Este viernes, ante el Consejo Departamental de Política Social de Guaviare, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó una serie de acciones con el objetivo de fortalecer la protección de niños y adolescentes indígenas del departamento.
El ICBF señaló que dentro de las acciones se encuentra la creación de dos Unidades Especializadas de Apoyo Interdisciplinario, con un enfoque étnico y de género, que, según la entidad, “fortalecerán en menos de dos meses a las cinco defensorías de familia que atienden en el departamento incluyendo el Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas)”.
De igual manera, anunció que se pondrá en marcha una Unidad de Búsqueda Activa (UBA), encargada de recorrer los resguardos indígenas y lograr identificar niñas y niños de primera infancia con riesgo de desnutrición, “para ser atendidos por esta unidad y remitir al sector salud a los que presenten esta patología”.
Así mismo, desde el Observatorio de la Niñez, dijo que se elaborarán periódicamente boletines sobre la situación de las niñas y niños en Guaviare.
Finalmente, indicó la entidad, que se establecerá una agenda y cronograma de trabajo para diseñar de forma concertada con los miembros de las comunidades indígenas, “un servicio flexible, con enfoque comunitario que contemple el enfoque diferencial étnico, el cual debe tendrá la participación de la sociedad civil y la institucionalidad”. “El ICBF continuará articulando acciones con las entidades territoriales, el Gobierno Nacional y se concertará con los miembros de las comunidades indígenas la construcción de los modelos de atención integral para las niñas y niños Nukak y Jiw”, agregó.
Este anuncio del ICBF se conoce luego de que la Procuraduría General de la Nación anunció que adelanta actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con posibles actos de abuso y/o violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional contra menores de edad indígenas en esta región del país.
En ese sentido, fue abierta una investigación disciplinaria contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ese departamento, Joaquín Mendieta Silguero, quien, al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y, pese a ello, no habría desplegado las medidas de protección necesarias.
El proceso se originó a raíz de una nota periodística en la que señala la existencia de estos abusos y deja ver que, en entrevista dada por Mendieta Silguero, “al parecer conoció de dichos hechos y omitió sus deberes funcionales que le imponen tomar medidas urgentes frente al restablecimiento de los derechos de dichos menores y presentar la respectiva denuncias”.
El director del ICBF regional Guaviare será escuchado por el procurador regional de Instrucción de ese departamento el 23 de enero de 2023 a las 9:00 de la mañana para que rinda, de manera libre y espontánea, su versión respecto de los hechos materia de investigación.
Como parte de la investigación adelantada, el ente de control solicitó a la dirección territorial del ICBF en Guaviare información sobre todas las actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos de esta población adelantadas en 2022 y 2023, relacionadas con hechos de abuso sexual de niñas indígenas.
Así mismo, requirió copia de las denuncias penales interpuestas por funcionarios estatales de dicha entidad territorial frente a este tipo de casos, en los mismos años.
Por otra parte, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública inició una indagación previa contra militares por establecer, que busca identificar otros hechos de abuso y/o violencia sexual contra niñas indígenas de Guaviare.
El ente disciplinario trabaja para establecer el nombre y ubicación exacta de todas las unidades militares asentadas en el Guaviare y los nombres y datos de quienes las comandaron entre 2019 y 2023.
Dentro de esta indagación previa, la Procuraduría solicitó a la Inspección General del Ejército Nacional y el Batallón de Infantería de Selva No. 18 “José Joaquín París” información sobre quejas contra militares por este tipo de conductas, recibidas en los últimos cuatro años.
Así mismo, deberán indicar si tienen o han tenido investigaciones disciplinarias por quejas relacionadas con posibles actos de abuso y/o violencia sexual contra menores de edad indígenas en ese departamento. En caso afirmativo, la información completa de estos procesos, incluyendo el estado actual y el nombre de los disciplinados, tendrá que ser remitida a la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública.
De igual manera, el Ministerio Público requirió información a la Fiscalía General de la Nación, a la Personería de San José de Guaviare y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Guaviare, para establecer la existencia de otros hechos de esta índole en esta zona del país.