Seis días enteros en huelga de hambre completaron indígenas wayúu de la comunidad La Ceibita Macedonia como protesta a la construcción de una nueva cárcel de mediana seguridad en Riohacha, que se hará en un predio aledaño al que viven por lo menos 66 familias indígenas, una zona que había sido reservada para esta comunidad.
La ONG Nación Wayúu informó en su cuenta de Twitter que los miembros de dicha comunidad indígena completaron 144 horas, es decir seis días, encadenados y en huelga de hambre “sin que reciban acompañamiento ni atención por parte de la Secretaría de Salud de Barranquilla ni ninguna otra entidad”.
Desde el pasado 20 de diciembre la comunidad inició marchas pacíficas en las principales vías de Riohacha por las “graves violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la vida, el territorio, el medioambiente, la autonomía territorial”, complementa la ONG.
Los indígenas wayúu –citados por la organización– argumentan que con la construcción de dicho centro carcelario los están “desplazando forzosamente de sus territorios ancestrales para darle viabilidad a la construcción de la megacárcel del Distrito de Riohacha”.
Según explica la comunidad, se interpuso una tutela con la cual en segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de Riohacha le solicitó al Ministerio del Interior realizar las verificaciones correspondientes, así como establecer un diálogo intercultural con la comunidad que se vería afectada.
“Pero el diálogo nunca se surtió, excepto la resolución que emana del Ministerio del Interior manifestando que la consulta previa no procedía, desconociendo a la comunidad y por ende los impactos sociales, culturales, espirituales que podría desencadenar el desplazamiento”, indicaron los wayúu en un comunicado del 18 de diciembre de este año.
Aclararon que los miembros de la comunidad que están participando de esta huelga “están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias y si es posible ofrendar sus vidas por el respeto y la reivindicación de sus derechos, y que cualquier desenlace fatal en la vida de los huelguistas que integran una comunidad indígena será única y exclusiva responsabilidad del Estado colombiano en cabeza del Ministerio del Interior”.
Por ahora se sabe que la nueva cárcel, en la que se invirtieron $182.000 millones, tendrá una capacidad hasta de 1.500 reclusos y siete pabellones que se dividirán para hombres, mujeres e indígenas. La obra fue adjudicada a finales de 2020 al consorcio Eron La Guajira, que integran las empresas Varela Fiholl y Compañía S. A. S. y A Construir S. A.
CIDH aplaude acciones de Colombia para proteger a indígenas
Justo antes que iniciara esta fuerte polémica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la emisión de una resolución que vincularía el pueblo indígena wayúu y una posible visita a La Guajira para evaluar de primera mano cómo el Estado está protegiendo a los grupos vulnerables de esta región.
A través de la Resolución de Seguimiento No. 99/2021, la CIDH recogió los procesos de implementación de unas “medidas cautelares” para tres grupos protegidos en medio del pueblo wayúu, situados en diferentes municipios del departamento de La Guajira.
Los grupos protegidos por la resolución serían en primer lugar niños, niñas y adolescentes de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao; en segunda instancia, mujeres gestantes y lactantes de Manaure, Riohacha y Uribía; por último, personas mayores de Manaure, Riohacha y Uribía. Estos ya habían sido establecidos con medidas cautelares mediante la Resoluciones 60/2015, 3/2017 y 51/2017.
Así entonces, frente a los avances que ha desarrollado el país ante esta población, el comunicado de la CIDH aseguró que la organización internacional habría valorado “positivamente” las acciones implementadas por el Estado en el asunto acerca de los grupos mencionados.
Entre tanto, la comisión aprovechó para pedir que continuaran, de la forma como se estaban presentando, los espacios en los cuales el Estado colombiano y el pueblo wayúu se reunían para llegar a acuerdos en pro de la comunidad.
En adición, también se informó que la organización había realizado “una serie de valoraciones a la luz de la información disponible” sobre los grupos vulnerables al Gobierno, para que este tomara las acciones pertinentes.
En este punto, la comisión añadió que estaba dispuesta a desplazarse hasta Colombia, para ir a cada uno de los municipios descritos anteriormente, para ver cómo están los grupos protegidos, en contraste con la información brindada, ya sea por petición del Estado o por requerimiento de los indígenas.