Human Rights Institute (Fundación Derechos & Justicia Asociados), una organización no gubernamental con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó un informe independiente en el que respalda, según su concepto, la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso en su contra. Esta organización, cuya misión es “fortalecer, defender y promover los mecanismos internos y externos de protección de los derechos humanos y las garantías judiciales”, ha estado monitoreando de cerca las garantías judiciales del caso Uribe desde 2018.
De acuerdo con el informe, la Fundación Derechos & Justicia Asociados ha “identificado dentro del proceso judicial adelantado en este tiempo la existencia de la evidencia y argumentos jurídico-penales suficientes que corroboran la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que debería conllevar a la finalización de la persecución penal tal como lo ha expresado por dos ocasiones el ente acusador sobre dicho caso, al determinarse la existencia de la atipicidad en la conducta y la imposibilidad formal y material de desvirtuar la presunción de inocencia del expresidente Álvaro Uribe”.
Dentro del episodio sobre lo ocurrido en la cárcel La Picota, en Bogotá, la Fundación estudió los distintos medios probatorios que permitieron establecer “la manera en la que Victoria Jaramillo había sido contactada por Ricardo Williamson para hacerle llegar una información al señor Álvaro Uribe por parte de Juan Guillermo Monsalve y sus intenciones de retractarse de sus manifestaciones dadas ante el senador Iván Cepeda en septiembre de 2011″.
Ante esto, la Fiscalía General analizó las supuestas actuaciones desplegadas que pretendían implicar al expresidente Uribe en la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Para ello, el ente acusador “analizó y valoró el material indiciario y probatorio que fue recolectado durante su investigación y el que fue trasladado por parte de la Corte Suprema de Justicia en el momento en el que se cambió la competencia para conocer del asunto, en virtud de la pérdida del fuero como congresista”.
“La probabilidad de verdad que encontró la Fiscalía en este evento es que el señor Juan Guillermo Monsalve no tenía nada de que retractarse porque además no conocía lo que en verdad ocurrió en la Hacienda Guacharacas, y que además él no hizo parte del Bloque Metro o de alguna organización paramilitar en la época de los hechos que son investigados y que vinculan a la familia Uribe Vélez”. De esta manera, “Juan Guillermo Monsalve no era testigo de ningún acto ilegal que presuntamente hubiera cometido el expresidente Álvaro Uribe”.
En ese sentido, “Juan Guillermo Monsalve fue visitado el 23 de febrero de 2018 por la magistrada auxiliar Sandra Arroyave para escucharlo en declaración bajo la gravedad de juramento y sin la presencia de los abogados del expresidente para contrainterrogarlo; en dicha declaración relató los hechos en los que presuntamente habría sido buscado por Enrique Pardo Hasche para cambiar su versión en la primera entrevista que le concedió a Iván Cepeda Castro en 2011″.
Contrario a lo expresado por Juan Guillermo Monsalve, “Enrique Pardo Hasche manifestó que fue Monsalve quien lo buscó para que contactara a alguna persona que tuviera relación con Álvaro Uribe, ya que este se encontraba en condiciones de rectificar o aclarar lo que él mismo había dicho”. Esta afirmación fue soportada por la Fiscalía a través de la declaración de Pardo Hasche rendida ante la Corte Suprema de Justicia el 6 de septiembre de 2019.
Para la Fiscalía, fue clara “la manera en la que la información de un testigo dio cuenta de los ofrecimientos realizados por parte del senador Iván Cepeda Castro para incriminar al expresidente Álvaro Uribe por actuaciones irregulares y al margen de la ley en apoyo a grupos paramilitares”. Esta información fue sustentada en las declaraciones rendidas por Enrique Pardo Hasche y Ricardo Williamson ante la Corte Suprema y la declaración rendida por el mismo expresidente.
Para la Fundación Derechos & Justicia Asociados), “siendo, así las cosas, según el análisis dogmático del tipo penal, los elementos materiales probatorios aportados por parte de la Fiscalía, las reiteraciones realizadas por parte de Ministerio Público y la intervención de la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe, se concluye que no existe un indicio que permita desvirtuar la presunción de inocencia”.