En una acción sin precedentes, la colaboración conjunta entre las autoridades permitió descubrir y desmantelar un sofisticado conglomerado empresarial involucrado en el contrabando de textiles y artículos procedentes de Estados Unidos.
La minuciosa labor de investigación permitió identificar y golpear el patrimonio ilícito de esta organización, que supuestamente ha estado operando en las sombras. Según la evidencia recopilada, al menos tres individuos habrían colaborado en poner en marcha un entramado criminal que utilizó dos sociedades importadoras para introducir ilegalmente al país contenedores repletos de zapatos, telas, prendas de vestir y otras confecciones.
Gracias a la contundencia del operativo adelantado por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el ente investigador logró demostrar que los miembros de esta red desplegaron una serie de maniobras para eludir los rigurosos controles de las autoridades aduaneras y simular el cumplimiento de los requisitos legales.
Una de las tácticas empleadas consistía en declarar cantidades menores de mercancía, mientras que otras veces hacían pasar textiles sin la documentación requerida que demostrara su origen. Además, optaban por nacionalizar los productos de manera parcial.
En relación con estos actos ilícitos, un fiscal de la Dirección contra los Delitos Fiscales presentó cargos contra tres sujetos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Las acusaciones señalan la implicación directa de estos individuos en el entramado criminal.
En una arista adicional de esta operación, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ha tomado medidas cautelares drásticas para asegurar los activos obtenidos de manera ilícita. Estas acciones han llevado a la suspensión del poder sobre los bienes, así como al embargo y secuestro de 22 propiedades y 2 sociedades ubicadas en diversas ciudades, incluyendo Villavicencio (Meta), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá. El valor preliminar de estos activos embargados se estima en 6.000 millones de pesos.
Este operativo conjunto marca un paso significativo en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal, destacando la cooperación entre diferentes unidades de investigación para abordar de manera eficaz y contundente las redes delictivas que socavan la economía y la legalidad en el país.
Narcos usaban contenedores para mover cocaína hacia Europa
De otro lado, las autoridades lograron desarticular una importante red de narcotráfico en una operación conjunta que involucró a la Fiscalía General de la Nación, la Delegada para las Finanzas Criminales y el Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos del CTI, así como a la Policía Nacional y las autoridades británicas. En esta contundente acción, se propinó un golpe significativo a una estructura dedicada al tráfico transnacional de cocaína.
El modus operandi de esta red implicaba la utilización de contenedores que aparentemente transportaban bananos con estupefacientes. Estos contenedores se movilizaban sin las revisiones necesarias, facilitando así el envío de la droga hacia Europa. Para llevar a cabo esta operación, se presume que contaban con la colaboración de varios policías y funcionarios de distintos puertos.
Como resultado de esta operación, se logró la captura y posterior judicialización de cinco presuntos integrantes de la red narcotraficante. Entre ellos se encuentran José Uriel Caizedo Terán, considerado el cabecilla de la organización y un policía en retiro; Ramón Eliecer Álape Gaitán, pensionado de la policía; Luis Alberto Molina Pombo, conocido como ‘Lucho’, quien es un policía activo; Jaider Manuel Álvarez Flórez, alias Chichi; y Karen Lorena Caizedo Terán, quien presuntamente administraba los recursos del narcotráfico y apoyaba el transporte de dinero ilícito.
La red narcotraficante en cuestión es señalada de ser responsable del envío de 300 kilos de cocaína que fueron interceptados en Algeciras, España, en octubre de 2021. Bajo la operación ‘Rabino’, se logró no solo la captura de 6 personas, sino también el decomiso de 3.450 euros y tres vehículos.
Esta operación es parte de la estrategia Argenta, impulsada por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. En el marco de esta estrategia, se ocuparon 5 inmuebles, 8 vehículos, 1 sociedad, 1 establecimiento de comercio y 1 fundación que habrían sido adquiridos y constituidos con dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. El valor preliminar de estos bienes supera los 3.246 millones de pesos.
Estos bienes han sido sometidos a medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Todos ellos serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el objetivo de asegurar su correcta gestión y evitar que vuelvan a ser utilizados en actividades ilícitas.