, sino por el proceso de colaboración que inició Suárez Corzo para destapar la corrupción en el mismo centro de reclusión.
“La defensa del señor Ramiro Suárez Corzo solicitó a la Fiscalía se le escuchará en diligencia de interrogatorio, con el fin de colaborar con el ente acusador y así poder dar claridad acerca de los hechos objeto de investigación y las exigencias de dinero de que fue víctima por años, incluyendo las citas médicas a que tenía que asistir, por las que se le pedía gruesas sumas de dinero”, señala el documento.
El documento es una respuesta de la Fiscalía a la acción de tutela que radicó la defensa del exalcalde y donde advierten cómo las condiciones de salud de Suárez Corzo son precarias, incluso corroboradas por el mismo Inpec el ente acusador también hace severos reparos frente a la incapacidad que tendría el personal de guardia en la picota para brindar esa asistencia médica.
“No contentos con ello, deciden trasladarlo al ERE 1 del COBOG PICOTA, es decir, al sitio donde están laborando las personas contra quienes él pretende declarar, y simple y sencillamente lo dejan en una cama a su suerte, pues es una persona que no se puede valer por sus propios medios, corroborado de la misma forma por la Fiscalía”, dijo el ente acusador.
La Fiscalía asegura que entiende las advertencias y denuncias sobre los comportamientos de indisciplina del exalcalde mientras se encontraba en una clínica de la ciudad de Cúcuta, pero resulta curioso que una vez el exalcalde anticipó un proceso de colaboración se iniciaron todos los trámites para trasladarlo a la cárcel en la que justamente ocurrieron los hechos de corrupción que espera denunciar.
“A raíz de que se enteraran en el Inpec de la intención de colaboración por parte del señor Suárez Corzo, se idearon la estrategia de no dejarlo hablar, por ello, sin escatimar costos, lo trasladan en el avión privado de la policía hacia Bogotá y de ahí en una ambulancia hacia el hospital San Carlos que es donde atienden los PPL a órdenes del Inpec que no tienen EPS y sin interesarles su estado o su condición no le permiten a la familia que sea atendido por su EPS o en la clínica asignada”, advierte el documento.
La advertencia que hace la Fiscalía es apenas obvia, entendiendo que para escuchar en diligencia interrogatorio al exalcalde se requiere de la asistencia del personal de guardia, que justamente será objeto de verificación de la misma fiscal a cargo del proceso y que tendrá que llegar a La Picota para adelantar las diligencias, pasar por los filtros de con los funcionarios que hacen parte de la investigación.
“Inicialmente, mi prohijado fue observado por sanidad de dicho Establecimiento, quienes, en un análisis médico preliminar, no solo corroboraron su cuadro clínico y estado de salud, sino que también indicaron la imposibilidad física y profesional en que se encuentran para garantizar sus derechos a la vida y salud en reclusión”, señala el documento que fue adjuntado a la acción de tutela que radicó la defensa del exalcalde.
La defensa del exmandatario adjuntó a la tutela un memorial en el que advierten cuál es la rutina que tiene su cliente en la cárcel La Picota y cómo son los mismos internos en este centro de reclusión, los que tienen que ayudarlo para actividades tan básicas como ir al baño o recibir la alimentación.