En una carta abierta que enviaron los exnegociadores de paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo fijaron sus posturas frente a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe sobre la posibilidad de implementar una amnistía general en el país. Los exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos rechazaron ese planteamiento al considerar que ese tema siempre se rechazó durante la negociación que se adelantó en La Habana (Cuba).
Jaramillo y de la Calle recordaron que en las negociaciones que se adelantaron en Cuba con las Farc se hizo esa discusión y quedó claro que debía haber una priorización de las víctimas por lo cual una amnistía general no era viable. “Desde la firma del Acuerdo General, en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general, como propone Álvaro Uribe, daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
En la carta de 12 puntos los exnegociadores recuerdan bajo qué marco se negoció y que siempre se dejó claro que las víctimas del conflicto estarían en el centro del acuerdo, razón por la cual “una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
Además, dicen que en el país la discusión sobre una amnistía general se cerró hace nueve años con la jurisprudencia de las Cortes con base en el Marco Jurídico para la Paz. “El Marco establece -siguiendo las recomendaciones del Secretario General Kofi Annan al Consejo de Seguridad-, que una combinación de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial permitirá “garantizar los deberes estatales de investigación y sanción”.
Recuerdan que allí quedó contemplada la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que una amnistía general no tendría cabida en este momento. “Les explicamos (en 2015) a puerta cerrada al Secretariado de las FARC-EP que esa era no solo la 2 posición del Gobierno Nacional, sino lo que exigía la realidad política y jurídica del siglo XXI: “no puede haber y no habrá amnistía general. Punto”.
En la comunicación dicen que la creación de la JEP fue justamente para que ante esa jurisdicción fueran investigados los crímenes de la guerra y que es a primera vez que una guerrilla armada aceptaba esas condiciones. “La JEP ha logrado en un tiempo razonable, en comparación con tribunales similares, imputar a guerrilleros y agentes del Estado por gravísimos crímenes de lesa humanidad que convulsionaron a Colombia, y hacer a la vez una contribución definitiva a la verdad. Son los propios mandos guerrilleros y nuestros propios oficiales y suboficiales los que están hablando”.
Por esa razón indican que la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe, derrumbaría todo lo logrado con el acuerdo de paz y que los primeros damnificados serían las víctimas, los miembros de la Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que están en proceso transicional. “Queda el asunto del expresidente Uribe. En La Habana tomamos la decisión de dejar explicito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer. Pero eso no quiere decir que el expresidente no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones del Sistema Integral dentro del respeto que merecen. Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación”.
Finalmente dicen a los partidos de izquierda que deberían dejar de promover la impunidad y acudir a la Comisión de la Verdad o a la JEP, si fuera necesario para explica, por ejemplo, “la relación el Partido Comunista y los crímenes de las Farc-EP”.