En enero de este año arrancó una de las investigaciones más fuertes contra el tráfico de fauna que se ha dado en Colombia. Ahora, seis meses después, se logró la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al tráfico y comercialización de especies en peligro de extinción. En el operativo participaron miembros de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación.
En el operativo policial fueron capturadas siete personas y se recuperaron animales de 15 especies silvestres y exóticas, entre ellas serpientes cascabel –una de las venenosas del planeta que llega a medir más de 1.50 a 2.50 metros– boas constrictores, puercoespines, iguanas entre otras.
Estas personas tenían como centro de operación el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, donde movían los animales, con injerencia principal en los municipios de Dosquebradas, Pereira, Puerto Caldas, Santa Rosa de Cabal, Manizales y Cartago.
Los clientes eran contratados a través de las redes sociales donde acordaban, los pedidos y los pagos. Es necesario aclarar que el tráfico de este tipo de especies es considerado como uno de los negocios ilícitos más lucrativos de la región, ubicándose de tercero en la lista, después del tráfico de armas y estupefacientes. El modus operandi de la banda consistía en secuestrar especies en vía de extinción, reproducirlas y posteriormente venderlas en el mercado negro.
Su actuar se llevaba a cabo bajo la clandestinidad, aunque publicaban mensajes en Facebook y contactaban a los posibles compradores por WhatsApp, donde establecían pormenores de entrega y transporte. Luego del acuerdo con el comprador, estas especies eran enviadas a través de encomiendas, por medio de empresas de mensajería o entregadas personalmente por medio de terceros.
Los detenidos deberán responder por el delito del ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables y podrían pagar de cuatro a ocho años de cárcel. Además, deberán pagar una de 100 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La infiltración en la estructura delincuencial denominada Camaleón, permitió establecer que llevaba aproximadamente un año traficando especies.
De igual manera se determinó que tenían puntos estratégicamente escogidos para su comercialización y entrega con el fin de no levantar sospecha de las autoridades, utilizando fachadas de venta de animales domésticos o servicios de veterinarios.
Lo que aún no han logrado comprender quienes se dedica a compran, vender, criar, reproducen, y traficar estas especies es que sus actividades generan consecuencias ambientales y sociales que afectan el ecosistema.
Cabe recordar que, desde hace un año, la Procuraduría señaló que es determinante que el Ministerio de Ambiente fije políticas claras sobre manejo, administración y funcionamiento de zoológicos, zoocriaderos y otras figuras que autorizan la tenencia legal de fauna silvestre nativa o exótica, que garanticen la salud para el personal, así como pólizas de funcionamiento de los establecimientos, alimentación, salud y salubridad de los especímenes de fauna que albergan.
Acatando las propuestas impulsadas por organizaciones como Global Wildlife Conservation (GWC) y Wildlife Conservation Society (WCS) tendientes a prevenir futuros brotes virales mayores como la covid-19, que impactan globalmente a la salud y al bienestar de las personas, a la economía y a la seguridad. Específicamente WCS recomendó detener todo el comercio de vida silvestre para consumo humano, particularmente de aves y mamíferos, y cerrar todos los mercados destinados a esta práctica.
Además, desde el ministerio público se solicitó a las autoridades ambientales disponer de presupuestos para la construcción inmediata de los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) y recalcando la obligatoriedad de rescatar y reubicar las especies que aún permanecen en manos de particulares, salvo aquellos casos en los que se ordenen decomisos definitivos.