Ante un juez con función de control de garantías de Bogotá fueron presentados siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
De acuerdo con la Fiscalía, estas personas presuntamente estarían implicadas en irregularidades contractuales cometidas en la construcción de un tramo de 528 kilómetros entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), en la llamada Ruta del Sol II.
Los siete exfuncionarios imputados fueron identificados como Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración.
Así mismo, los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, estas personas habrían revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht.
“Material de prueba en poder de la Fiscalía evidencia que los ahora judicializados habrían vulnerado los principios de trasparencia, economía y responsabilidad, debido a que los otrosíes no contaban con estudios solidos técnicos de conveniencia, ni de planeación. Los procesados son señalados de incurrir en maniobras ilícitas para beneficiar económicamente al concesionario, mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin terminar el proyecto; ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades”, informó la Fiscalía.
El ente investigador también advirtió que el material probatorio da cuenta de que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.
La entidad también presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenia derecho y obtener mayor flujo de caja. Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos.
“Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados”, concluyó la Fiscalía.
Investigarán a estas tres empresas por presuntas irregularidades en contratos con la ANI
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su calidad de entidad encargada de preservar la libre competencia en el país, anunció la apertura de una investigación contra tres empresas, señaladas de estar involucradas en presuntas irregularidades en procesos de contratación llevados a cabo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas acciones legales han sido tomadas como parte de los esfuerzos para garantizar la transparencia y la equidad en las relaciones comerciales en el ámbito nacional.
En concreto, la Superindustria ha formulado un pliego de cargos contra Juan Diego Arenas de la Hoz, quien, se presume, es el controlante de Arenas De la Hoz Ingeniería S.A.S., Consultoría Bogotana S.A.S. y Consultores Dónovan S.A.S. Asimismo, Gerardo García Londoño, supuesto controlante de Gerencia Interventoría y Consultoría S.A.S. (GIC) y Empresa de Servicios de Consultoría S.A.S. (ESERCON), también está bajo la mirada de la entidad.
De acuerdo con los señalamientos de la SuperIndustria, estas empresas habrían presentado propuestas a través de cuatro consorcios en el marco del Concurso de Méritos organizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el cual tenía como finalidad adjudicar la interventoría integral del contrato de la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, un proyecto valioso con un valor de $ 5.730.517.858 (cinco mil setecientos treinta millones quinientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte).
El objetivo de la investigación es esclarecer si las empresas involucradas habrían simulado ser competidoras independientes, cuando en realidad habrían colaborado de manera coordinada para aumentar sus posibilidades de ser adjudicatarias en beneficio de sus respectivos controlantes.
“Estos trabajos fueron adelantados por el Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, fue determinar si las empresas habrían aparentado ser competidoras, aunque en realidad habrían actuado de manera coordinada para aumentar las probabilidades de resultar adjudicatarias en favor de su respectivo controlante. Estos comportamientos afectarían la dinámica de competencia en el proceso de contratación adelantado por la ANI, perjudicando los objetivos fundamentales de la contratación estatal, lo cual repercute en el interés general de la población”, dijo la SuperIndustria por medio de un comunicado.