Continúan las imputaciones de Fiscalía General de la Nación en medio del caso Odebrecht. Esta vez, imputó cargos a tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por su presunta participación en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Los acusados, incluyendo al exvicepresidente de Gestión Contractual y al exgerente de Proyectos, son sospechosos de tramitar y aprobar irregularmente modificaciones en el contrato de concesión Ruta del Sol II, beneficiando al contratista Odebrecht y perjudicando las condiciones técnicas y financieras del proyecto.
Los imputados son Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual; José Andrés Torres Rodríguez, exgerente de Proyectos, y Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico de la ANI.
De acuerdo con las investigaciones y los elementos de prueba recopilados, estos exdirectivos habrían facilitado y aprobado de manera irregular las modificaciones realizadas a los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del Contrato de Concesión 001 de 2010, conocido como Ruta del Sol II. Estas modificaciones habrían beneficiado al consorcio concesionario, del cual formaba parte la empresa Odebrecht, en detrimento de las condiciones originales del contrato.
La evidencia presentada ante la Fiscalía sugiere que, durante el ejercicio de sus funciones, los imputados habrían “formulado, avalado y firmado” estudios de conveniencia, actas de comité de contratación y otros documentos que permitieron la viabilidad de las adiciones al proyecto vial. Estas adiciones, según el ente acusador, implicaron ajustes tanto técnicos como financieros del contrato, sin que existieran “estudios serios y completos” para respaldarlas.
Los peritos especializados de la Fiscalía constataron que una de las adiciones aprobadas incluyó la disminución de la huella asfáltica, lo que afectó la calidad de la obra y redujo los costos de construcción en beneficio del contratista.
Además, se autorizaron pagos por trayectos que no se habían completado, se realizaron giros anticipados, se ampliaron los plazos de ejecución y se ajustaron los cronogramas de obra.
El informe de la Fiscalía también indica que se omitieron sanciones por retrasos en la obra y por la falta de licencias ambientales. Adicionalmente, se agregaron elementos al proyecto, como la construcción de la intersección de Puerto Boyacá, que no guardaban relación con el contrato original. También se comprometieron recursos y vigencias futuras sin la debida autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
Estas acusaciones ponen de manifiesto la gravedad de las irregularidades en la gestión del contrato de Ruta del Sol II y la responsabilidad que se busca atribuir a los exdirectivos de la ANI en el desarrollo de estas acciones. El proceso legal continuará su curso para determinar las responsabilidades individuales y las consecuencias legales correspondientes.
Exfuncionarios de la ANI imputados por favorecer al concesionario Ruta del Sol II
El pasado 19 de septiembre, un fiscal en Bogotá presentó ante un juez de control de garantías a 11 exfuncionarios de la ANI. Estos exfuncionarios están siendo investigados por su presunta participación en maniobras ilegales destinadas a favorecer al concesionario Ruta del Sol II en relación con el Contrato de Concesión 01 de 2010, que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.
Según la investigación en curso, los procesados, mientras ocupaban cargos en la ANI, habrían desempeñado un papel en la planificación, elaboración, firma y gestión de estudios de conveniencia, actas de comité y tramitación de otrosíes 8 y 10 del mencionado contrato de concesión.
El otrosí 8, firmado el 23 de diciembre de 2014, habría permitido el desembolso de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. Esta obra no estaba originalmente incluida en el contrato original y habría resultado en un aumento del presupuesto que benefició al concesionario.
Por otro lado, el otrosí 10, suscrito el 3 de noviembre de 2016, habría eliminado la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar y Caño Alegre, además de no permitir la rehabilitación de la vía existente y otras obras complementarias. Esto habría obligado a un descuento al concesionario por un total de 65.395 millones de pesos, pero sorprendentemente, solo se dedujeron 19.976 millones de pesos, lo que generó una significativa afectación al erario público.
Los 11 exfuncionarios de la ANI implicados en este caso son:
- Édgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2.
- Juan Carlos Hernández Cerón.
- Luis Fernando Castaño Suárez, Gestor.
- Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - Gestión Contractual.
- Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.
- Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.
- Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.
- Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.
- Fernando Ireguí Mejía, vicepresidente jurídico.
- María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.
- Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.
Los cargos presentados contra los investigados corresponden al delito de interés indebido en la celebración de contratos, aunque hasta el momento, ninguno de los implicados ha aceptado los cargos.